La Primera, uno de los pocos diarios que no están empeñados a Palacio de Gobierno y a los intereses chilenos, es objeto de persecución, precisamente por su posición independiente y por decir la verdad sobre los constantes faenones que se perpetran contra los intereses del Perú por parte del gobierno aprista.
¡No a la mordaza!
Por César Lévano
Nuestro diario debe de ser el que más ha nutrido, en los últimos años, los archivos de la justicia. Ayer miércoles he firmado una nueva serie de documentos dirigidos a jueces. Sin embargo, frente a sinsabores y pérdida de tiempo se yergue la solidaridad generosa de los más diversos sectores sociales y políticos.
Prueba palmaria de esto último tuvimos el martes, cuando un plantón se presentó frente al edificio de la avenida Abancay en que funciona parte del Poder judicial. Obreros de construcción civil, mineros, abogados, artistas folclóricos, vecinos de Pueblos Jóvenes, intelectuales, realizaron un mitin concurrido en apoyo de Raúl Wiener, Efraín Rúa y quien esto escribe.
La mañana de ese día se nos había citado para leernos la sentencia en la querella entablada contra nosotros por el ex marino Frank Boyle, titular de la Autoridad Portuaria. Nuestro delito consistía en haber señalado una verdad: Boyle había recibido de Alan García ilegal prolongación de su mandato.
Además, Boyle había entregado el puerto de Grau a intereses Chilenos.
Eran dos verdades de a puño. Exponiéndolas, servíamos el bien mayor de la libertad de información y de opinión, y el interés superior de defender los bienes de la patria. Nos basábamos, además, en el más estricto mandato de la deontología profesional, de la ética del periodismo, que se trasunta en el principio fundacional de la Federación de Periodistas del Perú: Libertad para la verdad, responsabilidad en la expresión.
Que la jueza Carmen Arauco nos convocara para leernos su sentencia indica que Wiener y yo, en el caso Boyle, éramos ya unos condenados.
No sabemos cuál era la condena prevista; pero todo indica que la magistrada se percató de la magnitud jurídica del caso, y de los errores en que podía incurrir. Como es sabido, después de concluida la etapa de instrucción, antes de dictar sentencia, el juez tiene que conceder diez días de plazo a las partes en litigio para que presenten su informe oral o escrito.
La jueza ha reconocido que le faltaba cumplir esa formalidad del debido proceso. Por eso ha aplazado la sentencia.
Aún más, la doctora Arauco ha debido calibrar el hecho de que en diversos sectores de opinión y en más de un organismo cívico existía alarma por la amenaza contra nuestro diario.
Dos principios jurídicos pétreos nos amparan. Uno es el de exceptio veritatis. Esta norma universal indica que si un querellado prueba la verdad del hecho que ha imputado a otra persona, queda libre de condena.
El otro es que el director de un medio no debe ser sometido a juicio por un artículo firmado por otro.
Está claro que los juicios contra nosotros son orquestados desde las alturas (o las bajezas) del poder. Por eso el grito más sonoro en el plantón del martes fue: ¡No a la mordaza!
