Miguel Lévano, del programa de industrias extractivas de Oxfam Perú, afirma que los derrames de petróleo en los ríos Chiriaco y Morona confirman la necesidad de que se garanticen normas ambientales más exigentes y que la información sobre manejo ambiental y social sea pública.
A pocos días del inicio de la VII Conferencia Mundial de la Iniciativa para la Transparencia en Industrias Extractivas (EITI, por sus siglas en inglés), que se realizará en Lima los días el 24 y 25 de febrero, se demanda mayor transparencia.
P.- ¿Qué es el EITI y cuál es la importancia del evento que se celebrará en menos de una semana?
R.- La EITI es un esfuerzo voluntario de transparencia aplicable a gobiernos y empresas de la minería y de los hidrocarburos que surge en 2002, y que opera en 49 países, incluidos más de 20 en los que Oxfam tiene programas de industrias extractivas. Los reportes EITI hasta el momento dan cuenta de 1.847 billones de dólares de ingresos fiscales procedentes del petróleo, gas y de la minería. Es decir, la EITI permite estándares de transparencia en temas como pagos, licencias, transparencia de contratos y transparencia de propiedad efectiva, entre puntos. La iniciativa tiene grandes desafíos como incluir también información social y ambiental. Perú fue el primer país de Latinoamérica que suscribió este acuerdo, y está calificado, como uno de los mayores cumplidores al publicar la información sobre los pagos de las empresas y lo que se recibe en impuestos que, hasta entonces, era información reservada. Sin embargo, ello no ha podido prevenir el debilitamiento de la institucionalidad ambiental y social.
P.- Parece difícil creer que el Perú lidere la lista de transparencia en el sector extractivo en la región…
La EITI Perú está por publicar su quinto reporte de transparencia, con la participación hasta el momento de 63 empresas que autorizan la revisión de sus cuentas voluntariamente (al menos parcialmente). Sin embargo, la información proporcionada por las empresas peruanas es insuficiente, no está desagregada, ni se detallan los costos empresa por empresa y por proyecto. Cuando se mira detalladamente, a veces hay diferencias entre lo que entrega la empresa y lo que recibe el Estado. No se puede verificar si lo que pagan es lo justo, o si utilizan mecanismos contables o costos para declarar menores utilidades. Como país, tenemos muchos desafíos en materia de transparencia.
P.- ¿Cuáles son las demandas que plantea Oxfam para mejorar la transparencia?
R.- Por una parte, información más completa en el tema fiscal. Además, es clave que se transparenten aspectos más allá de los tributos que se pagan. Es necesario conocer, por ejemplo, cuánto se está invirtiendo en la gestión ambiental y social; es decir, si las empresas están cumpliendo con los compromisos de inversión ambiental y social, si están pagando o no las sanciones impuestas. Recientes investigaciones periodísticas e informes oficiales muestran cómo a diversas empresas se les redujeron y perdonaron, incluso, multas por infracciones ambientales, las mismas que superarían los 55 millones de soles no cobrados, tanto en minería como hidrocarburos. También es necesario conocer si las empresas están cumpliendo con los compromisos establecidos en los Estudios de Impacto Ambiental (EIA). El seguimiento de esta información ayudaría en la prevención de los conflictos, tomando en cuenta que la tercera causa de conflictividad en el país se debe al incumplimiento de compromisos.
Como Oxfam estamos apoyando el esfuerzo de un conjunto de instituciones de sociedad civil del Perú bajo la premisa que “la transparencia, el acceso a la información, una adecuada gestión ambiental, la participación ciudadana, el respeto al derecho de los pueblos indígenas, la rendición de cuentas y los compromisos internacionales en materia de las industrias extractivas son fundamentales para que el desarrollo de actividades extractivas se haga sobre la base del respeto a los derechos humanos, trabajo digno, la sostenibilidad ambiental y la vigencia del derecho de consulta y consentimiento de las poblaciones indígenas y locales en general”.
P: En el actual escenario de caída de precios de los minerales ¿se reducen también los estándares de transparencia impulsados por el EITI?
Efectivamente, el escenario internacional de precios está generando que una parte del sector privado y de la clase política presionen para reducir las exigencias socioambientales, y la transparencia, bajo la premisa que ello ayudaría a no ahuyentar la inversión. Por tanto, lo logrado hasta ahora con la EITI está en riesgo, así como la normatividad ambiental que se ha ido construyendo en estos años.
Esto es lo que está pasando justo en Chiriaco y Morona. Además de la remediación y atención a la urgencia, hay una preocupación por la sanción, pues si se aplica la Ley 30230 (una de las piezas centrales del paquetazo ambiental) lo más probable es que terminen perdonándoles o reduciéndoles la multa que le correspondería pagar en este caso a PetroPerú. Y Bagua, donde se ubica Chiriaco, vuelve a llamarnos la atención en el mismo tema: la debilidad de las garantías ambientales.
Esta conferencia EITI es importante para asegurar que no se debilite lo logrado en términos de transparencia de información, y más bien, vayamos hacia un camino de abrir la transparencia a otros ámbitos como lo ambiental y social. Pero además, para el Perú tiene un valor adicional, porque nuestro país ha sido tomado como el llamado “milagro económico” por el crecimiento mostrado por las cifras económicas, los esfuerzos en marco normativo y cumplimiento en iniciativas como la EITI; por eso se le eligió como sede para la reunión del Banco Mundial en octubre pasado y ahora como sede de la EITI. No obstante, hay un lado de ese milagro que no se ve: no se tienen en cuenta los riesgos a los que nos está empujando la reducción de exigencias y debilitamiento de las instituciones ambientales y sociales, y derechos como la consulta previa.
P.- Los empresarios señalan la ‘tramitología’ y la ‘permisología’ – o el exceso de trámites- como uno de los principales obstáculos para la inversión. Bajo esta lógica, se aprobaron los paquetazos ambientales, como la Ley N°30230. ¿Qué evaluación realiza de estas normas?
R.- Se acusa a las poblaciones, comunidades y organizaciones sociales de generar conflictos que suspenden o espantan las inversiones, y además, de que los trámites alejan importantes proyectos. Pero aquí no hablamos de simples trámites, sino de derechos que tienen las comunidades indígenas, u otras poblaciones, frente a proyectos que pueden afectarlos.
La Defensoría del Pueblo analizó varios casos donde se habían detenido proyectos de inversión, y determinó que principalmente estos se suspendían por decisiones internas de la empresa. Es decir, la postergación de la inversión no era ni por los trámites ni por la oposición. Estas decisiones se veían influidas por la caída de los precios de los minerales en el mercado internacional. Entonces, los paquetazos ambientales no van a cambiar un escenario económico donde las reglas las pone el mercado. Además, después de dos años de implementación de los paquetazos, se puede ver que esas medidas no empujaron las inversiones. Tener reglas e instituciones débiles puede, por el contrario, terminar generando más conflictos y eso sí ahuyenta la inversión.
P.- ¿Qué impacto tienen los ‘paquetazos ambientales’ social y ambientalmente’?
R.- Se ha retirado o reducido competencias de instituciones ambientales importantes como el OEFA y el MINAM. Se reduce a la mitad las multas que aplica el OEFA. Se disminuye el plazo de evaluación y aprobación de EIAs, sin otorgarle mayores recursos o capacidades para garantizar buenas instrumentos de gestión ambiental que eviten daños y conflictos. Se estableció un procedimiento de 15 días para la modificación de varios componentes de los proyectos de inversión a solicitud de su titular. Estos cambios están dando origen a conflictos sociales, como el ocurrido recientemente en la provincia de Cotabambas-Apurímac en torno al proyecto Las Bambas, que costó la vida de 4 personas y decenas de heridos recientemente.
Todo ello muestra como estos paquetazos ponen en riesgo no solo a las comunidades campesinas y pueblos indígenas, sino la misma sostenibilidad de los proyectos de inversión que pretenden promover.
P.- ¿Por qué dice que la consulta está en riesgo? El Perú es el primer país con una norma para su aplicación, ¿no es ese un buen avance?
Es cierto, la ley de consulta fue un gran avance. Una reivindicación sobre los derechos de los pueblos indígenas, tras una historia de exclusión. Permitió colocar la agenda indígena en la atención pública. Los ánimos y compromisos, con el nuevo gobierno, parecían mostrar un nuevo camino. El supuesto -en tiempos de crecimiento de la conflictividad social principalmente relacionada a las inversiones en industrias extractivas- era que este derecho ayudaría a canalizar las demandas sociales.
Sin embargo, la implementación encontró resistencias y postergaciones. Dos años después de aprobada la ley, se implementa el primer caso de consulta por un caso de competencia regional, y cuatro años después, un primer caso en minería. Las resistencias al reconocimiento de este derecho se vieron en la postergación de la publicación de la base de pueblos indígenas, y a la negativa de incluir a pueblos andinos.
Pero otro elemento es cómo se está aplicando la consulta. Hay que recordar el anunció del Gobierno de implementar el primer proceso de consulta en el lote 1AB (actualmente 192) anunciado en agosto 2012, para renovar el contrato petrolero en las cuencas de los ríos Pastaza, Corrientes, Marañón y Tigre en la región amazónica de Loreto, con 40 años de actividad. Al final, esta consulta recién se implementa entre mayo y agosto 2015, sin lograr los acuerdos esperados, lo que generó protestas posteriores y tres procesos de diálogo adicional para atender parte de los temas centrales de estos pueblos.
Desde Oxfam hemos puesto en marcha un pedido de recolección de firmas en Internet para que los candidatos se comprometan a defender nuestro medio ambiente mediante el fortalecimiento de los Ministerios del Ambiente y Cultura y la mejora en la implementación de la consulta previa.
P.- Los precios de los minerales han caído y evidencian que estamos ya en una época de ‘vacas flacas’. ¿Están entendiendo los candidatos políticos el momento económico que se vive?
R.- Hemos crecido estos últimos 15 años sobre la base de la extracción, principalmente de minerales. Entonces, estamos pensando qué proyectos entran al país para incrementar la caja fiscal. Esa dependencia no se está abordando directamente en los planteamientos de los candidatos, que siguen pensando en qué proyectos son los que van a sacar adelante y se vuelve a mirar los dos principales pendientes: Conga y Tía María. Se les ve como las esperanzas para inyectar dinero al país, lo cual es un error porque la minería no puede ser nuestra única fuente de ingresos. Tenemos que apostar por la diversificación productiva. Y de hecho, lo que menos se hizo durante los años de auge fue invertir en otros sectores como el turismo, la agricultura, manufactura o textiles. Esa es la gran deficiencia de muchas de las plataformas políticas actualmente: sus planteamientos son bastante débiles sobre cómo enfrentar este momento, donde debemos dejar de pensar en la minería como la única fuente de ingresos, y mirar la diversificación productiva.
