El ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Milton von Hesse, señaló hoy que el mecanismo de alquiler-venta de viviendas no puede ser emitido mediante decreto de urgencia porque la iniciativa incluye la exoneración del Impuesto General a las Ventas (IGV) para el pago de los alquileres.
“La imposibilidad de sustentar el pedido de facultades legislativas en el Congreso, es un claro ejemplo de cómo a veces el ruido político afecta decisiones económicas muy importantes”, indicó.
El titular del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS) indicó que su sector en los últimos meses trabajó para hacer la propuesta del leasing inmobiliario y del alquiler-venta, con la expectativa de que empiece operar en octubre.
Clase media afectada
“Este mecanismo iba a permitir que una gran cantidad de peruanos, principalmente de la clase media, pueda acceder a una vivienda propia, pero la norma incluye la exoneración del IGV para el pago del alquiler, por lo que no podrá ser emitida mediante decreto de urgencia”, dijo a Andina.
“Ello porque la Constitución prohíbe explícitamente que los decretos de urgencia regulen aspectos relacionados a materia tributaria, por lo que lamentablemente este mecanismo, tan esperado por la población para acceder a una vivienda y por los constructores para reactivar el sector, posiblemente tendrá que retrasarse algunos meses”, anotó.
Igualmente, añadió, teníamos grandes expectativas en consolidar la formalización de la propiedad en asentamientos humanos y en sancionar a los que promueven invasiones sobre todo en períodos pre electorales, buscando erradicarla de raíz.
“Pero también será dejado de lado y esperamos que el Congreso nos de la oportunidad de legislar en otra ocasión”, sostuvo.
Medidas
En la víspera el ministro adelantó que la Ley de Leasing o de alquiler-venta permitiría el acceso a vivienda a 30,000 familias peruanas en sus primeros 14 meses de funcionamiento, previéndose que inicie en octubre de este año.
Previamente, reveló que el ministerio había puesto en marcha una política que busca cortar de raíz el crecimiento de las ciudades a través de las invasiones para consolidar la expansión urbana planificada y que, en ese contexto, 250,000 hogares formalizarían sus predios.
En esa oportunidad advirtió que solamente en los últimos cinco años más de cuatro millones de metros cuadrados de terrenos del Estado han sido invadidos por mafias organizadas de traficantes de tierras, que promueven estas actividades y luego cobran a los pobladores el valor comercial de cada predio.
