El efecto Doe Run La Oroya. Una mala privatización

Por Jorge Manco Zaconetti (Investigador UNMSM y Consultor)

Nuevamente la empresa norteamericana Doe Run Perú jaquea al gobierno, no solamente en la mesa de diálogo que convoca a las autoridades del Ministerio de Energía y Minas, y los dirigentes de los trabajadores, con inauditas pretensiones tributarias, condonaciones de multas, revisiones en el contrato de privatización, que apuntan a nuevas postergaciones de lo que parece ser la “crónica de una muerte anunciada”: el cierre definitivo del más importante complejo minero metalúrgico que tiene el país.

En La Oroya se refinaban los concentrados de cobre, zinc, plomo, plata obteniéndose más de 19 subproductos entre los cuales destacaban el bismuto, indio, telurio, antimonio, cadmio, selenio, ácido sulfúrico, concentrados de zinc-plata, sulfato de zinc, sulfato de cobre, trióxido de arsénico y otros, de uso industrial.

El complejo metalúrgico de La Oroya sin unidades mineras propias con excepción de Cobriza, compra o realiza la maquila a empresas mineras privadas realizando un valor agregado primario como es el refino, fundición o laminados, obteniendo metales finos de: cobre, plata, zinc, plomo y oro, además de la variedad de sub productos mencionados. En tal sentido, estamos pagando los costos de una interesada privatización fragmentada de la minera estatal Centromín, donde se transfirieron a precios subvaluados, en la década de los noventa, minas en operación, yacimientos, concesiones arrendadas, plantas eléctricas, ferrocarriles, etc.

Ahora, los problemas que estamos experimentando en la ciudad de La Oroya con una población enardecida que defiende el empleo y el poder de compra de los trabajadores, ante una paralización del complejo que tiene ya más de un año, donde los funcionarios, empleados y obreros están percibiendo el 70% de sus remuneraciones que se financian con los excedentes obtenidos de la unidad minera de Cobriza (Churcampa-Huancavelica) que mantiene sus operaciones, a pesar del cierre del complejo, con los ingresos por la producción de concentrados de cobre que superaban los 70 millones de dólares en el 2009.

Esta es una preocupación vital ante la posibilidad de un cierre definitivo de las operaciones del complejo que lanzaría al desempleo o subempleo a más de 4,644 trabajadores directos que tiene Doe Run Perú, en esta cifras debemos restar aproximadamente los 800 trabajadores que tiene la mina de Cobriza, por lo que de La Oroya propiamente serían aproximadamente 3,844.

Si se tiene presente que más de un tercio de los trabajadores está sobre los 50 años de edad, en edad de la jubilación o muy cerca de la misma, con más de 25 años de servicios, pues el grueso de trabajadores proviene de la estatal Centromín, resulta evidente la preocupación de las familias sobre la incertidumbre del futuro laboral. A ello debiera agregarse el alto nivel de endeudamiento de los trabajadores con una serie de cooperativas promovidas por la empresa. Por tanto, se puede entender el grado de desesperación de los trabajadores y sus familias.

Adicional a todo esto es la disminuida actividad comercial de la población oroyina desde los mercados, tiendas, comercios, grifos, hoteles, hostales, comercio ambulatorio en más de 1,300 establecimientos con un valor de ventas promedio de 50 millones de dólares en el año. En su conjunto la población superior a los 60 mil habitantes depende de la capacidad de gasto de los trabajadores de Doe Run, de allí la masiva participación de la población en las diversas protestas llevadas a cabo en los últimos tiempos.

Sin embargo, por más legítima que sea la preocupación de los trabajadores, familiares, y población por el futuro laboral por el pronto reinicio de las operaciones del complejo, resulta inaceptable la toma de carreteras, las diversas formas de bloqueos de la carretera central, el uso de la violencia como medio de presión que trae consigo víctimas inocentes más costos económicos y sociales, mientras los responsables directos como el único accionista de la matriz de Doe Run, el multimillonario Ira Rennert desde New York mueve sus fichas digitando respetables estudios de abogados para una intervención estatal del complejo metalúrgico.

¿QUÉ ESTÁ EN JUEGO?

La importancia socio/económica de Doe Run Perú se expresa en el cuadro respectivo, donde para el 2008 al margen del empleo directo de más de 3,800 trabajadores en La Oroya se tenía más de 1,059 trabajadores bajo la modalidad de tercerización, con un costo de la planilla de casi 100 millones de dólares (98 MMUS$) que se gastan preferentemente en la región central La Oroya, Yauli, Tarma, Jauja, Concepción, Huancayo y Lima.

Los responsables de la privatización fragmentada de lo que fue la estatal Centromín (CEPRI), en especial la consultora Macroconsult que realizó el estudio justificando la transferencia por partes, debieran responder ahora qué hacer respecto al futuro del complejo minero metalúrgico que sin unidades mineras propias, tiene que comprar a precios de mercado el mineral que antes producía en sus propias unidades mineras como Andaychagua, San Cristóbal, Cerro de Pasco, Casapalca, Morococha, etc.

Así, en el 2008 último año de operaciones del complejo La Oroya se compraban concentrados zinc, plomo, cobre por un valor de 1,189 millones de dólares a las mineras de la región central. Precisamente a las empresas proveedoras como Mra. Buenaventura, Mra. Volcan, Glencore, Milpo etc. les debe parte del mineral procesado por más de 120 millones de dólares. En tal sentido, este problema entre privados debe tener una solución de mercado, donde el Estado debiera ser un facilitador disponiendo sus buenos oficios para una posible salida concertada, que signifique la presencia de un socio estratégico que capitalice la empresa, y permita enfrentar mediante controladores privados el cumplimiento de los cronogramas de inversión ambiental, estableciendo puentes entre los acreedores que son básicamente productores al margen de las deudas que tiene con el Estado y sus trabajadores. Esto sería lo deseable.

Se debe recordar que durante los primeros años de la primera década del presente siglo la Mra. Volcan también tenía graves problemas financieros por los deprimidos precios del zinc que constituyen el 80% de sus ingresos y fue la transnacional suiza Glencore la que realizó un aporte de capital como préstamo, y para preservar sus intereses comerciales dispuso por acuerdo de partes un estricto control con funcionarios de su confianza en las finanzas y de la producción. Evidentemente con el auge de los precios de los minerales, Volcan no solamente pudo cumplir con sus adeudos financieros con los bancos sindicados europeos sino también devolver con intereses lo prestado por Glencore. La moraleja es que “lobo no come lobo” y entre los mineros se conocen.

En este negocio minero se juegan millones y la estrategia de Ira Rennert es sacar nuevas cartas sobre la mesa, provocando la intervención estatal mediante una escalada de conflictos utilizando como “carne de cañón” la desesperación de los trabajadores y sus familias cuyo futuro incierto, y los menores ingresos reproducen tragedias familiares, pues se debe tener presente que sin horas extras ni jornadas extraordinarias las remuneraciones disminuyen fuertemente.

LAS DEUDAS DE DOE RUN

Por ello, en toda negociación estratégica se debe tener presente el objetivo final de cada una de las partes interesadas, Doe Run Perú y su matriz Doe Run Resources, de los proveedores de mineral, es decir las empresas mineras, de los bancos, del Estado y sus organismos como Osinergmin y Sunat, de los trabajadores y de la población de La Oroya.

En este juego de intereses cruzados la parte débil está conformada por los trabajadores sobre todo de aquellos que en la edad de la jubilación no tendrían alternativas de empleo y la preocupación debiera estar centrada en la seguridad de las pensiones y en un incentivo voluntario que supere las 12 remuneraciones de ley. En el previsto caso de cierre por insolvencia la primacía de los intereses laborales debiera ejecutarse favoreciendo a los trabajadores. Si un tercio de la población está en la edad de la jubilación se debe negociar el retiro con incentivos, los otros dos tercios debieran ubicarse en los nuevos proyectos mineros como Toromocho, donde el Estado podría interceder para la ubicación de parte de ellos.

Se debe tener claridad sobre el objetivo estratégico de Doe Run a pesar de los múltiples comunicados publicados. El complejo minero metalúrgico sin minas propias y con estrictas condiciones ambientales para disminuir el dióxido de azufre que suponen inversiones superiores a los 100 millones de dólares, más la deprimida economía norteamericana que representaba un 30% del mercado, no resultaría tan rentable para Ira Rennert como negocio. De allí, que se pretendería presionar hacia una nacionalización o estatización por una sesgada interpretación del interés social y necesidad pública, lo cual sería un grave error histórico.

Son tantas las deudas y los pasivos que tiene Doe Run Perú donde más de 155 millones de dólares son obligaciones con su matriz Doe Run Resources, a esto debieran agregarse las deudas por más de 270 millones con la Sunat, por multas en razón de incumplimientos ambientales ante Osinergmin 40 millones de dólares, con sus proveedores mineros a los cuales les debe 120 millones de dólares, a ello debiera sumarse la propia inversión ambiental para el levantamiento de la Planta de Ácido Sulfúrico por más de 100 millones en cumplimiento del PAMA.

A todo esto debiera sumarse demandas por más de 500 millones de dólares por posibles indemnizaciones en EE.UU. por daños a la salud de la población y de los trabajadores de La Oroya. Más un valioso seguro que se ejecutaría ante una intervención directa del Estado, como fue el caso de la estatización de la petrolera Belco y la aseguradora AIG en el primer gobierno del Dr. Alan García, donde se pagaron posteriormente más de 250 millones de dólares por plataformas que no valían ni 90 millones en 1992.

En este contexto resulta muy difícil que Doe Run Perú encuentre un socio estratégico que incorpore una fuerte dotación de capital como fue en el pasado el caso de la Mra. Volcan. Nadie se asocia con una empresa de pésimos antecedentes, débil transparencia de la información económica, y malas prácticas. Si a ello se suma la deprimida economía norteamericana que era su principal mercado, se llegará sin resultados a la fecha límite del 24 de julio establecida por el Ministerio de Energía y Minas para la presentación del socio estratégico y del plan para el reinicio operativo.

El interés estratégico de las empresas mineras acreedoras al margen de la cobranza de sus adeudos es la paciencia; frente a un futuro cierre de las operaciones y la resolución de las cargas laborales, para su adquisición “libre de polvo y paja”. Súmese a ello una limpieza de los adeudos tributarios como se hizo en la privatización de los años noventa, donde el Estado asumía los pasivos tributarios, las deudas con la Sunat, con la seguridad social, para transferir a las empresas estatales libres de pasivos.
El Estado debiera reconocer que fue un error haber privatizado el complejo minero metalúrgico sin unidades mineras propias al margen de los incumplimientos ambientales que le correspondían a Centromín en La Oroya hasta antes de la transferencia del complejo al sector privado.

De allí que el Estado junto a la respetable preocupación ambiental debiera tener un rol tuitivo, protector con los trabajadores para amortiguar los efectos del subempleo y el paro forzoso obligando al cumplimiento de las obligaciones laborales ante el futuro cierre de las operaciones, teniendo como garantía los excedentes de la unidad de Cobriza que genera ingresos superiores a los 70 millones de dólares anuales.

Una intervención directa del Estado justificada por una errada interpretación “del interés social y necesidad pública” obligaría al fisco asumir un millonario seguro que Ira Rennert tiene previsto, al margen que se tendría que asumir una serie de deudas y pasivos donde el “remedio sería peor que la enfermedad”. En tal sentido, se debiera tener un plan preventivo ante el cierre legal por insolvencia regulado por Indecopi del que fue el más importante complejo minero metalúrgico del Perú.

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