En las últimas semanas se ha tomado conocimiento sobre algunas empresas estadounidenses que estarían, en coordinación con diversas ONG laboralistas, manifestando su preocupación sobre la vigente legislación laboral peruana en el sector de exportaciones no tradicionales.
Al respecto, el ministro de Comercio Exterior y Turismo, José Luis Silva Martinot, ha señalado que pretender derogar estas disposiciones legales “le restarían competitividad a las empresas peruanas exportadoras en los mercados internacionales e impactaría directamente en la creación de más puestos de trabajo directo, así como la mejora en las condiciones de vida de los trabajadores así como la de sus familias.”
El ministro Silva indicó que la vigencia de la normativa relacionada al sector no tradicional permite un clima de estabilidad jurídica para la atracción de inversiones en el sector productivo exportador, y a la vez constituye un importante instrumento de inclusión social. Cabe señalar que en el periodo de 1993-2011, el número de empresas exportadoras del sector no tradicional pasó de 4.389 a 7.655.
Al cierre de 2011, el 85% de las empresas exportadoras del sector no tradicional son MYPES, las cuales a su vez constituyen el sector empresarial más importante en la generación de empleo en el Perú representando el 70% de la PEA. Según información del MINTRA al 2011, los contratos de mano de obra nacional de promoción de exportaciones no tradicionales en el sector industria y manufactura, ascendieron a 173.382.
Silva resaltó que para la implementación del TLC Perú-Estados Unidos, el capítulo laboral ameritó un exhaustivo análisis de la legislación laboral peruana, el cual tuvo como resultado la constatación del pleno cumplimiento de los estándares internacionales por parte de nuestro país. Incluso, el Tribunal Constitucional se pronunció sobre la legalidad y constitucionalidad de estos regímenes laborales especiales.
Finalmente, el ministro Silva indicó que la legislación laboral peruana en el sector exportador, se ajusta a la legislación internacional de la OIT, ya que los trabajadores gozan de los beneficios sociales que por ley les corresponde a aquellos contratados a plazo indefinido.
En ese sentido, señaló que “llama la atención que estas ONG cuestionen el régimen laboral peruano, siendo el Perú, a diferencia de otros países, uno que cumple con los estándares internacionales en materia de legislación laboral”.
