Donde se concentra la inversión minera y la conflictividad social. La visión economicista de PPK de los conflictos sociales se perfila como una de las principales debilidades para resolverlos. La contracción de la inversión minera se verá compensada por el liderazgo en la producción de cobre. Además, la reducción de los aportes tributarios por las mineras marcará el nuevo escenario económico.
La reciente visita de PPK al Complejo Metalúrgico de La Oroya donde sólo ha mostrado su preocupación por la situación laboral de los trabajadores, y ha dejado de lado en su discurso la contaminación que afecta a esta ciudad, uno de los 10 lugares más contaminados del mundo, y a sus habitantes, tras 18 años de incumplimientos ambientales por parte de Doe Run, constituye uno de los primeros movimientos del recién electo presidente y un reflejo de su entendimiento sobre los conflictos sociales. “Es legítimo preocuparse por la situación de los más de 2000 trabajadores, pero que Pedro Pablo Kuczynski haya dejado de lado el tema ambiental resulta inquietante. En su plan de gobierno parten de la idea de que los conflictos sociales se pueden solucionar con una inyección económica (“adelanto social”); sin reconocer que los conflictos son multidimensionales que pueden tener también componente ambientales, sociales y culturales”, afirma José de Echave, economista de CooperAcción, en el 18º Informe del Observatorio de Conflictos Mineros presentado por CooperAcción, Fedepaz y Grufides.
El Gobierno de Humala cierra su legislatura y deja como legado a PPK más de 200 conflictos sociales sin resolver. Además, el Ejecutivo ha adoptado normativas conocidas como “paquetazos ambientales” que han debilitado la fiscalización ambiental, vulnerando los derechos de los pueblos indígenas y suponen una amenaza a la propiedad comunal. “El partido de PPK comparte el diagnostico de seguir desregulando en materia ambiental y social. El discurso de la tramitología está enraizado fuertemente en esta agrupación política. Continuar con esta política sería negativo y preocupante”, explica el especialista. Durante las elecciones presidenciales, ocho de las zonas que pueden considerarse mineras (Apurímac, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huancavelica, Puno, Moquegua y Tacna) apostaron – en primera vuelta- por fuerzas políticas de izquierda (Frente Amplio y Democracia Directa) las cuales defendían un cambio de reglas en el sector, lanzando un mensaje de rechazo a la política de explotación de recursos.
“El planteamiento de PPK parece no entender que en Perú existen distintos tipos de conflictos: de resistencia a la minería, como podría ser Tía María”, y de coexistencia- que representan la mayoría de los mismos- , es decir, de población que no se opone a la actividad sino que demandan acuerdos para asegurarse de que no van a verse afectados por impactos ambientales, van a tener beneficios económicos y que se respete su cultura; como sucede en el caso de Las Bambas”, precisa De Echave. No obstante, la propuesta de creación de un Sistema Nacional de Prevención y Solución Pacífica de Conflictos Sociales por parte de PPK considera el especialista que ayudaría a mejorar la prevención de los mismos.
El sur motor de la inversión minera
El informe OCM da cuenta de que en los últimos dos años se observa una tendencia a nivel nacional de reducción del área concesionada a la minería. El 14,9% del territorio peruano está concesionado a la minería (casi 19 millones de hectáreas). En 2014 el 20,42% del territorio nacional estaba concesionado; y en 2013 (junio) se registraba un 21% de concesiones (es decir, 26 millones de hectáreas).
El documento recorre la macro región norte, la zona central y la macro región sur (Apurímac, Arequipa, Moquegua, Ica, Puno, Tacna, Cusco) que se ha convertido en el principal destino de las inversiones mineras pero al mismo tiempo es la región donde se concentra el mayor número de conflictos sociales, especialmente en Apurímac (23 casos).En esta región destaca el proyecto Las Bambas-la mayor inversión minera en la historia del país que asciende a US$ 10,000 millones- donde se desarrolló un proceso de diálogo que avanza muy lentamente y sin concretar, manteniéndose en un estado de conflictividad latente.
El documento destaca la importancia del corredor minero (abarca las regiones de Cusco, Apurímac y Arequipa) une las operaciones de Las Bambas, Constancia y Antapaccay culminando en el puerto de Matarani (Arequipa ) por donde se exporta ya el 7,5% de la producción mundial de cobre y se ha convertido en el principal exportador de cobre de Sudamérica. Arequipa ha desplazado del primer lugar de la producción de cobre a Ancash en lo que va de año, y se proyecta como una región donde se puede desarrollar una suerte de cluster metalmecánico. Perú reporta uncrecimiento excepcional del PBI de la minería metálica por estos proyectos cupríferos, además de Toromocho, y la ampliación de Cerro Verde que representa el 24,33% de todo el cobre que se produce en Perú, superando a Antamina (Ancash); por ello se espera que estas operaciones dupliquen la producción de cobre al 2017, consolidando al Perú como segundo productor mundial.
La carretera que une el corredor minero, sin embargo, es motivo también de preocupación y malestar entre la población por los continuos accidentes de transporte de mineral y otras sustancias, y por el polvo que se genera. Por ello, reclaman obras de asfaltado para mitigar su impacto. En Cusco, Espinar es otro de los conflictos latentes con la minera Glencore-Xtrata. La población se sigue exigiendo que el Estado peruano asuma sus responsabilidades por los problemas de contaminación ambiental y los impactos generados en la salud de la población. Hasta el momento, el Estado no ha sido capaz de determinar si la fuente de la contaminación es la minera, mientras la empresa sostiene que su origen es natural. En Arequipa, el anuncio de la empresa Southern que sostuvo que solo estaban esperando la licencia de construcción para iniciar la ejecución del proyecto generó tensión y convocó un paro en mayo de 72 horas que fue ampliamente respaldado.
El informe OCM alerta también del peligro de la consolidación de la minería ilegal, siendo Madre de Dios yPuno son dos de los bastiones de esta actividad. Todo indica que su objetivo central será detener el proceso de interdicción y formalización, así como consolidar su presencia en influencia en ciertos territorios.
Menores aportes tributarios
La inversión minera se ha contraído por tercer año consecutivo, un fenómeno que no es exclusivo del Perú. La caída de los precios de los minerales ha provocado también que el valor de las exportaciones se haya reducido por quinto año consecutivo. Esta desaceleración también ha paralizado operaciones o suspendido proyectos por la menor inversión como Quellaveco, Los Chancas, Pampa de Pongo, La Granja y Michiquillay, entre otros. El aporte del sector minero ha ido disminuyendo durante los últimos nueve años. En el 2007, la participación de la minería en el Impuesto a la Renta fue del 50,9%; en 2010 el 32%; en 2012 el 25,7% hasta reducirse al 6,1% durante el 2015.
El informe OCM da cuenta de que la SUNAT ha devuelto a las mineras más de lo que éstas han aportado al fisco Solo en 2016 (hasta el mes de marzo) la SUNAT ha devuelto a las mineras S/.1,694 millones, mientras que por tributos internos del sector minero ha recibido S./1,037 millones, por lo que advierte que habrá que prestar especial atención al debate sobre políticas públicas y actividades extractivas.
