Por Humberto Campodónico.
La semana pasada se anunció que Chinalco invertirá US$ 2,152 millones en Toromocho, mina de cobre (que además tiene molibdeno y plata) en la Región Junín, a 150 km de Lima. Se afirmó que se solucionarán los pasivos ambientales, como los del Túnel Kingsmill y que se llegó a un acuerdo para "reubicar" el distrito de Morococha, que prácticamente está sentado encima de la mina.
Pero lo que no se dijo es que, debido a la obstinación del gobierno de mantener el mismo tipo de contrato que los gobiernos anteriores, el Estado está perdiendo ingresos tributarios considerables que debieran servir para financiar la educación, salud, programas sociales y obras de infraestructura.
La cuestión es que el contrato firmado no tiene ningún mecanismo para captar para el Estado las enormes sobreganancias producto de los extraordinariamente altos precios de los minerales. En agosto del 2006, el actual gobierno dijo que no podía cobrar el impuesto a las sobreganancias porque las empresas tenían contrato de estabilidad tributaria. Pero, ¿qué pasa con los nuevos contratos como el de Toromocho y los que están por venir? Lo que pasa es que no pasa nada porque todo sigue igual.
Si el gobierno quisiera participar de la sobreganancia minera, hay muchos mecanismos para hacerlo y solo uno de ellos es el impuesto a la sobreganancia. Por ejemplo, en Ghana, la empresa Goldfield explota la mina de oro Tarkwa, la más grande del país con 700,000 onzas anuales. Aquí el Estado tiene el 10% de las acciones y recibe el 10% de las utilidades, lo que le permite acceder a las sobreganancias.
En Zambia, la mina de cobre Koncola Copper Mine (KCM), que produce 360 millones de libras al año, es propiedad de Vedanta de India. Aquí el Estado es dueño del 20.6% de la empresa KCM. En Botswana está la mina de diamantes Debswana, la más grande del mundo con una producción de 34 millones de kilates al año. La sudafricana De Beers es dueña del 50% y el Estado de Botswana del otro 50%, con lo que se apropia de la sobreganancia. Además, el Estado es dueño del 15% de la propia De Beers.
En Argentina, XStrata explota Minera Alumbrera (400 millones de libras de cobre anuales). El dueño de los derechos es Yacimientos Mineros Aguas de Dionisio (YMAD) formado por la Provincia de Catamarca (60%) y la Universidad Nacional de Tucumán (40%). Por ese concepto, YMAD recibe el 20% de las Utilidades antes de impuestos de Minera Alumbrera, lo que el 2006 ascendió a US$ 86 millones. Además, en todos los casos reseñados aquí, las empresas pagan el impuesto a la renta.
¿Por qué el Estado peruano no planteó ser socio de Chinalco con una participación de 20 a 30% para recaudar, no solo las regalías y el impuesto a la renta, sino también la sobreganancia? Porque se lo impide su orientación 100% proempresa privada. Pero eso no quiere decir que esa participación no pudiera darse. Y la inversión se puede financiar con préstamos (que luego se pagan con las sobreganancias) como lo hace la propia Chinalco, que va a obtener el 67% de la inversión de un préstamo del Banco de Desarrollo del Estado chino.
Hay otras cosas que se nos quedan por falta de espacio. Por ejemplo, que en los primeros años de producción, mientras recupera sus inversiones, Toromocho no pagará impuesto a la renta. Hasta que las recupere íntegramente, la Región Junín no recibirá canon, pues este equivale al 50% del impuesto a la renta. Tampoco se sabe si Minera Peru Copper (canadiense) pagó a Sunat el impuesto a la ganancia de capital por los US$ 790 millones que recibió de Chinalco por la venta de la mina, lo que debe aclararse.
La política del gobierno es "no cambiar nada para que nada cambie". Pero los cambios son posibles y pueden darse sin que eso signifique ser "antisistema". Hasta los africanos lo saben.
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