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FDSFNP señala posible relación entre Majaz y PNP
En conferencia de prensa, los representantes del Frente por el Desarrollo Sostenible de la Frontera Norte del Perú (FDSFNP) que llegaron el día de ayer a Lima para reunirse con autoridades gubernamentales, dieron a conocer que están dispuestos a retomar el proceso de diálogo para tratar de resolver los conflictos sociales generados por la minera Río Blanco Copper S.A. (antes Minera Majaz) en sus territorios.
Carlos Martínez, presidente del FDSFNP y alcalde de la provincia de San Ignacio en Cajamarca, declaró que tras reunirse con representantes del Ministerio de Energía y Minas (MINEM), llegaron al acuerdo de presentar, como FDSFNP, una propuesta para reiniciar el proceso de diálogo.
Asimismo, manifestó que la Defensoría del Pueblo les ha planteado interponer sus buenos oficios para hacer posible que se lleve adelante el proceso de diálogo que ellos propongan.
Sin embargo, Martínez lamentó que la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) no los recibiera y sólo les informara que la PCM ya no se hará cargo de dar seguimiento a los conflictos mineros, y que estos quedaron en manos del MINEM, dejando sin efecto el proceso previo al diálogo iniciado en San Ignacio y Ayabaca durante la gestión del Premier Yehude Simon.
De otro lado, los miembros del FDSFNP denunciaron que la presencia de 150 miembros de la policía que fueron enviados a Huancabamba, Piura, a prevenir supuestos hechos de violencia durante las celebraciones por el segundo aniversario de la consulta vecinal, realizada el 16 de setiembre del 2007 (donde el 97% de los votantes manifestó estar en contra de la actividad minera), fue financiada por la empresa minera Río Blanco Copper S.A (antes Minera Majaz) tal como lo demuestran las fotografías obtenidas por el FDSFNP, donde aparece una lista de supuestos miembros de la PNP firmando un planillón para recibir sus alimentos a nombre de la empresa minera.
Sobre la situación legal relacionada al caso Majaz, el abogado David Velazco, miembro de Fedepaz, informó sobre la lentitud con la que el juzgado de Huancabamba viene tratando la denuncia por tortura, que hicieran 28 comuneros a la citada empresa minera. Por el contrario, se les inició un proceso por delito contra la tranquilidad pública y otros, pasando de la condición de acusadores a procesados. Otro hecho que importa gran relevancia es la denuncia por usurpación de tierras en contra de funcionarios y accionistas de la empresa minera, presentada en Ayabaca, donde la fiscalía abrió proceso por existir indicios de su presencia ilegal y por ende de la usurpación de territorios de las comunidades campesinas.
El FDSFNP presentó mapas que grafican el incremento de las concesiones mineras en las provincias de Ayabaca y Huancabamba, corroborando la teoría del posible distrito minero que se pretende en la zona, y cómo su ubicación compromete al 44.5% de los páramos generadores de agua en las regiones de Piura y Cajamarca, pudiendo comprometer la calidad y cantidad de este recurso hídrico.
Finalmente, los miembros del FDSFNP, dieron a conocer que el MINEM adicionalmente, se ha comprometido a revisar, conjuntamente con OSINERGMIN, la situación actual del cierre de mina de la empresa Río Blanco Copper S.A., que debió culminar en noviembre del 2006, y revisar la situación legal de la empresa, que actualmente realiza actividades de manera ilegal, pues no tiene permisos ni de las comunidades campesinas, ni del propio Ministerio de Energía y Minas, el que venció en noviembre del 2006.
Asimismo, manifestó que la Defensoría del Pueblo les ha planteado interponer sus buenos oficios para hacer posible que se lleve adelante el proceso de diálogo que ellos propongan.
Sin embargo, Martínez lamentó que la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) no los recibiera y sólo les informara que la PCM ya no se hará cargo de dar seguimiento a los conflictos mineros, y que estos quedaron en manos del MINEM, dejando sin efecto el proceso previo al diálogo iniciado en San Ignacio y Ayabaca durante la gestión del Premier Yehude Simon.
De otro lado, los miembros del FDSFNP denunciaron que la presencia de 150 miembros de la policía que fueron enviados a Huancabamba, Piura, a prevenir supuestos hechos de violencia durante las celebraciones por el segundo aniversario de la consulta vecinal, realizada el 16 de setiembre del 2007 (donde el 97% de los votantes manifestó estar en contra de la actividad minera), fue financiada por la empresa minera Río Blanco Copper S.A (antes Minera Majaz) tal como lo demuestran las fotografías obtenidas por el FDSFNP, donde aparece una lista de supuestos miembros de la PNP firmando un planillón para recibir sus alimentos a nombre de la empresa minera.
Sobre la situación legal relacionada al caso Majaz, el abogado David Velazco, miembro de Fedepaz, informó sobre la lentitud con la que el juzgado de Huancabamba viene tratando la denuncia por tortura, que hicieran 28 comuneros a la citada empresa minera. Por el contrario, se les inició un proceso por delito contra la tranquilidad pública y otros, pasando de la condición de acusadores a procesados. Otro hecho que importa gran relevancia es la denuncia por usurpación de tierras en contra de funcionarios y accionistas de la empresa minera, presentada en Ayabaca, donde la fiscalía abrió proceso por existir indicios de su presencia ilegal y por ende de la usurpación de territorios de las comunidades campesinas.
El FDSFNP presentó mapas que grafican el incremento de las concesiones mineras en las provincias de Ayabaca y Huancabamba, corroborando la teoría del posible distrito minero que se pretende en la zona, y cómo su ubicación compromete al 44.5% de los páramos generadores de agua en las regiones de Piura y Cajamarca, pudiendo comprometer la calidad y cantidad de este recurso hídrico.
Finalmente, los miembros del FDSFNP, dieron a conocer que el MINEM adicionalmente, se ha comprometido a revisar, conjuntamente con OSINERGMIN, la situación actual del cierre de mina de la empresa Río Blanco Copper S.A., que debió culminar en noviembre del 2006, y revisar la situación legal de la empresa, que actualmente realiza actividades de manera ilegal, pues no tiene permisos ni de las comunidades campesinas, ni del propio Ministerio de Energía y Minas, el que venció en noviembre del 2006.
