Germán Alarco Tosoni
Esa es la frase de moda en el actual gobierno que justifica toda la reorientación del Estado a fin de apoyar la iniciativa e inversión privada. A esta concurren los esfuerzos del MEF, ahora del Ministerio de la Producción (Produce), Mincetur, Minem, Minag y todos los otros ministerios. Nadie discute la importancia de la inversión privada para el crecimiento económico pero subordinar todo a esta variable es un exceso. Hasta Indecopi (antes centrada en la defensa del consumidor y de la libre competencia), los reguladores sectoriales y hasta Sunafil erróneamente deben priorizarla.
A finales de noviembre me correspondió participar en un foro sobre la diversificación productiva. A este concurrió un alto funcionario de Produce. Su exposición se centró en el Eje 2 del Plan Nacional de Diversificación Productiva, en particular en la promoción de la libre iniciativa privada a través de la reducción de sobrecostos.
El argumento central fue que los sobrecostos se producen básicamente por fallas en la regulación estatal. Se olvidó de los otros sobrecostos: energético, en las cadenas logísticas y de los financieros. Hasta ahí se ratificó la orientación neoliberal de las nuevas autoridades que imputan los principales problemas al Estado. Sin embargo, deducir de que su eliminación puede conducir a la diversificación productiva o exportadora implica un salto, pero al vacío.
La autoridad sectorial insistió en su enfoque con diversos ejemplos de regulaciones a su juicio excesivas y que entorpecen la libre iniciativa privada: imponer un color a los taxis y una antigüedad máxima a los vehículos de transporte público son limitativas de la libertad de empresa. Condicionar la ubicación física a las gasolineras es una traba a la inversión. Le faltó mencionar la obligación de todas las grandes capitales desarrolladas del mundo relativas a utilizar taxímetro o regular el transporte público. Antes el Estado defendía el interés público. Ahora, ¿quién defiende a los ciudadanos?, ¿está la libre iniciativa privada sobre el interés público?
Nadie pone en discusión que hay que simplificar los marcos regulatorios con el objetivo de lograr mayor eficacia y eficiencia. La complejidad es el caldo de cultivo perfecto para promover mayor corrupción e incumplimiento de las normas. Se puede estar a favor de crear un organismo para la mejora regulatoria de los tres niveles de gobierno, como existe en México, pero hay que poner las cosas en su lugar. Primero las personas y luego los negocios. No en vano el primer título de la actual Constitución Política del Perú comprende los derechos fundamentales de las personas, los derechos sociales, económicos y políticos; mientras que recién en el título tercero está todo lo referido al régimen económico.
Diario UNO, 19.12.2014
