Doe Run en el debate parlamentario

Asegurar la inversión ambiental

Doe Run en el debate parlamentario

Por Jorge Manco Zaconetti (Investigador UNMSM y Consultor)

En la sesión del 31 de marzo pasado de la Comisión de Energía y Minas del Congreso de la República existía una gran expectativa de los congresistas por escuchar a las más altas autoridades del sector de Energía y Minas, como el viceministro de minería, al presidente de Cofide y al presidente del Directorio de Doe Run, sobre lo que está pasando en el principal complejo minero metalúrgico del país, La Oroya, ubicado en el departamento de Junín, en la región central. Lamentablemente los invitados por diversas razones se excusaron, desairando al Congreso con argumentos cuestionables; desde mi punto de vista, esta ha sido una oportunidad perdida para tratar problemas de fondo, como el de recabar una mayor información para debatir con altura sobre un viejo problema ambiental heredado tanto por las prácticas de la Cerro de Pasco Corporation como por la estatal Centromín.

Hubiese sido interesante saber el nivel de deudas de la empresa con sus abastecedores de concentrados como Glencore, que acaba de cerrar las operaciones de su unidad Iscaycruz, de Volcan, Milpo, Atacocha, es decir de todas aquellas empresas que le venden concentrados de zinc, plomo, y cobre. Es más, extraoficialmente se señala que el principal acreedor sería la propia matriz Renco Group de Estados Unidos de Norteamérica, a través de Doe Run Resource Corporation Sec. No debemos olvidar que estamos ante una empresa de “malas prácticas empresariales”.

En el debate, el grupo fujimorista fue el más agresivo. Ante la posibilidad de un rescate financiero, se argumentó que no se debiera arriesgar dineros públicos, destacando que frente a las altas utilidades obtenidas en los años del boom minero, debieron reinvertir, cumplir con las obligaciones ambientales, y que no existiría justificación alguna para comprometer dineros públicos en asuntos de orden privado. Si la empresa no ha sabido administrar sus recursos debiera asumir las consecuencias.

De otro lado, el grupo de UPP con la intervención del PNP, demandaban una solución más drástica, en el sentido que los acreedores debieran presentar ante el Indecopi la declaración de insolvencia de Doe Run por los adeudos e incluso la capitalización de las deudas, lo que daría lugar a un cambio del accionariado y asiento en el directorio. Es más, la congresista del Partido Nacionalista exigió la nacionalización de la empresa por sus reiterados incumplimientos en las inversiones ambientales, volviéndose a la administración estatista de los años setenta.

No deja de ser curioso el comportamiento del grupo fujimorista que en la década pasada avaló por razones de Estado el “rescate financiero” por más de 1,200 millones de dólares de la cartera “superpesada” de los bancos Wiese y Latino, que ante la debilidad del organismo regulador, la Superintendencia de Banca y Seguros, resultaban “imposibles” de cobrar, a pesar que gran parte de los préstamos se habían realizado ante empresas satélites, empresas vinculadas a los principales accionistas. Al margen que fue durante el gobierno del presidente Fujimori donde se privatizó por partes, las distintas unidades mineras que formaban una unidad técnico material con el complejo minero-metalúrgico, es decir, con la fundición y refino. Ello significa que desde 1998 el complejo de La Oroya tiene que comprar a precios de mercados los concentrados producidos por terceros.

En el presente, la realidad impone una inteligente y creativa intervención del Estado ante la importancia del principal minero complejo minero metalúrgico del Perú. En principio, debemos aclarar a muchos analistas y parlamentarios  que Doe Run Perú SRL no es propiamente una empresa minera. La única unidad minera de explotación que tiene es Cobriza (Huancavelica), que abastece el 25% de los requerimientos de concentrados de cobre y que representa menos  del 5% de los ingresos totales de Doe Run, ingresos que en el 2008 sumaron los 1,384 millones de dólares, un 6% menores a los alcanzados en el 2007, y superiores a los 1,181 millones de dólares alcanzados en el 2006.

No debiera existir duda alguna sobre el interés nacional, regional y local para resolver de una vez la contaminación histórica de La Oroya, calificada entre las  diez ciudades más contaminadas del mundo. Así, por una renegociación de las obligaciones ambientales de Doe Run con el Estado, entre mayo y junio del 2006 que extendió el plazo para el cumplimiento de las obligaciones del PAMA, Programa de Adecuación y Manejo Ambiental, hasta octubre del 2009, que principalmente estaban centradas en la captación del dióxido de azufre que constituye el insumo principal para la obtención del ácido sulfúrico, en la reducción de las emanaciones de plomo, arsénico etc.

En tal sentido, sea cual fuere la alternativa de solución frente a los problemas de Doe Run- La Oroya, rescate financiero, respaldo como garante frente a los bancos consorciados, capitalización de la deuda de parte de los acreedores, el gobierno actual en representación del Estado, tiene la obligación de asegurar el más estricto cumplimiento de la inversión ambiental, donde Doe Run según Osinergmin habría invertido más de 219 millones al cierre del 2008, y estarían restando menos de 75 millones de dólares para terminar con la construcción de la planta de ácido sulfúrico de la unidad de cobre.

Osinergmin, organismo regulador responsable desde el 2007 de la fiscalización minera, ha señalado en un documento oficial “PAMA DEL COMPLEJO METALURGICO LA OROYA-DOE RUN PERÚ” avances a 2 de marzo del 2009 donde se expone que “A diciembre 2008 las inversiones realizadas fueron de US $ 219.5 millones. Mientras que la inversión del período enero-diciembre 2008 fue de US$ 143.2 millones. Estos valores están siendo ajustados, debido a que incluyen rubros que no están directamente relacionados con el PAMA prorrogado, de acuerdo a información de DRP y al presupuesto de inversiones 2009 aprobado por el Ministerio de Energía y Minas”

Esta declaración del organismo regulador es importante pues está reconociendo que en el período enero/diciembre del 2008 la empresa habría invertido 143.5 millones de dólares  y los restantes 76.3 millones entre el 2006 y 2007. En tal sentido, la empresa habría cumplido con sus compromisos ambientales, entre otras razones gracias al fideicomiso firmado con el Estado, con el ministerio de Energía y Minas, a la mayor fiscalización de Osinergmin, y que serían los problemas derivados de la crisis mundial los que estarían afectando los niveles de inversión para dar cumplimiento de las inversiones ambientales, y para reconstruir el capital de trabajo.

DOE RUN: UNA MAYOR TRANSPARENCIA

Uno de los problemas centrales de DOE RUN PERÚ SRL es la pobre información sobre sus estados financieros y la memoria empresarial. Es una empresa que no cotiza ni en la Bolsa de Valores de Lima, ni de New York. En tal sentido, es una empresa cerrada, de allí la fuerte duda que generan las declaraciones de sus directivos, a ello se agrega los pésimos antecedentes empresariales del único accionista, ciudadano norteamericano de origen judío Ira Rennert, experto en la quiebra de empresas, cuestionado por problemas ambientales en los Estados Unidos.

Lo cierto y evidente es que con la información disponible, reconstruida utilizando varias fuentes, estamos ante una empresa que ha tenido una débil propensión a la inversión. Así, en el período 1997 al 2008 habría invertido 587.8 millones de dólares, de los cuales si se deducen los 123.1 millones de dólares que formaron parte del contrato de transferencia por privatización, aporte dinerario que permitía aumentar el capital social de empresa, es decir, el nuevo propietario capitalizaba la nueva empresa con 126.4 millones de dólares y se comprometía a la inversión de 120 millones de dólares en cinco años contabilizados a la firma del contrato de transferencia.

Sobre la inversión de 120 millones de dólares en cinco años (1998-2002) con la información oficial disponible se ha cumplido con los compromisos de inversión en relación al contrato firmado con la CEPRI de Centromín, Es decir, el cumplimiento de la inversión ha sido posible a pesar que la empresa declaraba pérdidas netas entre los años 1999 al 2002 como se puede observar en el cuadro respectivo. Solamente declaró utilidades netas en el 1998 llegando a los 32 millones de dólares.

Por tanto, dejando de lado la inversión de capitalización de 1997 por un valor de 120 millones, restaría como inversión total 464.7 millones de dólares (587.8 menos 464.7 millones), de los cuales entre once años, estarían haciendo un promedio de 47 millones de dólares por año, valores que no resultan significativos para un complejo minero metalúrgico como el de La Oroya, que requería de compromisos mayores de inversiones.

Frente al total de inversiones recalculadas 464.7 millones de dólares en once años, Doe Run habría realizado inversiones ambientales para cumplir con el PAMA, Programa de Adecuación y Manejo Ambiental, por un valor de 296.7 millones de dólares, montos que están por encima de los compromisos iniciales propios del proceso de  privatización que fueron menores a los 187 millones de dólares.