Todos los gobiernos que están de salida se parecen entre sí. Pero, la salida del gobierno de Humala tiene su propia manera de procesarse. Sin reflejos, casi pareciera no importarle lo que pasa ante sí, ni para bien ni para mal, aun cuando implique cuestiones cruciales para el país.
El 25 de setiembre los pobladores de las provincias de Cotabambas y Grau, en Apurímac, más Chumbivilcas, en Cusco, iniciaron una paralización indefinida en contra del proyecto minero Las Bambas, el más importante del país. A raíz de ello, un enfrentamiento entre pobladores y la Policía dejó al menos cuatro muertos y quince heridos de bala.
La demanda principal son las irregularidades percibidas en las actas presentadas por la empresa china MMG —que desarrolla el proyecto— al Ministerio de Energía y Minas sobre la segunda modificatoria del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) de Las Bambas, pues entre los firmantes figuran personas que no estuvieron en los talleres informativos y, por ello, decidieron desconocer el estudio por carecer «de sustento legal y social».
Además, rechazan la instalación de una planta de molibdeno y otra de filtros y concentrados, autorizada en el EIA, que inicialmente no formaba parte del proyecto, demandando la demolición de ambas. También exigen la renuncia y retiro inmediato de los funcionarios del proyecto MMG Las Bambas, «responsables de la modificatoria del EIA, por corromper a los dirigentes». De igual manera, exigen el cierre definitivo de tres emisoras radiales desde donde, afirman, son amenazados los dirigentes.
Por otro lado, solicitan la renegociación de las tierras comunales de la zona de influencia en Cotabambas y Grau, así como sea reconocida como zona de influencia las comunidades que están dentro de la línea de transmisión eléctrica en ambas provincias. También aquellas que están comprendidas en la vía de transporte de carga pesada de los distritos de Challhuahuacho y Mara.
En otras palabras, hay al menos un aspecto trascendental que estos hechos pone de relieve: cómo es que «repentinamente» aparecen los ánimos sumamente alterados en torno al proyecto minero más grande del país, sin que aparentemente ningún medio de comunicación o funcionario haya brindado información y análisis sobre ello.
El 7 de febrero, el portal Lamula.pe informó que las comunidades campesinas de Challhuahuacho en Cotabambas, Apurímac, habían anunciado un paro de 72 horas contra MMG, por despidos masivos de trabajadores. Los dirigentes también exigían la instalación de una mesa de diálogo alegando que la empresa había incumplido los acuerdos asumidos con la anterior administración del proyecto, Glencore–Xtrata.
Demandaban a MMG que asignase el 5% de las utilidades para la creación de un fondo social para proyectos en la provincia. Por su parte, las comunidades de la cuenca baja del río, exigen compromisos claros para que este no se contamine. Asimismo, el pliego incluía peticiones como empleo directo, establecimiento de viveros, el 10% de las utilidades como pago por licencia social del agua y capacitación para actividades locales.
Se supo entonces, que la Federación Campesina de Challhuahuacho, Apurímac, había presentado ya desde el 27 de enero una plataforma de lucha a la Defensoría del Pueblo de la región y al Ejecutivo regional, que fue motivo de un acuerdo previo entre los dirigentes comunales y las autoridades (MINEM y PCM). Sin embargo, una parte importante de los comuneros quedó insatisfecha y mantuvo la resistencia. Desde entonces, el conflicto siguió escalando llegando incluso al secuestro de trabajadores contratistas de MMG.
Lo que viene sucediendo en Cotabambas, al igual que en otras zonas mineras del Perú, pone en consideración no sólo los conflictos que se suscitan entre la población y las empresas extractivas, sino también, la competencia que se genera entre los actores presentes en los diversos espacios de negociación –local, provincial y regional– para ganar protagonismo a costa de los otros. De igual manera, también evidencia una vez más, la enorme fragilidad institucional del Estado peruano para manejar estas situaciones de la mejor manera posible. Luego de haberse producido la muerte de cuatro personas se busca ahora formar las condiciones propicias para el diálogo, aunque la pregunta es ¿por qué no se previno la situación cuando, a todas luces, el ambiente había empezado a agitarse desde meses antes?
Las explicaciones fáciles al conflicto ya surgieron en los medios, en la Sociedad Nacional de Minería y en algunos sectores políticos: su desencadenamiento es obra de agitadores radicales antimineros y su solución, obvia, es represiva. Esta visión escamotea problemas de fondo como la cuestionable gestión social del Ministerio de Energía y Minas y la necesidad de reformar el Estado para adecuarlo a un manejo oportuno de la conflictividad, pero también para que, además de promover la inversión privada necesaria al país, cautele los derechos de sus ciudadanos.
desco Opina / 2 de octubre de 2015
