Esta entidad organizó un debate donde participaron expertos del sector privado y público. Propuesta Ciudadana alertó de que la falta de transparencia y vigilancia de estos mecanismos constituyen una agenda pendiente para el próximo Gobierno.
Desde hace varios años la participación del sector privado en la inversión pública no ha dejado de crecer, unas conexiones que se extienden hasta un sector tan sensible y estratégico como el educativo pero que arrastra una brecha en infraestructura de 63 mil millones de soles. El ministro de Educación, Jaime Saavedra, informó recientemente que las obras por impuestos en educación sumarán 360 millones de soles en 2016. Sin embargo, Propuesta Ciudadana alertó sobre la falta de transparencia y vigilancia para evitar mayores costos para el sector público en las inversiones realizadas bajo el el esquema de asociaciones público-privadas (APP) y obras por impuestos. Asimismo, cuestionó la tendencia a ejecutar obras que no responden a una prioridad pública, sino que están construidas bajo la lógica de la empresa, especialmente en el área rural, y en el sector educativo.
Los compromisos pasivos y contingentes de APP del 2012 al 2042 representan un promedio de USS 529 millones, es decir, el 1.5% del total egresos anuales del presupuesto público. Las alianzas público-privadas nacen bajo la idea de que la participación del sector privado puede servir para acelerar la inversión en los territorios, reduciendo brechas de infraestructura con celeridad al no estar sujetas a trabas burocráticas. Representantes del sector privado presentes, como Daniel Córdova, presidente ejecutivo de Invertir Group, consideran que estos mecanismos sí aceleran la inversión pública. Una postura con la que también coincidió Camilo Carrillo, director general de Infraestructura Educativa (MINEDU). “Permiten emplear el músculo del sector privado” para la infraestructura y el mantenimiento del proyecto.
Sin embargo, las experiencias acumuladas a nivel nacional e internacional sin ponen contra las cuerdas a esta teoría sobre los resultados de las APP. Marisa Glave, socióloga de Propuesta Ciudadana, señaló que no hay ninguna evaluación ni estudio que demuestre que el sector privado ejecute obras con un mejor resultado en cuanto al costo y en eficiencia, esto sucedió con el Programa Minero de Solidaridad con el Pueblo (PMSP) donde hasta el momento no se ha realizado una valoración al mismo. “Es necesaria una mayor transparencia sobre cómo se selecciona a la empresa constructora de las obras e información sobre los costos de la misma”, afirmó Glave. En la actualidad, no existe limitación legal ni mecanismos de control para que la empresa que financia un proyecto de inversión pueda contratar a otra que pertenezca el mismo grupo corporativo, lo cual genera suspicacias. La norma establece que para la elección de la empresa constructora no se realiza ningún proceso de selección, sino que ésta es determinada por la empresa privada. Ante este punto, representantes del sector privado reconocieron la necesidad de mejorar la norma para evitar “conflicto de intereses”.
Desde el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo hasta la Unión Europea consideran necesario afinar algunas tuercas del mecanismo para mejorar la negociación, regulación y supervisión de las APP como la adopción de marcos normativos claros y transparencia en las decisiones. Desde Propuesta Ciudadana señalan que es el Estado el que debe definir qué obras promover, dónde y cómo. Además, consideran que los objetivos y criterios de selección deben estar claros en las bases de los concursos y contratos, así como dar un seguimiento detallado a los proyectos en fase pre operativa e incluir a las APP en la contabilidad nacional (haciendo públicos los contratos).
Para mejorar la eficiencia de estos mecanismos, Roberto Urrunaga, decano de Economía y Finanzas de la Universidad del Pacífico, resaltó la necesidad de mejorar la planificación del Estado mediante planes intersectoriales. Carrillo adelantó que en mayo se hará público el Plan Nacional de Infraestructura Educativa. Con ello, se buscaría mejorar la falta de priorización que existe a nivel estatal en este rubro, pues todos los paquetes APP se han iniciado como iniciativa privada.
Las obras por impuestos se han incrementado en un 81% desde el 2008 hasta el 2014, lo que sugiere que se trata de un mecanismo muy atractivo para las 64 empresas que han participado hasta el momento, en su mayoría mineras, aunque cada vez más se suman las empresas financieras –representando el 36%- como el BCP (en segundo lugar), Telefónica, Interbank o Backus. Los sectores públicos que atraen mayor inversión de este tipo son el de transporte, saneamiento y educación. De las 203 obras comprometidas bajo el mecanismo Obras por Impuestos- hasta marzo de 2016- solo se habían concluido 82, representando el 40% del total de los proyectos. De hecho, es común que los costos de una obra ejecutados por un privado sean más elevados. El economista Humberto Campodónico señaló que las empresas públicas también deberían poder optar a este mecanismo.
Otro de los problemas señalados por Propuesta Ciudadana es que las empresas anuncian inversiones bajo los mecanismos de Obras por Impuestos como parte de su responsabilidad social empresarial con la intención de mejorar su imagen corporativa. Sin embargo, lejos de ser donaciones de la empresa privada, Glave recordó que “son fondos del Estado, porque son impuestos que deja de pagar el privado”.
