El procurador del ministerio de la Producción, Iván Espinoza Céspedes, aclaró que el Gobierno Regional del Callao declaró la nulidad de los 28 permisos de pesca concedidos de forma ilegal fuera de plazo, por lo que el Ministerio de la Producción ha recurrido al Poder Judicial para anularlos.
La nulidad en sede administrativa debió ser planteada como máximo un año después del otorgamiento del permiso (el permiso se otorgó el 7 de marzo de 2011), tal como lo señala el Ley General de Procedimientos Administrativos 27444, esto es hasta el 17 de marzo de 2012 y no en agosto del 2013.
La Ley en referencia señala en su artículo 202.3 que la facultad para declarar la nulidad de oficio de los actos administrativos prescribe al año, contado a partir de la fecha en que hayan quedado consentidos.
Por ello, transcurrido dicho plazo lo único que queda es interponer la nulidad ante el Poder Judicial, que es lo que el ministerio de Producción ha hecho, a fin que las citadas embarcaciones no continúen pescando.
Se formuló denuncia penal contra funcionarios del gobierno regional por presunta comisión de los delitos de Usurpación de Funciones y Abuso de Autoridad, «por no haber cumplido oportunamente con declarar la nulidad de dichos permisos, pese a los reiterados pedidos realizados en más de tres gestiones ministeriales», señaló.
