La Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT) logró, como resultado de una serie de acciones preventivas antes que sancionadoras, que el 70% de las personas y contribuyentes a los que se les detectó alguna omisión, modifiquen su comportamiento y regularicen voluntariamente su situación tributaria.
Entre estas omisiones figura la realización de operaciones de venta sin inscripción al RUC, no entregar comprobantes de pago, declarar montos menores a los realmente efectuados, entre otras.
A través de más de 153 mil acciones de gestión preventiva, principalmente el envío de 110 mil alertas masivas (mensajes de texto, correos, comunicación al buzón electrónico, llamadas robóticas), se ha logrado informar oportunamente al contribuyente de la obligación que está incumpliendo o realizando de forma incorrecta.
La finalidad de estas comunicaciones es preventiva, que corrija la omisión detectada y evite un control posterior de mayor rigurosidad y, de ser el caso, una eventual sanción administrativa.
Una de las fuentes más importantes para verificar el cumplimiento de las obligaciones de los contribuyentes es el análisis masivo de los Comprobantes de Pago Electrónico (CPE), teniendo en cuenta que más del 90% de las transacciones económicas del país se realizan con factura y boletas electrónicas. A esto se suma el modelo de segmentación y riesgo del contribuyente.
Este es uno de los resultados del Plan de Fiscalización que se viene ejecutando el presente año, cuya estrategia es combatir la evasión y elusión incentivando el cambio del comportamiento voluntario del contribuyente hacia el cumplimiento de sus obligaciones, a través de la gestión de riesgos para el cierre de brechas tributarias y la transformación digital de los procesos.
Planes de Fiscalización
El Plan de cierre de brechas (inscripción, declaración, pago y documentación) busca aplicar tratamientos diferenciados frente a comportamientos distintos. Es decir, segmentar los contribuyentes en función a los riesgos y darles tratamientos distintos como orientación, facilitación del cumplimiento o la gestión de su obligación con las herramientas de cobranza con los que cuenta la SUNAT.
Los otros dos pilares del Plan de Fiscalización son el de Acción Masiva y Acción Selectiva. En el primero, se gestiona programas de fiscalización de corte masivo, cuya característica es el manejo de un gran volumen de información, a través de cruces de la misma declaración jurada del contribuyente y confrontada con datos de terceros. Como resultado se obtienen inconsistencias tributarias de poca complejidad dirigidas a gran número de contribuyentes.
En cuanto al Plan de Acción Selectivo, se priorizan acciones de fiscalización dirigidas a contribuyentes de los segmentos Mega, Top y Grandes y del Directorio PRICO que presenten mayor riesgo de incumplimiento tributario, a través de fiscalizaciones de corte intensivo.
En tanto, la transformación digital de los procesos busca facilitar la forma en la que el contribuyente se relaciona con la administración tributaria e incrementar la eficiencia de los procedimientos y lograr que sea de fácil cumplimiento la obligación del contribuyente. En esa línea, la SUNAT está trabajando para digitalizar todo el proceso de fiscalización.
Reinicio de fiscalizaciones
A raíz de la emergencia sanitaria nacional por la pandemia de la COVID- 19, la SUNAT aprobó una serie de medidas siendo una de ellas la suspensión de alrededor de 82 mil acciones de fiscalización las cuales se han reiniciado paulatinamente en función a segmentos y criterios de fiscalización. Así, las primeras auditorías han estado vinculadas a Principales Contribuyentes y a aquellos con mayor riesgo tributario.
En resumen, al 30 de setiembre se han concluido 262 mil acciones de fiscalización principalmente acciones inductivas y el envío de cartas y esquelas.
Para los procesos de fiscalización y cobranza, la SUNAT aplica diversos criterios de análisis y evalúa la situación del contribuyente en la actual coyuntura. Es decir, verifica si sus ingresos se han mantenido o reducido con relación al año pasado y en aquellos casos particulares donde la pérdida de ingresos ha sido muy alta, se han suspendido tanto los procesos de fiscalización como de cobranza.
