Por Alan Fairlie Reinoso
América Latina y el Caribe (ALC) tuvieron una pérdida del 7,4% del PIB, lo cual representa la mayor caída registrada en un solo año. Asimismo, se estima que se perdieron 26 millones de puestos de trabajo. De acuerdo con las proyecciones, la pobreza extrema aumentará entre el 12,1% al 14,6%, en tanto que se estima que la pobreza moderada suba del 11,7% al 14,6%.
Sin embargo, existen previsiones alentadoras para este 2021. De acuerdo con el «Informe macroeconómico de América Latina y el Caribe 2021: Oportunidades para un mayor crecimiento sostenible tras la pandemia»[1], elaborado por el BID, muestra diversos escenarios de crecimiento para la región. El más positivo, con una tasa de hasta 5,2%, mientras que un escenario central se aproximaría al 4,1%. No obstante, problemas como los retrasos con las vacunas o si las mutaciones demuestran ser resistentes a la vacuna, impactarían en estas estimaciones, y el crecimiento solo podría llegar a ser un 0,8%.
Para atender la crisis, los países implementaron paquetes fiscales que en promedio representaron el 8,5% del PIB, aunque algunos solo destinaron el 3% del PIB para tal propósito, dependiendo del espacio fiscal con el que disponían (los déficits se incrementaron en un promedio de 5,3% del PBI). Asimismo, hubo un incremento de la deuda pública, en mayor medida en los países dependientes del sector turístico.
Ante este panorama, para reducir de manera significativa los resultados negativos obtenidos en 2020, es necesario generar una fuerte recuperación, mediante la implementación de reformas que a su vez impulsen el crecimiento a mediano plazo. Por lo tanto, se hace un llamado a los gobiernos a implementar medidas que aseguren la sostenibilidad tanto fiscal, financiera y monetaria. Simultáneamente, son necesarias una serie de reformas fundamentales con la finalidad de mejorar los resultados fiscales, así como estimular el crecimiento apoyando a los trabajadores a establecerse en trabajos formales, respaldando a empresas viables, optimizar la conectividad, desarrollar e invertir en infraestructura sostenible e impulsar el proceso de digitalización. En conjunto, estas medidas y políticas tienen por objetivo no solo fomentar el crecimiento, sino también aumentar la productividad, y el cumplimiento de los compromisos asumidos en las agendas climáticas.
En el caso de los países con impuestos y gasto público elevados, se recomienda generar una mayor eficiencia, a partir de una mejor focalización de los programas sociales de transferencias, así como las políticas de compras públicas, e impulsar la nivelación de los salarios públicos y privados (lo cual podría generar un ahorro promedio del 4,4% del PIB al año). Los países con bajos impuestos, tendrían alternativas para incrementar la recaudación sin poner en riesgo el crecimiento, proponiéndose que, los mayores ingresos fiscales y los ahorros en el gasto se destinen a proyectos de inversión que produzcan altos beneficios sociales e impacten en el crecimiento.
Asimismo, se destaca la necesidad de poner en marcha políticas públicas para mejorar las instituciones fiscales, dado los altos niveles de deuda, a fin de aumentar la credibilidad de la política fiscal y posibilitar la implementación de planes de ajuste de manera gradual, con tasas de interés más bajas que garanticen la sostenibilidad de la deuda. Otro factor importante, será mantener el acceso a los mercados financieros; así como reconstruir los amortiguadores fiscales, restringir la dolarización, y asegurar reservas para disminuir la volatilidad de los flujos de capitales y proteger el acceso fluido a los mercados. Si bien las instituciones financieras internacionales han aumentado sus flujos, en algunos países será necesario recurrir al sector privado para reestructurar la deuda.
De otro lado, se recomienda realizar un riguroso control ante posibles riesgos de refinanciación, además de promover la independencia de los bancos centrales, a la vez que se plantea que estos eviten financiar el déficit fiscal de forma prolongada y asumir el riesgo del crédito privado para no generar mayor inflación e incertidumbre económica. Asimismo, los bancos deben proporcionar una información más certera de los riesgos, a fin de incrementar la confianza en el sector financiero. Y, para mantener la estabilidad financiera, es necesario brinden créditos a empresas que apoyen a una recuperación de la economía de manera sostenible y saludable.
En este sentido, para una dibujar una senda para salir de la crisis sanitaria con tasas más altas de crecimiento que beneficie a todos, son urgentes políticas públicas más eficientes, generar una mayor productividad del sector privado y economías más sostenibles. Por lo cual, las cadenas de valor regional pueden ofrecer oportunidades potenciales a las empresas latinoamericanas. Por tanto se debe garantizar la consistencia de los acuerdos comerciales actuales, y promover políticas que permitan a las pymes insertarse en estas cadenas de valor. De otro lado, es necesario mejorar la productividad mediante la innovación, facilitando la reasignación entre sectores, invertir eficientemente en infraestructura de calidad, adoptar y cumplir con objetivos más ambiciosos para disminuir las emisiones netas de carbono, entre otras medidas que se han planteado desde diversas instituciones y espacios de reflexión.
Es una agenda impostergable para el Perú.
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[1] El presente artículo ha tomado de referencia el siguiente documento: BID (2021) Informe macroeconómico de América Latina y el Caribe 2021: Oportunidades para un mayor crecimiento sostenible tras la pandemia
