El conflicto en torno al proyecto Tía María ha mostrado el fracaso del gobierno para manejar un asunto tan delicado y complejo, lo que resulta especialmente alarmante y clamoroso considerando los antecedentes de Conga y la experiencia misma en el valle del Tambo hace pocos años. Es sin duda el fracaso de un abordaje que cree encontrar salidas «técnicas» y no políticas a los conflictos sociales.
Intentando superar la situación, el gobierno del Presidente Humala ha enviado a cuatro ministros a Arequipa para que expliquen en detalle el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) a la población, que desconoce los pormenores del mismo y no tiene idea de la medida en que éste ha superado las 138 observaciones que la UNOPS hizo al anterior EIA. Dada la coyuntura en el valle del Tambo, los ministros optaron por exponer en una universidad de la ciudad de Arequipa.
Más allá de la contundencia o no de sus argumentos, no deja de ser lamentable que cuatro altos representantes del Estado se vean obligados a hacer una exposición pública que, se supone, la empresa interesada debió hacer a la población en los denominados talleres informativos, como requisito para la posterior aprobación de su EIA.
Como se sabe, la legislación vigente establece como mecanismo de participación ciudadana, la obligación que tiene una empresa de realizar dichos talleres informativos para que losactores involucrados de la «zona de influencia directa» conozcan el proyecto, tanto los beneficios como los riesgos y las medidas que se van a adoptar para mitigar eventuales daños.
La población convocada es la de un ámbito delimitado con criterios técnicos relacionados con las futuras operaciones mineras, dividiendo el territorio de una manera que no toma en cuenta el entramado o estructura económica, social y de poderes existentes, que normalmente entrelazan amplios espacios en donde los actores sociales reproducen su vida cotidiana, excluyéndose a población que, sin vivir en las cercanías del proyecto, va a ser afectada (o percibirá que puede serlo) por este.
Según las normas, la empresa debe poner a disposición del público el documento del EIA, que frecuentemente es un informe de muchos volúmenes y cientos o miles de páginas escritas en un lenguaje técnico y especializado, aunque se contempla la inclusión de un resumen ejecutivo en lenguaje sencillo y accesible. Los interesados deben acceder para ello a una versión digital o a una de las pocas versiones impresas que se pone a disposición, revisarla en un plazo relativamente corto e inscribirse para asistir al evento (controlado por la empresa), a fin de plantear allí sus observaciones que, se supone, deben ser tomadas en cuenta por el Ministerio de Energía y Minas.
Southern utilizó estos procedimientos cuando en diciembre del año 2013 convocó a talleres informativos en la zona de influencia del proyecto, para presentar los resultados de su EIA. La organización de los eventos fue estricta y el acceso de los opositores controlado, encargándose la Policía Nacional de mantenerlos a raya y evitar desmanes. La empresa y el MINEM quedaron satisfechos con los resultados y el EIA terminó siendo aprobado por este último, a pesar de las observaciones presentadas por quienes se oponían.
La confianza en que los talleres informativos habían dado luz verde al proyecto y se había logrado neutralizar a los opositores, no generó mayor preocupación en la empresa ni en el MINEM por procurar que la población del valle (no sólo la de la zona de influencia directa) conociera realmente los detalles del EIA y se informara respecto cómo supuestamente se había logrado el levantamiento de las observaciones efectuadas por la UNOPS, menos aún por instalar una mesa para ir negociando oportunamente inversiones y mecanismos para solucionar eventuales conflictos, y mucho menos todavía por el siguiente movimiento de los sectores opositores en la campaña electoral del 2014. La visita de los cuatro ministros es producto de este grave error político, pero en un contexto mucho más complicado que en diciembre del 2013; quizá sea ya tarde.
Más allá de las maniobras concretas que puedan haberse producido en los talleres, y que los opositores al proyecto juzgan como reales, lo cierto es que el modelo de «participación ciudadana en minería» es bastante restrictivo; las dificultades de la población para acceder a la información, el plazo relativamente corto que se tiene, la organización de los talleres generalmente en manos de la empresa –la que juega también un rol decisivo en la selección de los participantes–, constituyen problemas serios que limitan dicha participación. No hay, además, mecanismos efectivos para asegurar que las observaciones al estudio sean tomadas en cuenta por el MINEM. Tan importante como lo anterior, es que los talleres informativos se limitan a convocar a la población residente en la ya mencionada «zona de influencia directa», excluyendo a otros sectores técnica aunque no social ni territorialmente fuera y que, por tanto, pueden jugar un rol decisivo en la obtención de la licencia social. Justamente, en el caso de Conga, la protesta partió de estas áreas y terminó bloqueando el proyecto y no es de extrañar que población «externa» a ese ámbito participe ahora en las movilizaciones contra Southern.
Por ello, creemos que esta crisis es una buena oportunidad para repensar la normatividad y plantear la necesidad de introducir cambios que permitan una participación ciudadana amplia, efectiva y democrática, reduciendo las fuentes de conflictividad social.
descoOpina – Regional / 17 de abril de 2015
