Humberto Campodónico
El debate sobre la oportunidad que generan los recursos naturales (RN) para el crecimiento económico tiene ya varias décadas. Durante el gobierno militar de Velasco Alvarado se dijo que los ingresos de Cuajone y Toquepala, así como los provenientes del petróleo de la selva (que saldría por el oleoducto que se estaba construyendo) serían la clave para el desarrollo.
¿Por qué? Porque proveerían la base económica para la industrialización. Así, los RN serían un medio (no un fin) para conseguir el crecimiento con industrialización y valor agregado.
Pero en 1976-77, cuando entraron en valor Cuajone y el oleoducto, el Perú ya atravesaba una fuerte crisis de endeudamiento y de balanza de pagos. El gobierno militar había cambiado de signo y desmontaba las reformas para preparar su salida. Ese nuevo contexto botó al tacho los planes iniciales.
En los 90 la situación cambió completamente. La caída del Muro de Berlín y el derrumbe del stalinismo en la URSS trajo a nuevos actores que también querían inversión extranjera en diversos rubros, entre ellos en RN. Comenzó, entonces, una carrera hacia el fondo del pozo para atraer al capital extranjero. En este “concurso de belleza”, la consigna fue “bajar los impuestos más que el vecino”, una típica “ganancia de competitividad” espuria.
En el Perú fuimos más lejos. La legislación minera rompió con el planteamiento (teórico) del neoliberalismo de “un solo suelo parejo para todos”. En efecto, en el sector minero se permitió el no pago del impuesto a la renta hasta en un 80% si las utilidades eran reinvertidas. Ese beneficio (derogado en el 2000) fue utilizado hasta hace poco (en pleno boom de precios) por empresas como Antamina, Cerro Verde y Yanacocha, debido a sus contratos de estabilidad tributaria.
No solo eso. La estabilidad jurídica y tributaria se aplicó, no solo en minería e hidrocarburos, sino en todos los sectores. Dicha estabilidad fue “blindada” por la Constitución de Fujimori de 1993: el Art. 62 dice que los contratos-ley solo pueden ser modificados por acuerdo entre las partes.
Con la llegada de los extraordinarios precios desde el 2003 por la industrialización del este asiático y de China, las cosas comenzaron a cambiar. El FMI afirmó que los países ricos en RN estaban recibiendo una parte pequeña de los ingresos totales, lo que perjudicaba su crecimiento (ojo, la competitividad espuria provenía de sus recomendaciones anteriores). Agregaban que la estabilidad tributaria ya no tenía mucho sentido y que, además, era discriminatoria contra quienes no la tenían. También propusieron distintos tipos de impuestos, adicionales y progresivos, para captar mejor la renta petrolera y minera.
Pero aquí (1) se puso oídos sordos a todo planteamiento que modificara la predominancia del mercado. El slogan fue: “Perú país minero” y “los privados saben manejar los mercados energéticos”. Donde sí se avanzó fue en la legislación ambiental y de defensa de los derechos indígenas (que hoy se cuestiona).
Solo en el 2004-2005 se promulgó la ley de regalía minera, en gran medida por el impulso de Javier Diez Canseco. En el 2005 y 2006 se debatió el Impuesto a las Sobreganancias mineras. Pero nada. El gobierno aprista optó por “negociar” una contribución voluntaria el —“óbolo minero”— que apenas recaudó US$ 600 millones en 4 años, el 2.5% de sus utilidades declaradas.
En el 2011, con el nuevo gobierno, se volvió a perder la oportunidad, porque el nuevo régimen aprobado solo aumentó marginalmente los ingresos. Y como ya llegó a su fin el “super ciclo” de los commodities, se perdieron miles de millones de dólares en ingresos que, hoy, serían de alta utilidad, como lo dice el propio FMI. Lo peor es que incluso los altos ingresos recaudados fueron mal distribuidos y sin los controles correspondientes (ver www.cristaldemira.com, Invertir o guardar el dinero de los RN, 05/05/2014).
El tema va más allá. Se trata de modificar el modelo actual para reducir la vulnerabilidad inherente a una dependencia excesiva en los RN. Esto significa promover la inversión en capital humano, diversificar la actividad productiva y las exportaciones no tradicionales (que se han comportado mucho mejor que las mineras).
Esto lo dicen ahora todos los organismos internacionales, los académicos y algunos sectores empresariales (generales después de la batalla). Eso es lo que llamamos la “otra década perdida”, pues ni se recaudó lo que se debería ni se inició el cambio estructural hacia la igualdad. La cuestión es que esas políticas se centren en la diversificación productiva de a verdad y no en “leyes pulpines”. No solo eso, que se cumpla con las leyes de preservación del medio ambiente (allí hubo logros), sin saltarse a la garrocha, por ejemplo, la Ley de Consulta Previa. Y también respetando los derechos de las personas (no tumbar sus casas).
En síntesis, no se puede cometer el error de los años 70 ni tampoco creer que los precios bajos son un bache de corto plazo y que el modelo “está bien”. O que basta con una “buena política macro” que reactive la economía. Esa es condición necesaria, pero no suficiente. No es cierto que “salvo el crecimiento todo es ilusión”. Se trata de crecer con actividades adicionales a las existentes, con diversificación y empleo digno. En una palabra, cambio estructural para un crecimiento con igualdad. Salvo mejor parecer.
(1) En otros países de la región sí se realizaron modificaciones para alcanzar una mejor renta petrolera y minera.
La República, 09.02.2015
