por Desco
Un setiembre agitado vivió Arequipa con la realización de la 31 Convención Minera. Esta actividad dinamizó el sector de servicios en la ciudad, los organizadores han calculado que el consumo de los asistentes ascendió a 240 millones de soles; sin embargo la convención no sólo trajo beneficios económicos temporales, sino que sirvió de vitrina para la reafirmación de la política extractivista de Estado en la boca de algunos de los ocho ministros que la visitaron y del propio jefe de Estado. Sobre esta idea cabe realizar varios análisis.
Primero; si bien una prensa poco reflexiva, con muy pocas excepciones, ha martillado en el imaginario de nuestra comunidad que sólo la minería salvará al Perú, lo cierto es que hay otras actividades económicas que actualmente están contribuyendo más con la economía nacional, y que merecerían una mayor atención del Estado, sobre todo por la gran masa laboral que ocupa y porque los minerales son recursos naturales que se extinguen en la extracción y su precio es muy vulnerable a los cambios económicos internacionales. No sólo se trata de ejercer una mayor presión tributaria sobre otras actividades económicas, sino pensar en inversión, de una vez por todas, en tecnología y capacitación, además de tener políticas estatales más claras para su dinamismo económico.
Segundo; el 56.5% de la cartera de proyectos mineros identificados en el territorio nacional se encuentran en el sur (Arequipa, Cusco, Apurímac, Tacna, Moquegua y Puno) donde se prevé que las empresas mineras invertirán en sus operaciones US$32.436 millones los próximos 7 años. ¿Estamos preparados para los impactos? Si bien los impactos medioambientales están controlados por una normatividad nacional, hay que tener un poquito más de cuidado en los discursos ministeriales, pero sobre todo en las evaluaciones de los estudios de impacto ambiental. También hay que poner atención a los impactos sociales, de los que se habla muy poco, por ejemplo: cómo integramos a la comunidad a una dinámica económica nueva sin que pierdan sus costumbres, cómo sus actividades culturales agropecuarias pueden ser rentables para que no desaparezcan, cómo hacer para que los liderazgos de la comunidad no sean absorbidos por el poder económico de las empresas y asegurar negociaciones justas en las mesas de desarrollo.
Tercero; las nuevas operaciones en el sur demandarán una gran cantidad de agua y energía, de allí que ha sido oportuna la llamada del Ministerio del Ambiente para que el sector minero se integre al plan nacional de adaptación al Cambio Climático. Aquí los gobiernos regionales tienen, también, un rol importante para orientar parte de los fondos de los programas de responsabilidad social de las mineras en reservorios de agua y sistemas de energía que aseguren esta provisión para la población.
Cuarto; Ollanta Humala afirmó que «la minería genera desarrollo en el país», pero lo cierto es que la actividad per se no lo hace por su naturaleza extractivista, y quienes debieran promoverlo son las instituciones involucradas con ella, esto es el Estado en todos sus niveles: el Ejecutivo y los gobiernos subnacionales (regionales y locales). Es momento de tener políticas más competentes para aprovechar la renta minera; para eso hace falta revisar la ley del canon minero y pensar en una participación más directa del Estado en las empresas mineras, quizá con un porcentaje del accionariado. Debemos recordar que las empresas mineras, con las normas tributarias actuales y la demanda mundial de minerales, son las que mayor rentabilidad han generado en poco tiempo, en comparación con otras industrias.
Esta convención minera tuvo como eslogan «minería, oportunidad de inclusión social y desarrollo», pero es el Estado quien debe procurar que ello no quede en un simple enunciado. La minería no se encarga del desarrollo del país, ni debemos dejarlo en sus manos, esta es una responsabilidad estatal. Las altas tasas de pobreza y pobreza extrema en algunos departamentos mineros del sur como Puno y Cusco, son un buen indicador de la tarea pendiente por hacer.
