Tiene elementos positivos que atienden la cuestión fundamental que es facilitar el ingreso al mercado laboral a miles de jóvenes que en la actualidad están desempleados.
El presidente de la Asociación de Exportadores (ADEX), Gastón Pacheco, manifestó que el régimen laboral juvenil, recientemente promulgado, tiene elementos positivos que atienden la cuestión fundamental que es facilitar el ingreso al mercado laboral a miles de jóvenes que en la actualidad están desempleados, dentro de la lógica de preservar la capacidad de la empresas para hacerse más competitivas, crecer y generar más trabajo.
Pacheco mencionó que el debate surgido en torno a esta ley obedece a que hay posiciones demagógicas que pretenden lograr mejoras mediante leyes que no guardan relación con la realidad económica y a que el régimen laboral en general es complejo y costoso, lo que explica la escasez de empleos formales en el país.
Recordó que el Perú tiene un 76% de informalidad laboral, lo que supone varios millones de peruanos sin beneficios laborales o con beneficios muy precarios, por lo que consideró positivo flexibilizar el marco laboral para propiciar una mayor contratación dentro de la legalidad. “El país necesita dispositivos que garanticen empleos formales y que promuevan el derecho al progreso de todos los participantes del crecimiento económico”, dijo.
También se debe tomar en cuenta que la prosperidad del trabajador y el crecimiento de la empresa no dependen solamente de una equilibrada relación laboral basada en el respeto de los derechos de ambas partes, sino también de un sistema educativo que conecte mejor la demanda con la oferta de trabajo, un trabajo serio y efectivo en la mejora de la competitividad y políticas que promuevan la mejora de la productividad. Lamentablemente, en el Perú no sucede esto, lo que da lugar a la frustración del trabajador y a un desarrollo desigual de las empresas.
Régimen General
El presidente de ADEX consideró que en la actualidad se tiene un régimen general que parte de la premisa que la relación laboral se inclina ‘per se’ a favor del empleador, por lo que tiene una serie de restricciones y sobrecostos para, supuestamente, asegurar la defensa de los derechos del trabajador.
Es precisamente sobre ese marco jurídico inadecuado que se fiscaliza en forma selectiva y exagerada el cumplimiento literal de esa frondosa normativa, lo que obliga a las empresas a contratar soporte legal especializado, lo que también se constituye en una barrera que separa a las grandes empresas –que pueden costearlo- de las micro y pequeñas empresas, que se ven empujadas a la informalidad para sobrevivir.
“No podemos aspirar a niveles de vida del primer mundo por decreto. Admitamos la realidad con franqueza y valentía y miremos lo que han hecho países que años atrás eran económicamente más chicos que Perú pero que ahora nos han superado largamente porque tuvieron normas laborales inteligentes. En este punto, creo que es muy importante despejar la neblina de un marco legal mal estructurado, promoviendo un solo régimen que garantice al trabajador derechos económicos compatibles con la real capacidad de las empresas para seguir generando empleo y crecimiento”, mencionó.
Añadió que lo cierto es que el régimen general de empleo que pretende defender los derechos del trabajador termina perjudicándolo terriblemente ya que más del 80% de las unidades productivas son informales, lo que genera que 3 de cada 4 trabajadores no logren ninguna protección legal.
Realidad económica
Manifestó que las autoridades deben tener en cuenta la realidad económica al momento de legislar, pues lo importante es armonizar los objetivos fundamentales del trabajador (seguridad laboral) y del empleador (flexibilidad que le permita seguir en el mercado) con la creación de más y mejores oportunidades laborales a través del crecimiento económico.
