Por Humberto Campodónico
Según la reputada consultora internacional Thomson One Analytics, las utilidades de las principales empresas mineras tendrían un panorama color de rosa en el 2010 y, también, en el 2011. Entre ellas están las propietarias de la gran minería en el Perú, como BHP Billiton, Newmont, Freeport, Xstrata y Southern Perú (propiedad del Grupo México).
Hay que agregar que si bien el 2009 fue el año de la fuerte baja de los precios de los minerales (salvo el oro, que nunca cayó), dicha baja no llegó nunca a los precios preboom. Además, ya desde mediados de ese año comenzó la recuperación, la que se mantiene hasta la fecha y que, según Thomson, continuaría en el 2011.
Por esa razón vuelve a plantearse con toda fuerza la necesidad del impuesto a las sobreganancias (ISG) a las empresas mineras en el Perú. Recordemos que, del 2005 al 2009, las mineras más importantes (que aparecen en el cuadro) tuvieron utilidades netas por un total de US$ 19,500 millones (ver “Vuelven las ganancias extraordinarias”, www.cristaldemira.com, 2/4/10).
El ISG fue una promesa electoral del APRA pero, una vez en el poder, lo reemplazó con el tristemente célebre “óbolo minero”, oficialmente llamado Programa Minero de Solidaridad con el Pueblo. Del 2007 al 2010, el “óbolo” ha recaudado S/. 1,788 millones, US$ 616 millones.
Así, el “óbolo” solo ha recaudado una pequeña parte de las utilidades, lo que ha motivado que la mayor parte de las sobreganancias se vayan a las Casas Matrices, mientras que el fisco solo ha recaudado el 30% que corresponde por impuesto a la renta. Si el ISG se hubiera fijado en el 50% de la sobreganancia, el fisco hubiera obtenido ingresos cercanos a los US$ 2,500 millones en el periodo señalado. La cuestión es que el “óbolo” vence este año y, a pesar de los pronósticos brillantes de utilidades que realizan las consultoras internacionales, ya se escuchan voces en el gobierno y (claro está) en las empresas mineras, que plantean la renovación del “óbolo” por 5 años adicionales.
Esta propuesta no debe pasar, por varios motivos. El primero es que el Estado debe recuperar su capacidad de cobrar impuestos (el “óbolo” es recaudado por la empresa, que además decide dónde se invierte). El segundo es que se debe implementar el ISG. El tercero es que, de los S/. 1,788 millones recaudados por el “óbolo” hasta ahora solo se han ejecutado S/. 847 millones (Informe # 021 elaborado por la Comisión Sectorial del MINEM, www.minem.gob.pe).
Agrega Propuesta Ciudadana que, si bien el DS-071-2006-EM establece que “al tercer año de su aplicación debiera realizarse una evaluación sobre el impacto logrado, no hemos encontrado esa información, la misma que ya debiera existir” (¿Se debe negociar un nuevo aporte voluntario?”, www.propuestaciudadana.org.pe).
Por lo expuesto, hay que retomar con fuerza el planteamiento del Impuesto a las sobreganancias mineras, porque los ingresos extraordinarios de los recursos naturales deben formar parte de una política anticíclica que permita financiar las necesidades presupuestales de los próximos años. Es hora de sentar a la mesa a las empresas mineras para renegociar los convenios.
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