Por más de quince años una empresa tiene un amplio control de la carga aérea en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, lo que se configura como una posición oligopólica que le ha permitido obtener cuantiosos beneficios en perjuicio del comercio exterior que por ese motivo enfrenta sobrecostos, manifestó Jorge Rochabrunt, gerente general de la Asociación de Exportadores (ADEX).
Este modelo perverso, que logró que en todos estos años no se cumplan las regulaciones aeronáuticas, genera sobrecostos logísticos 300% más de los que pagan los usuarios de otros países, afectando a por lo menos 80,000 usuarios de comercio exterior vía aérea, que se verán condenados a seguir pagando sobrecostos estimados en más de US$ 20 millones anuales.
Este tema ha llegado al pleno del Congreso de la República, por lo que los congresistas tienen la gran oportunidad y el deber de tomar una decisión pensando en los 30 millones de peruanos, pues tendrán que discutir en segunda votación el proyecto de ley N.° 3690, que establece medidas para promover el crecimiento económico.
Gracias a las voces de protesta de varios congresistas del oficialismo y de la oposición, ese proyecto contenía en sus orígenes el art. 21 que indicaba que “el contrato de transporte aéreo abarca desde la entrega de la carga al transportista en origen, hasta su entrega al destinatario, por lo tanto, los gastos y costos hasta su entrega son de cargo del transportista”, sin embargo, fue eliminado en la última sesión de la Comisión de Economía.
“Es decir, fue una faena redonda en el Ejecutivo y en el Congreso para beneficiar a un poderoso oligopolio y perjudicar a todos los peruanos”, comentó Rochabrunt.
En este sentido, solicitó se restituya el Art. 21 en la parte correspondiente a la RAP 112, del proyecto de Ley 3690, con lo cual garantizaríamos que se respete el principio universal de que “el que contrata paga” y se incluya en la Carta de Porte Aéreo todos los gastos correspondientes hasta la entrega de la carga al destinatario, en concordancia con la Legislación Aeronáutica del Perú, los Convenios Internacionales de Montreal y Varsovia, y la Constitución Política del Perú.
“En consecuencia, se logrará un mercado de servicios logísticos, sano, transparente y en libre competencia, por lo que es necesario que el Congreso asuma la defensa de los intereses del país, dotando de predictibilidad y transparencia a los servicios de transporte aéreo de carga internacional”, culminó.
