Jorge Manco Zaconetti
Siempre he sostenido que la actividad minera es la más importante de la economía peruana, y su participación porcentual en el valor de la producción interna a precios de mercado (PBI) supera de lejos el 15 % si se agrega la transformación industrial ligada a la minería (fundición, refino y transformación metal-mecánica entre otros). Más del 60 % de los ingresos de exportación están explicados por las exportaciones mineras, en especial de cobre y oro que hacen el grueso de las exportaciones. Adicionalmente, convoca los mayores compromisos de inversión privada, que deben ser destrabados en relación a los conflictos sociales.
En especial interesa la producción y exportación aurífera por la problemática de la llamada minería “informal e ilegal”, que explica más de un tercio de las exportaciones del metal amarillo, donde lo menos que puede haber es un debate nacional, donde la academia, las empresas, el propio Estado (central y regional) y los propios trabajadores organizados deben participar.
Formalizar de verdad, significa reconocer que más del 90 por ciento de la producción denominada “informal e ilegal” explota concesiones de terceros. Los trabajadores mineros organizados han demostrado una fuerza política, que ha logrado una ampliación más del denominado REINFO (Registro Integral de Formalización Minera) por parte del Congreso de la República por un período de seis meses, ampliables por seis meses más mediante un decreto del ejecutivo. En verdad, esta sería la cuarta ampliación, que no resuelve el problema de fondo, frente a un contexto de “crisis e inestabilidad política”, que debilita la solidez macroeconómica que llama la atención internacional.
El sector minero es uno de los pocos sectores que atrae el interés de las grandes empresas transnacionales mineras, capital nacional y pequeños mineros a pesar de la inestabilidad y crisis política, en razón de las altas tasas de rentabilidad. Expresión de ello, es el comportamiento de los ingresos de exportación aurífera en el período enero/ setiembre del 2024 en relación a un período similar de 2023.
A diferencia de la producción y exportación cuprífera donde la participación de las empresas transnacionales es predominante, en el caso del oro participan empresas transnacionales, capitales de empresas nacionales, la llamada pequeña minería, la minería artesanal y la minería “informal e ilegal”, que sería la expresión peruana del “capitalismo salvaje” para unos o la manifestación de un “capitalismo popular” que involucra por lo menos a 500 mil trabajadores.
Por ello, el Estado y los gobiernos que lo representan no pueden ponerse de costado, y se debe enfrentar este problema económico, social y político con realismo. Con precios internacionales del oro que superan los US $ 2,600 dólares la onza en los últimos meses que deben incrementarse por la inestabilidad internacional, y con bajos costos de producción interno se podría decir que con costos de U$ $ de 800 dólares la onza, el negocio es sumamente rentable, por ello desde Cajamarca, Amazonas hasta Puno y Madre de Dios se explota oro con un grave deterioro ambiental que no está siendo valorizado por el Estado.
En el período enero/setiembre de 2023 frente a un período similar del 2024 los ingresos de exportación aurífera pasaron de los US $ 7,854 millones de dólares a ser más de US $ 10,888 millones de dólares. Es decir, al mes de setiembre de 2024 los ingresos de exportación aurífera casi son equivalentes a los del año 2023 que sumaron los US $ US $ 10,893 millones.
Ello significaría que a fines de 2024, con las tendencias alcistas del precio internacional del oro (19 %) en el período mencionado, en razón de una serie de factores, más el incremento de la producción exportada estimada en onzas (16%), según el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), los ingresos de exportación aurífera deben superar los US $ 15,000 millones de dólares, todo un récord en el país, que tiene su “cuota de sangre, evasión tributaria y grave contaminación” por el uso indiscriminado del mercurio sobre todo en la minería “informal e ilegal”.
En 2023 los ingresos de exportación por el oro registrado por el BCRP fueron de US $ 10,893 millones con una producción de 5.6 millones de onzas. A setiembre de 2024 los ingresos de exportación sumaron, repito los US $ 10,888 millones con una producción registrada de 4.7 millones de onzas. Con estos niveles oficiales y formales de producción exportada el Perú ocupa el 9.º puesto a nivel mundial, lo cual es una subestimación ante el grave contrabando con todo lo que ello significa.
En verdad, si se contabilizara la producción aurífera que fuga de contrabando a Bolivia en volúmenes no menores a 1.5 millones de onza, y la que se transporta al Ecuador, la producción real de oro en nuestro país debe bordear los ocho millones de onzas por año, lo cual nos expone la gravedad del problema económico, social, ambiental, y cultural, que va más allá de ser un asunto de “informalidad e ilegalidad”, que en una coyuntura electoral con vacancia presidencial incluida, nos puede llevar al caos e inviabilidad del Estado republicano, ya de por si debilitado por la dispersión política y la cantidad de candidatos presidenciales.
LIBRE MERCADO EN CUESTIÓN
Como hemos suscrito en varias oportunidades, en nuestro país las tendencias alcistas del precio internacional del oro ha generado una fiebre por su explotación, donde a las empresas mineras auríferas reconocidas desde 2004 a la fecha se extiende una producción “informal e ilegal” que está siendo satanizada por la gran prensa concentrada, las organizaciones gremiales empresariales del gran capital, perdiendo de vista que esta minería “informal e ilegal” es una derivada, una consecuencia del modelo económico liberal sacralizado por la Constitución de 1993 producto del golpe de estado del 5 de abril.
Al fomentar la libre iniciativa privada, al liquidar la banca de fomento, al otorgar beneficios tributarios a la minería formal, al privatizar las empresas mineras estatales, y reducir la intervención del Estado a lo normativo y regulatario, promoviendo la informalidad laboral donde más del 75 % de la Población Económicamente Activa (PEA) es informal, sin derechos laborales, la explotación minera “informal e ilegal” ocupando concesiones de terceros constituye un perverso atractivo ante la rentabilidad del negocio.
Esta realidad se agrava ante la inacción, incapacidad, altos costos de transacción (corrupción) en los gobiernos regionales que por normativa del Congreso de la República se les transfirió la promoción y supervisión de la pequeña minería y minería artesanal con las consecuencias que todos conocemos. Por ello, se debe fortalecer la autoridad del Estado central, del ejecutivo para sincerar la realidad de las concesiones mineras, donde en verdad, la posesión de las mismas han sido utilizadas en la forja de fortunas privadas gracias a la especulación.
Debemos recordar que hemos tenido ministros del sector de energía y minas con concesiones mineras, y muchos exgerentes legales de empresas privadas en el rol de las “puertas giratorias”, es decir altos servidores públicos que hacían de lobistas de intereses privados.
Es más, la ley de minería en cuanto a la temporalidad de las concesiones es sumamente permisiva pues con mínimas inversiones exploratorias una empresa minera puede retener por más de quince años renovables la titularidad sobre las concesiones mineras. Por ello, el “principio de la realidad” debe ser aplicado para resolver positivamente la ocupación y explotación en las concesiones de terceros. De lo contrario toda formalización que no reconozca el “principio de la realidad” será un saludo a la bandera.
En este contexto el Estado no puede ser un actor pasivo. Más que la fuerza policial o militar se deben utilizar mecanismos e incentivos de mercado para enfrentar la minería “informal e ilegal” que trae consigo evasión tributaria, contaminación ambiental, niveles de corrupción, trabajo infantil, prostitución, bandas criminales que nos recuerdan a las películas del oeste norteamericano del siglo XIX, donde se imponía la ley del más fuerte.
Con precios internacionales del oro en alza, la informalidad y subempleo galopante la explotación en la “minería informal e ilegal” será mayor con todas las consecuencias negativas que ello significa. Ello nos demuestra una vez la validez de teoría de la “maldición de los recursos naturales”, y la vigencia de las instituciones políticas y económicas extractivistas.
En lugar de ser una bendición para el país la dotación de los recursos naturales como el oro, la vigencia de instituciones de extractivistas persiguen y castigan la producción “informal e ilegal”, en lugar de formalizarla de verdad. Por ello las normas como el REINFO no dejan de ser paliativos y están condenadas al fracaso, para provecho de empresarios inescrupulosos que intermedian en el negocio con plantas de beneficio, la venta de explosivos, combustibles, mercurio, maquinaria y equipo entre otros insumos y bienes de capital.
Diario Uno, 07.12.2024
