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Hace unos días se cumplió un año de la aprobación del Ingreso Mínimo Vital (IMV), la medida estrella del Gobierno de España para combatir la crisis social del coronavirus.
Esta ayuda para personas vulnerables, que oscila entre los 461 euros mensuales para un adulto solo y los 1.015 euros para hogares con cinco miembros, llega actualmente a unos 300.000 hogares españoles, con unos 700.000 beneficiarios, de los que el 44 por ciento son menores de edad.
Los datos no satisfacen ni siquiera las previsiones del Gobierno, que cuando aprobó el IMV se marcó como objetivo llegar a los 2,3 millones de beneficiarios en doce meses.
Pese a ayudar a cientos de miles de personas, la implementación de esta prestación está siendo lenta, plagada de trabas burocráticas y, según denuncian algunas ONG, su cobertura es insuficiente.
POBREZA SEVERA SIN AYUDAS
Un informe publicado este miércoles por Oxfam Intermón señala que 1,56 millones de personas en situación de pobreza severa no reciben el IMV por no cumplir los requisitos necesarios para optar a él.
La organización considera que el IMV es una política pública que hace «mejor país» a España, pero destaca que los fallos en su diseño e implementación lo convierten en una herramienta «con limitado impacto en la reducción de la pobreza y la desigualdad».
La previsión de gasto en IMV para este año es de unos 1.500 millones de euros, cinco veces menos de lo que Oxfam estima necesario para acabar con la pobreza severa dado el impacto de la covid-19.
«Es necesario que ninguna familia en situación de necesidad se quede sin protección, y en estos momentos hay en España 597.000 hogares sin ningún tipo de ingreso (…) El gasto previsto para el IMV es muy inferior a las necesidades de los hogares en un contexto en el que la pobreza severa ha aumentado significativamente», explica Liliana Marcos, responsable de políticas públicas de Oxfam.
LA POBREZA NO AVISA
El IMV se determina teniendo en cuenta los ingresos preexistentes de la unidad familiar. Por tanto, la cuantía de la prestación procede de la contabilización de los ingresos previos a la solicitud
Entre los requisitos generales para solicitar el ingreso, además de cuestiones de renta, está residir en España y tener entre 23 y 65 años, aunque se hacen excepciones para mayores de 18 con un menor a cargo o jóvenes que lleven viviendo al menos tres años de forma independiente.
Según denuncia un dossier elaborado por Marea Básica –un colectivo que trata de impulsar políticas de Renta Básica en España– el hecho de que la capacidad económica se calcule respecto a los ingresos de años anteriores «hace que la prestación no sirva para hacer frente a los efectos en el incremento de la pobreza como consecuencia de la pandemia».
Esto se constata en los datos difundidos por Cáritas, que en un comunicado con motivo del primer aniversario del IMV llamaba la atención sobre que solo el 16 por ciento de las familias que acuden a esta organización en busca de ayuda fueron receptoras del IMV en mayo de 2021.
Además, casi la mitad de estas familias, el 48 por ciento, dice no haber recibido suficiente información para tramitar el ingreso. Por su parte, las cifras del Ministerio de Seguridad Social reflejan que de las 1.023.703 solicitudes tramitadas para recibir el IMV se denegaron 747.617, un 73 por ciento del total.
Es decir, se rechazan la mayoría de las peticiones incluso cuando muchas familias vulnerables ni siquiera saben cómo lo pueden solicitar.
LABERINTO BUROCRÁTICO
Las voces expertas piden aumentar la cobertura del IMV, pero sobre todo llaman la atención sobre la necesidad de facilitar su tramitación para que ninguno de sus potenciales receptores quede fuera.
«Los trámites son abundantes y engorrosos para los futuros perceptores; hay que recorrer diferentes organismos públicos para conseguir los documentos solicitados. Y una vez presentada la documentación hay que esperar la resolución de la oficina provincial de la seguridad social (…) La decisión final suele llegar después de varios meses», señalan desde Marea Básica
Además, con la llegada de la pandemia, el uso de la tecnología se ha convertido en una herramienta casi insalvable para cualquier gestión, incluso para pedir ayudas sociales, se tenga o no ordenador y conexión a internet.
En ese sentido, un reciente informe de la Asociación Estatal de Directores y Gerentes en Servicios Sociales (AEDYGSS) recuerda que «el perfil poblacional al que responde el IMV carece habitualmente de las competencias y herramientas digitales necesarias para hacer los trámites desde su casa».
«Todo ello junto, constituye una de las mayores causas del colapso que sufre la prestación: solicitudes con defecto de forma, solicitantes que sin asesoramiento solicitan la prestación sin reunir requisitos para presentarla, incomprensión de lo que la administración les solicita en las subsanaciones, la falta de una respuesta comprensible…», añade el documento de la asociación de funcionarios.
En su año de recorrido, el IMV no logró ser el paraguas social que el Gobierno pretendía. Sin embargo, desde Oxfam Intermón llaman a no menospreciar la potencialidad de este nuevo derecho, porque «con mejor diseño y mayor inversión, el IMV podría cubrir a toda la población que actualmente vive en situación de pobreza severa, es decir, unos cinco millones de personas».
Con información de Sputnik
