La libre competencia con otros terminales, como los del Callao, asegura que el Megapuerto de Chancay opere sin irregularidades en las tarifas. Según Ramiro Portocarrero, abogado de Cosco Shipping Ports Chancay Perú, la preocupación por una regulación estricta de precios es un “falso problema”.
Portocarrero explicó: «Ahorita el problema de las tarifas, yo diría que es un falso problema porque el problema de las tarifas se propone cuando no hay competencia y entonces tiene que venir un regulador a poner una tarifa».
Destacó que el megapuerto y los terminales del Callao son “intercambiables” para naves de larga distancia, lo que obliga a los operadores a disciplinarse entre sí para atraer clientes. «Aquí el mejor policía, como le decía, es el mercado. Si algo falla en Cosco se irán al puerto del terminal norte del Callao o del terminal sur del Callao», afirmó.
Régimen de inversión privada y supervisión del Estado
El Poder Judicial ratificó que el megapuerto funciona bajo un régimen de inversión privada a “riesgo y ventura”, a diferencia de las concesiones del Callao, donde el Estado entregó infraestructura preexistente.
Al ser una inversión netamente privada desde cero, Ositrán no tiene facultades para supervisar ni sancionar a la empresa bajo un contrato de concesión que no existe.
La Autoridad Portuaria Nacional (APN) y Indecopi mantienen sus competencias técnicas y de mercado.
Portocarrero aclaró: «Como no recibió nada del Estado, el Estado no es que tenga mucho por pedirle, ni por fiscalizarle, ni por supervisarle».
Seguridad jurídica y continuidad de la inversión
Para Cosco Shipping, el fallo es clave para la continuidad del proyecto, que ya invirtió $1,300 millones y proyecta llegar a $3,000 millones.
Portocarrero advirtió que un fallo contrario habría enviado un mensaje “peligrosísimo” para inversionistas extranjeros y nacionales que apuestan por el país sin recursos estatales.
La empresa espera que las entidades del Estado, especialmente Ositrán, comprendan que:
«Una inversión privada a riesgo y ventura del capital privado no puede ser tratada al igual que se trata a inversiones en las que el Estado ha tenido una participación activa».
Contrato G2G y cambios de proveedor
La ministra Denisse Miralles aclaró que el Estado peruano no está cancelando el contrato gobierno a gobierno (G2G) con Francia para la construcción del megapuerto.
«El Estado peruano no está cancelando de ninguna manera el convenio gobierno a gobierno y es más lo explicó, dijo que los contratos de construcción, sobre todo de los puentes de Santa Rosa y el caso de la carretera central también eso tiene un procedimiento que tiene que continuar», afirmó.
Se solicitó al gobierno francés un cambio de proveedor y de asesor técnico para avanzar rápidamente. Miralles aseguró: «Nos hemos comprometido es más, dijimos que dentro de esta gestión se dejaba firmado ese contrato para iniciar la obra en esta primera etapa».
Rol de Ositrán y regulación de precios
Por su parte, Ositrán informó que aún no ha sido notificado formalmente del fallo judicial y evitó pronunciarse sobre su contenido.
El organismo recordó que las leyes peruanas le otorgan facultades para:
Supervisar y fiscalizar infraestructuras de transporte de uso público, incluyendo puertos privados, para garantizar un servicio correcto.
Sobre los precios, Ositrán aclaró:
La regulación de tarifas no ha estado en discusión en este juicio.
Los precios solo se regularán si Indecopi determina falta de competencia en el mercado.
