En las últimas dos décadas el sector minero peruano no solo ha logrado un crecimiento notable contribuyendo a la economía del país, sino también ha tenido un aporte gravitante al erario nacional, como señaló Víctor Gobitz, presidente del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú, en una presentación en el marco del 78 aniversario de esta institución.
«La industria minera en estos últimos veinte años ha pagado S/ 127,000 millones al erario nacional, cifras muy importantes, y casi la mitad de ello, bajo el concepto de canon minero, va a las regiones donde se encuentran las operaciones mineras», remarcó.
Gobitz también indicó que entre el 2005 y 2020 se han transferido por conceptos de canon minero y regalías más de S/. 60 mil millones a las regiones y gobiernos locales. Si se llega a ejecutar el actual portafolio de proyectos mineros, valorizado en US$ 56,000 millones, en los próximos diez años esta cifra se duplicaría, precisó.
“El mensaje es que a través del desarrollo de la industria minera generamos recursos financieros para cerrar las brechas sociales, especialmente en las zonas altoandinas donde se ubican los proyectos mineros y donde claramente hay una brecha significativa”, añadió.
Desarrollo territorial y gestión pública
Sin embargo, más allá de estas auspiciosas cifras enfatizó que el factor crítico para lograr poner en marcha el portafolio de proyectos es la licencia social. Y esta tiene dos perspectivas: por un lado una población urgida por elevar su calidad de vida con soluciones de corto plazo y, por otro lado, una industria minera que requiere certidumbre para desarrollarse en el mediano y largo plazo.
“En esta suerte de dos perspectivas que no deberían ser antagónicas, el objetivo en común es el cierre de brechas socioeconómicas y para ello debemos apuntar a un desarrollo territorial concertado y a una gestión pública madura».
En esa línea, Víctor Gobitz propuso la participación activa del sector minero en los planes de desarrollo territorial, obras por impuestos y presupuestos multianuales para acelerar el cierre de las brechas.
“La industria minera tiene un conocimiento de ejecución de proyectos de planificación multianual, conoce los espacios altoandinos, ha desarrollado una logística multimodal. Por lo tanto, debemos ser parte activa de la solución para lograr una gestión pública más madura”, precisó.
El titular del Instituto añadió que se requiere desarrollar capital humano a través de una educación de calidad para que los jóvenes desarrollen su pleno potencial. “La inversión minera es una ventana de oportunidad que nos debería permitir como país avanzar hacia el desarrollo socioeconómico”, agregó.
Mencionó que en los últimos quince años, los gobiernos regionales y locales desde la regionalización han ejecutado en promedio el 63% y 61% de los fondos públicos existentes. «Ello quiere decir que hay un desafío en el Perú en términos de velocidad y calidad de ejecución de los fondos públicos existentes».
En otro momento, remarcó el concepto de meritocracia y bajar los niveles de corrupción en el Estado peruano. En esta propuesta hay actores claves que también deben participar como los gobiernos regionales, provinciales y distritales, ONGs, academia, ministerios, gremios profesionales y la ciudadanía para que sea viable, finalizó Gobitz.
