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Alan Fairlie Reinoso
Jessica Portocarrero
La llegada de la pandemia, ha resaltado una vez más la enorme labor que realizan los hombres y mujeres del campo a favor de la seguridad alimentaria del país y el bienestar de la población. Sin embargo, también ha desnudado las enormes brechas de desigualdad existentes en las zonas rurales y la necesidad de fortalecer nuestro agro, especialmente la agricultura familiar.
A diferencia de otros sectores productivos, las actividades del sector agrario son intensivas en mano de obra, representando alrededor un 13,9% de la población ocupada[1] de América Latina, las que se vienen desarrollando de forma presencial, lo cual los pone en un riesgo latente. A esto se suma la alta informalidad existente y los salarios que son inferiores al promedio, lo que los coloca en una situación de alta vulnerabilidad ante los efectos de la pandemia.
Por ello, es necesario que se establezcan medidas tanto a corto como largo plazo, que permitan construir y establecer la generación de empleos más sostenibles en las zonas rurales y fortalecer la agricultura y construir sistemas alimentarios resilientes a los cambios climáticos.
Medidas impulsadas desde organismos multilaterales:
Los organismos multilaterales han venido diseñando una serie de recomendaciones a fin de que los países de la región puedan adoptar algunas de ellas, tanto para enfrentar la emergencia sanitaria, como orientadas a un desarrollo más inclusivo.
En el caso del sector agrario en particular, la CELAC instó a los países de la región a declarar la alimentación y la agricultura como actividades esenciales o estratégicas, de interés público[2] en el actual contexto. Y, la necesidad de que los países implementen políticas comerciales que permitan mantener abierto el comercio mundial, con el objetivo de evitar alteraciones en los precios domésticos y disminuciones en la oferta de alimentos. Asimismo, recomendaron fortalecer los organismos de integración comercial existentes, para impulsar el comercio de alimentos entre los países de la región y el establecimiento de agendas comunes en este ámbito.[3]
De otro lado, organismos como la CEPAL y la FAO proponen un conjunto de medidas orientadas a que las empresas y actores del sistema alimentario puedan realizar sus tareas sin interrupciones; y a garantizar el abastecimiento de alimentos en los países de la región.
Entre el primer grupo de medidas establecidas se encuentran las acciones de apoyo financiero a productores agrícolas, para lo cual se propone líneas de créditos blandas destinadas al sector agrario que viene operando en condiciones críticas (propuesta que implica un incremento del 20% el monto de la cartera del sector). Además de establecer garantías, seguros e incentivos dirigidos a este sector, que se complementan con un bono de inversión productiva de 250 dólares por explotación, (entregado una sola vez), y que sea destinado para adquirir fertilizantes, semillas y otros insumos, apoyando principalmente a la agricultura familiar.
El segundo grupo de medidas, están orientadas a garantizar el funcionamiento de los programas de apoyo a la producción de autoconsumo, así como a establecer mecanismos de coordinación público-privada entre todos los actores del sistema alimentario, desde la producción, el abastecimiento, la distribución y el acceso a alimentos. Además, deben continuar con políticas que mantengan abierto el comercio mundial de alimentos, evitando medidas proteccionistas que aumenten el precio de los alimentos.
El caso peruano
En el caso del Perú, en lo que va de la emergencia sanitaria, la principal medida orientada al sector agrario ha sido el programa FAE-AGRO, el cual otorga acceso a créditos a agricultores. Sin embargo, solo se han colocado el 1% de los S/ 2.000 millones comprometidos, lo cual implica que dichos recursos no lleguen oportunamente a los miles de agricultores que requieren de dichos fondos para la continuidad de sus campañas agrícolas.
Pese a las constantes demandas del sector de contar con una herramienta financiera que realmente llegue a ellos, el Ejecutivo no ha tenido respuestas rápidas ante el fracaso del FAE-Agro. De otro lado, el Legislativo convocó al segundo Pleno agrario, donde se debatió y aprobó una serie de leyes de importancia para los agricultores del país, entre los cuales están:
• Ley que promueve la implementación de mercados itinerantes saludables, la cual garantiza el abastecimiento de productos de primera necesidad durante el estado de emergencia, dando un marco legal que permitirá que los agricultores puedan reducir sus costos y vender directamente sus productos.
• Ley de saneamiento físico legal y formalización de predios rurales, con el objetivo de cerrar las brechas de formalización de predios rústicos y eriazos ocupados por los agricultores, antes del 25 de noviembre de 2010.
• Ley de compras estatales de alimentos de origen en agricultura familiar, donde las entidades de la administración pública que cuenten con programas de apoyo asistenciales, deberán adquirir por lo menos un 30% de las compras en alimentos provenientes de la agricultura familiar.
• Del mismo modo, se aprobó por unanimidad el proyecto de Resolución Legislativa que aprueba el Acuerdo que Establece la Comisión Binacional para la Gestión Integrada de los Recursos Hídricos de las Cuencas Hidrográficas Transfronterizas entre la República del Perú y la República del Ecuador.
El lunes 19 de octubre, se discutió la Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego. Se da una nueva organización a esta entidad, con una mirada a la agricultura familiar en el marco del proceso de modernización de la gestión pública y que beneficiará a unas 2.5 millones de familias que se dedican a la agricultura, y que cultivan la mayor cantidad de alimentos que consumimos en el país. Entre las nuevas funciones del ministerio estarán el formular, planear, dirigir, coordinar, supervisar y evaluar las políticas nacionales bajo su competencia, en coordinación todos los niveles de gobierno, por medio de dos viceministerios: el de Políticas y Supervisión del Desarrollo Agrario; y el de Desarrollo de Agricultura Familiar e Infraestructura Agraria y Riego.
Finalmente, se aprobó la ley que prorroga la moratoria del ingreso de transgénicos al país.
Las medidas aprobadas por el legislativo tienen una serie de impactos en el desarrollo de la agricultura, así como del sector rural. Sin embargo, es necesario otorgar el financiamiento necesario para garantizar la continuidad de sus actividades, y evitar que se origine una crisis alimentaria.
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[1] CEPAL (2020) Cómo evitar que la crisis del COVID-19 se transforme en una crisis alimentaria
[2] Véase: www.fao.org/americas/noticias/ver/es/c/1272991/
