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Nora Olivé
Los socios del Gobierno de coalición de España se pusieron de acuerdo esta semana en impulsar una nueva ley que, entre otros, apuesta por la regulación de los precios del alquiler.
Todo con el objetivo de solucionar el gran problema que atraviesa el país en materia de vivienda, con una escasez y precios disparados, que dificultan el acceso al hogar, especialmente entre los jóvenes.
La norma anunciada, ya se ganó las críticas de la oposición, liderada por el conservador Partido Popular (PP), que prometió recurrir y amenazó con no aplicarla en las regiones y ayuntamientos donde gobierna.
«Las medidas anunciadas esta semana se enfocan en la dificultad de acceso a la vivienda de algunos colectivos, especialmente los jóvenes. Es un problema que hay que atajar, porque el mercado libre no es capaz de satisfacer sus necesidades y por lo tanto se requiere de intervención pública», explica a la Agencia Sputnik María Romero, directora de Economía de Analistas Financieros Internacionales (Afi).
A la espera de conocer la letra pequeña del proyecto legislativo, se sabe que el límite de precios afectará a las zonas más tensionadas del mercado, donde en los últimos años se registraron los mayores incrementos.
Los pequeños propietarios recibirán incentivos fiscales de hasta el 90 por ciento a cambio de rebajar sus rentas, mientras que los grandes tenedores (con más de 10 inmuebles) se enfrentarán a topes de precios.
Otras novedades incluyen la posibilidad de penalizar a los propietarios de casas vacías a través del impuesto sobre bienes inmuebles y la ampliación del parque de vivienda pública.
LOS JÓVENES, EL GRAN OBJETIVO
El Gobierno español está familiarizado con la precariedad que atraviesan los jóvenes, con un desempleo juvenil que roza el 40 por ciento, susceptibles a los contratos temporales y con una tasa de emancipación «insoportablemente alta», en palabras del presidente Pedro Sánchez.
Por ello, al margen de la futura ley de vivienda, el Ejecutivo impulsará dentro de los Presupuestos Generales del Estado para 2022 -presentados este jueves- unas ayudas directas para costear el alquiler.
Se trata de un bono mensual por valor de 250 euros para facilitar el acceso a la vivienda de las personas de entre 18 y 35 años con ingresos anuales inferiores a los 23.725 euros.
Esto se complementará con aspectos de la nueva ley, como los beneficios fiscales para propietarios que arrienden a menores de 35 años.
No obstante, Romero recuerda que las ayudas a la emancipación ya se implementaron en España y otros países, «donde los estudios que evaluaron su impacto concluyeron que ni son eficaces ni consiguen mejorar la accesibilidad a la vivienda».
Lo mismo sucede con la limitación de los precios, una medida adoptada en Alemania con resultados similares.
Según esta experta, «al establecer límites puedes hacer no atractivo un mercado, que se retiren viviendas y se traduzca en una mayor escasez de oferta y un incremento de precios».
CRITICADA ANTES DE PASAR AL PAPEL
Las medidas anunciadas no gustaron al sector inmobiliario, que venía oponiéndose a la regulación del mercado del alquiler.
El portal Fotocasa advirtió en un comunicado que la congelación de los precios de las rentas para los pequeños propietarios «es una medida intervencionista que no cuenta con la aprobación de los arrendadores, lo que podría verse reflejado en la contracción de la oferta de viviendas en renta».
En el otro frente de la problemática, el Sindicato de Inquilinos, se mostró insatisfecho ante unas medidas que consideran «un punto de partida insuficiente» porque «la bajada de precios inflados debe ser obligatoria para el conjunto del mercado», no solamente grandes tenedores.
En ciudades como Barcelona, de las más afectadas por la tensión de precios, casi el 70 por ciento de inquilinos «tendría difícil beneficiarse de una bajada» en base a la norma anunciada, de acuerdo con este sindicato.
LOS RESULTADOS, A LARGO PLAZO
Desde Afi, Romero coincide en que es probable que tanto la regulación de precios como las ayudas al alquiler «no tengan los efectos para los que se han diseñado».
Sin embargo, otros puntos de la norma como los incentivos fiscales o el incremento del parque de vivienda pública en alquiler, «sí que ayudarían a contrarrestar las tensiones en las rentas del mercado libre y a controlar más los precios».
«Se empieza a caminar por la buena dirección, hay medidas que intentan paliar la situación actual pero cuya eficacia en otros países no ha sido tal, pero por lo menos hay un intento de solventar un problema que llevamos arrastrando bastantes años y que urge acometer. Quizás las medidas más relevantes lleven tiempo, y por eso el Gobierno ha planteado otras a corto plazo para satisfacer las demandas», concluye esta economista.
Por ahora la ley no está más que acordada, todavía falta su redacción y tramitación en el Parlamento, que se prolongará durante meses con tropiezos más que asegurados a nivel social y político.
Con información de Sputnik
