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El avance de la vacunación permite a España mantener bajo control los principales indicadores epidemiológicos. En paralelo, los datos macroeconómicos dibujan un escenario de recuperación tras el primer impacto de la crisis sanitaria. Sin embargo, el telón de fondo es una crisis social enquistada, que no se superará de la noche a la mañana.
Así lo pone de manifiesto un informe publicado este miércoles por la Fundación Foessa –dependiente de Cáritas, la principal ONG de la Iglesia Católica– en base a una encuesta realizada en más de 7.000 hogares. Según revela el estudio, España cuenta con 11 millones de personas en una situación de exclusión social, 2,5 millones más que en 2018, la última vez que se realizó esta pesquisa.
Otra de las alertas del informe es que, por primera vez desde 2007, las personas en exclusión severa superan los 6 millones de personas, convirtiéndose en grandes damnificados por la covid-19, con un incremento de casi 2 millones personas respecto del año 2018.
«Una primera conclusión sería que se ha producido un deslizamiento de los diferentes estratos de la sociedad hacia situaciones de mayor precariedad y exclusión social, una fuga imparable hacia una sociedad más desigual donde el grupo que más crece es el de los más desfavorecidos», señala Thomas Ubrich, técnico del equipo de estudios de Foessa.
GOLPEAR A LOS FRÁGILES
Aunque el aumento de la exclusión se ha dado de forma generalizada en el conjunto de la población, el informe de Foessa identifica una serie de colectivos sobre los que la crisis ha tenido mayor impacto.
Uno de ellos son las familias con menores a su cargo. El riesgo de exclusión en las parejas con hijos es del 27 por ciento, frente al 18 por ciento en las parejas sin hijos. Esta incidencia es mucho más acusada si se trata de una familia numerosa (47 por ciento) o de un hogar monoparental (49 por ciento), especialmente cuando la persona sustentadora principal es una mujer.
Por otra parte, el país de origen es otro de los condicionantes a resaltar. Esto se evidencia en una clara sobrerrepresentación de la población migrante en el espacio de la exclusión (38 por ciento), aún más marcada en el de la exclusión severa (65 por ciento).
Según Ubrich, una de las conclusiones del informe es que «la pandemia está golpeando con más fuerza a los que ya eran los perdedores, a los más frágiles […] a los que no llegó el escudo social, ni tenían ya el soporte de los mecanismos de protección propios, desgastados en la crisis anterior de 2008».
NECESIDADES BÁSICAS
La integración plena en 2021 —es decir, hogares que no sufren ningún rasgo indicativo de exclusión en áreas como vivienda, salud o educación— es disfrutada por solo 4 de cada 10 hogares de España (el 42 por ciento, siete puntos menos que en 2018).
«Vivienda, energía, agua e internet son derechos humanos sistemáticamente vulnerados. Sigue aumentando el número de familias para quienes los gastos de la vivienda suponen tal carga que, una vez realizados, se quedan en situación de pobreza. Esta realidad afecta a día de hoy al 14 por ciento de los hogares», señala el informe.
La estrecha relación entre dificultades con el empleo y exclusión en el consumo se hace patente al comprobar que, para el conjunto de hogares afectados por la exclusión en el empleo, la pobreza severa se eleva hasta el 30 por ciento, lo que triplica el nivel de afectación del conjunto de la sociedad.
Estas situaciones de carencia dificultan la vida diaria, erosionando también las relaciones sociales. El conflicto social, la dimensión que mide la calidad de las relaciones dentro de los hogares, pasó de afectar a un 5 por ciento de los hogares en 2018 a casi un 10 por ciento en 2021
«Un aspecto diferencial es que la pandemia sí está erosionando con fuerza la calidad de las relaciones en los hogares, al duplicarse el número de estos cuyo clima de convivencia muestra dificultades serias», apunta el informe.
¿Y EL ESCUDO SOCIAL?
El estudio de Foessa dedica un capítulo específico a analizar las debilidades del modelo de protección social, poniendo el foco de forma especial en el Ingreso Mínimo Vital (IMV), la medida estrella del Gobierno contra la crisis de la COVD-19, diseñada para dar una prestación a personas vulnerables.
Sin embargo, según los autores del informe, su configuración actual «ofrece una cobertura insuficiente y presenta lagunas importantes», empezando por el laberinto burocrático que supone solicitar el IMV, lo que desincentiva su tramitación incluso entre sus potenciales receptores.
«Sólo una cuarta parte de estos hogares ha recibido información correcta y suficiente para iniciar el trámite de solicitud, y, en consecuencia, sólo un 26 por ciento de los hogares en pobreza severa han conseguido realizar el mismo. Es decir, más de dos tercios de estos hogares (el 68 por ciento) no lo han solicitado a pesar de sus escasos o nulos ingresos», apunta el documento.
En definitiva, esto lleva a que solo el 18,6 por ciento de los solicitantes en situación de pobreza severa esté cobrando el IMV y que casi a la mitad del total de solicitantes en pobreza severa (el 49 por ciento) le haya sido denegado.
Pese a valorar positivamente la puesta en marcha de estas medidas, y de otras, como las prestaciones por cese de actividad durante la pandemia, la secretaria general de Cáritas, Natalia Peiro, valoró que «urge que el escudo social proteja realmente a la ciudadanía y a las familias más desprotegidas».
«No podemos permitir que esta nueva crisis ahonde aún más la desvinculación de una parte importante de la población y la expulse de la sociedad», dijo Peiro durante la presentación del informe.
Con información de Sputnik
