El problema no es Gloria
La compra, por el grupo Gloria, de más de 15 mil hectáreas de tierras de la irrigación de Olmos —con lo cual controla 80 mil hectáreas— ha suscitado reacciones críticas frente a hechos consumados que, en algunos casos, tienen el tufillo del oportunismo.
Esta última semana, la carátula de un conocido semanario se refiere a Vito Rodríguez Banda —del grupo Gloria— como neolatifundista. El expresidente Toledo, por su lado, arremete airado contra el proceso de concentración de tierras. El congresista del PPC, Juan Carlos Eguren, presenta una moción que es aprobada por la Comisión Agraria del Congreso, para que pequeños y medianos inversionistas tengan acceso a las nuevas tierras irrigadas. El malo de la película es el grupo Gloria.
Pero ¿lo es realmente? El grupo Gloria está aprovechando la normativa vigente y el sesgo pro neolatifundista de los últimos gobiernos: de Fujimori, de Toledo y de García. Son esos gobiernos —y los parlamentarios que aprobaron las leyes que favorecen la concentración de la propiedad— los que crearon y continuaron con las políticas que promueven el neolatifundismo. Son esos gobiernos los responsables de los centenares de millones de subsidios a las corporaciones neolatifundistas, las cuales pagan la mitad del impuesto a la renta, tienen una legislación laboral que recorta los derechos de los trabajadores, y compran tierras por debajo del costo de la inversión pública que permite que sean irrigadas.
¿Es Gloria la única corporación que ha aprovechado estas condiciones favorables? Claro que no. Hay muchos otros neolatifundistas, casi todos en la costa.
Según la Oficina de Estadística del Ministerio de Agricultura, entre 1996 y 2011 se subastaron, en irrigaciones, 160,946 hectáreas. Camposol, por ejemplo, tiene más de 25 mil hectáreas; el grupo Romero, más de 7 mil hectáreas en costa y más de 22 mil en selva alta. Grandes grupos económicos —entre ellos, Wong, Manuelita (Colombia), Oviedo, Huancaruna y Gloria— controlan 111,487 hectáreas de tierras que eran de las cooperativas azucareras. En resumen, según la misma fuente, 46 empresas de más de mil hectáreas controlan 270,087 hectáreas (5,871 hectáreas, en promedio, cada una): casi un tercio de las tierras de cultivo de la costa.
En el futuro se incorporarán, gracias a nuevas irrigaciones, 207 mil hectáreas más, las que irán a parar a manos de las mismas u otras corporaciones (si el gobierno no cambia su política).
¿A quién corresponde la responsabilidad de detener este proceso de concentración? A quienes toman decisiones políticas: el Ejecutivo y el Congreso.
Hay dos proyectos presentados al Congreso: uno pone un límite máximo de 25 mil hectáreas; el otro, de 10 mil hectáreas. De ser aprobado cualquiera de ellos, se convalidaría el neolatifundio.
Si la discusión se sigue centrando en el grupo Gloria, el riesgo es que se pueda aprobar una ley que deje intocadas a las demás corporaciones neolatifundistas y continúe fomentándose la concentración por debajo de esos límites1.
Por el lado del Ejecutivo no hay ninguna iniciativa, a pesar de que se afirma que el presidente Humala estaría en contra de los neolatifundios. Pero del dicho al hecho hay mucho trecho.
Nota
1 En números anteriores de La Revista Agraria (accesibles en la página web del Cepes)
se da bastante más información sobre el tema.
Editorial La Revista Agraria, Marzo 2012
