Por mayor gasto y endeudamiento del gobierno central en el contexto de la pandemia
El Instituto de Economía y Desarrollo Empresarial (IEDEP) de la Cámara de Comercio de Lima (CCL), advirtió que el país registraría un déficit fiscal de alrededor del 5,9% del PBI en el 2021, debido a mayor gasto público y endeudamiento que asumirá el Gobierno Central en este contexto para frenar el avance del COVID-19.
Lo proyectado supera al déficit de 4,4% del PBI estimado por el Banco Central de Reserva (BCR), institución que proyectó también una reducción del gasto no financiero del Gobierno General (GG) en 21,6% del PBI, cifra menor a lo registrado en 2020 (24,9% del PBI), según mencionó, por un menor gasto corriente ante la disipación de los efectos de la COVID-19 y atenuado por la recuperación del gasto de capital.
No obstante, el IEDEP considera que su proyección de déficit fiscal va en línea con lo registrado en enero de este año, donde el gasto no financiero se expandió en 9,4% a consecuencia de mayores remuneraciones (2,5%) y transferencias (11,4%), a pesar de que el gasto de capital no se recuperó (-29,6%). Asimismo, sectores como Comercio y Servicios vienen operando parcialmente y reduciendo su aporte en la recaudación tributaria.
Igualmente, en febrero el Gobierno Central desembolsó un total de S/ 2.434 millones en bonos para hogares vulnerables (de S/ 600 por familia), acción que podría repetirse si se amplía la cuarentena en los próximos meses, e incluso en una eventual tercera ola igual de severa que la actual.
Otro aspecto que también incidiría en un mayor déficit son las iniciativas legislativas que significan una presión al gasto público. Recientemente se aprobó por insistencia la eliminación progresiva del CAS en el sector público, lo que se estima que incrementará los gastos de remuneraciones en alrededor de S/ 4.245 millones, según el poder Ejecutivo.
A todo lo expuesto, las finanzas públicas tienen un reto para el gobierno actual y dos para el próximo gobierno: (i) administrar los escasos recursos fiscales y las altas necesidades de egresos en subsidios e inversión pública; (ii) recuperar la recaudación tributaria, reducir el déficit fiscal y evitar un desborde de la deuda pública.
