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Inversión equivale al 16.3% del PBI. De ese grupo, 24 pertenecen a la actividad minera cuyo flujo de inversión asciende a más de US$ 26.500 millones. Áncash, Cajamarca y Arequipa concentran el mayor número de proyectos con conflictos sociales.
El Instituto de Economía y Desarrollo Empresarial (IEDEP) de la Cámara de Comercio de Lima (CCL) señaló que los conflictos sociales pondrían en riesgo un total de 38 de los 126 megaproyectos que presenta el país, cuya inversión está estimada en US$ 38.374 millones.
Según la Defensoría del Pueblo, en agosto de este año, se registraron 186 conflictos sociales siendo la mayoría de carácter socio ambiental. Además de este grupo, 138 tienen la condición de activos.
“Estamos hablando del 30,2% de los megaproyectos con flujos de inversión equivalente al 16,3% del PBI, lo que estaría en riesgo de no concretar el avance o producción prevista”, manifestó César peñaranda, director ejecutivo del IEDEP de la CCL.
El análisis se realizó con base al documento Cartera de Proyectos de Inversión 2019-2024 del IEDEP, que comprende un total de 363 proyectos con compromisos de inversión por US$ 115.467 millones, donde 126 son proyectos de gran envergadura (megaproyectos) cuya inversión pendiente bordea los US$ 92.000 millones.
De estos 38 proyectos, 24 pertenecen a la actividad minera (seis de exploración y 18 de explotación), cuya inversión es de US$ 26.527 millones, cuatro de hidrocarburos por US$ 11.530 millones, nueve de electricidad (US$ 206 millones) y uno de transporte (US$ 111 millones).
“Aquí se encuentran los proyectos mineros de Cotabambas- Ccalla en Apurímac por un monto de US$35 millones, Palca en La Libertad (US$14,9 millones), Tantahuatay 4 en Cajamarca (US$28 millones), Coroccohuayco en Cusco (US$21 millones), Caylloma 1, 2 y 3 Etapa B en Arequipa (US$14,3 millones) y Shahuindo en Cajamarca (US$13,2 millones), los cuales ya tienen una agenda con problemas por resolver a pesar de encontrarse en etapa de exploración”, refirió Peñaranda.
POR REGIONES
Los 38 megaproyectos con conflictos sociales están distribuidos en 14 regiones de los cuales Áncash concentra el mayor número con seis (US$123 millones), Cajamarca cinco (US$8.204 millones), Arequipa cuatro (US$2.113 millones), mientras Apurímac (US$4.314 millones), La Libertad (US$125 millones) y Junín (US$2.085 millones) presentan tres cada uno. En tanto, Cusco (US$21 millones), Huánuco (US$32 millones) y Piura (US$3.331 millones), albergan dos por región; y, finalmente, Lambayeque (US$1.600 millones), Loreto (US$150 millones), Moquegua (US$3.985 millones), y Puno (US$800 millones), con un solo proyecto.
Cabe resaltar que, además, se identifican cuatro conflictos vinculados a proyectos calificados como multiregionales entre los que se lista el Sistema Integrado de Transporte de Gas, Modernización del Oleoducto Norperuano, Lote 192, Lote 116, Lote Z-1 y la Hidrovía Amazónica: Ríos Marañón y Amazonas, en suma estos proyectos representan un total de US$ 11.491 millones de inversión expuestos a conflictos sociales.
Por lo descrito, el IEDEP advierte que la fragilidad de un aparato institucional y legal puede retroalimentar la aparición de los conflictos sociales ya que no se realizan los seguimientos a los acuerdos consensuados, incentivando a su rompimiento por una de las partes.
En ese sentido, indicó que el Estado debe tener un rol protagónico como mediador anticipándose y estableciendo mecanismos de diálogo entre las comunidades y las empresas involucradas a fin de alcanzar el mayor consenso posible.
Por tanto anotó Peñaranda que es “necesario que los gobiernos nacional, regional y local, en coordinación con las empresas relacionadas, deben dar prioridad a las zonas con proyectos potenciales en cuanto a dotarlos de servicios e infraestructura básica y reducir la insatisfacción social”.
