Tras el retiro de la confianza a la ex procuradora Katherine Ampuero, Ramírez fue llamado para encabezar la Procuraduría ad hoc para el caso “Lava Jato”, una de las investigaciones por corrupción más grandes de América Latina. En exclusiva para La República detalla el trabajo que viene realizando para lograr la mejor reparación a favor del Estado.
En la Procuraduría ad hoc encontramos 43 casos judiciales y, de estos, 9 estaban en investigación preparatoria. Sin embargo, en un solo caso se había solicitado la incorporación del tercero civil responsable en el proceso. Es decir, de los 9 casos solo en uno se pidió que la empresa Odebrecht forme parte del proceso. Y en otros se hizo de manera tardía. En dos meses de gestión, hemos pedido que se incorpore en 6 procesos no solo a Odebrecht, sino también a OAS, Camargo y Correa y otras compañías, tanto brasileñas como nacionales.
—¿Qué empresas?
Por razones de reserva no puedo mencionarlas.
—¿Qué se busca al incorporar a estas empresas como tercero civil responsable?
Uno de nuestros propósitos es cobrar la reparación civil. ¿Cómo vamos a cobrarla si no se había solicitado que estas empresas sean incorporadas al proceso? Desde el punto de vista judicial, las empresas deben estar dentro del proceso para que puedan pagar una reparación civil. Y esto solo se hace en la investigación preparatoria.
—Exdirectivos y exfuncionarios involucrados en el caso Lava Jato acogidos a la colaboración eficaz en Brasil entregaron información sobre Perú. ¿Sabe si la Fiscalía ha solicitado dichas manifestaciones?
Esa información se mantiene en reserva. La Fiscalía está trabajando en eso, es competencia plenamente del Ministerio Público.
—El diario El País reveló pagos de coimas en la Banca Privada de Andorra, cuentas que no había declarado Jorge Barata. ¿Cree que él no ha dado toda la información sobre Perú?
No puedo caer en especulaciones sobre el señor Barata, sobre todo si se trata de información que está siendo materia de corroboración. Lo más importante es que no vamos a permitir que no reparen el daño causado.
—¿Cuál es el monto establecido para las reparaciones?
En la gestión anterior al momento de constituir al Estado como actor civil, se presentó 287 millones 444 mil 578 soles, pero era una cifra provisional. Nosotros solo en dos casos hemos fijado el monto de la reparación. En el caso Gasoducto I (a cargo de las empresas Odebrecht, Enagás y Graña y Montero), que se encuentra en etapa intermedia, pedimos que pague 1,480 millones 866 mil 273 soles (de reparación) y, en el caso de la carretera Chacas-San Luis (a cargo de Odebrecht), solicitamos 248 millones 834 mil 452 soles. Estos montos son de carácter definitivo porque se han fijado en etapa intermedia.
—¿Quiénes están involucrados en estos casos?
En el caso del Gasoducto I el proceso está dirigido contra dos personas naturales –el presidente del comité especial y el representante del consorcio– pero involucra al consorcio de Odebrecht, por lo tanto estamos solicitando la incorporación de esta empresa. En el caso de Chacas no podemos dar más detalles porque se trata de una colaboración eficaz.
—Si no se incorpora a Odebrecht al proceso, ¿quién correrá con la reparación?
Esta reparación está fijada por todo el proyecto, se lo podemos pedir a las personas involucradas en este caso, y también hay otro que denominamos Gasoducto II, que está en etapa preliminar y que es contra los otros miembros del comité: ahí vamos a fijar estos montos.
Son reparaciones exorbitantes. ¿Odebrecht podrá pagar?
Odebrecht todavía tiene activos en nuestro país, sabemos que la hidroeléctrica Chaglla está a punto de venderse, que Olmos está a punto de venderse, que en cualquier momento se va a transferir. Odebrecht tiene bienes en nuestro país, pero hay que buscar los mecanismos para retener estas ventas y que quede como parte de la reparación civil.
—¿Para este fin sirve el Decreto de Urgencia N.º 003?
Desde nuestra visión sí funciona, tanto así que el jueves pasado el Pleno del Congreso aprobó en primera votación un proyecto de ley que modifica al decreto de urgencia fortaleciéndolo y perfeccionándolo, porque ha considerado que este decreto es válido. Es falso que deja el camino libre a Odebrecht para que solo venda y se vaya. Al contrario, Odebrecht puede vender pero el dinero que les paguen por esas ventas se queda en el Perú. El Ministerio de Justicia ya ha indicado que gracias a este decreto de urgencia se han retenido aproximadamente 21 millones de soles que se mantienen cautelados hasta que se fije de manera definitiva el monto de la reparación civil.
—¿Este decreto de urgencia también se aplica a empresas nacionales?
En este momento todavía no hay ninguna empresa nacional que esté sometida a este decreto de urgencia, pero estamos trabajando en una estrategia que permitirá la incorporación de empresas nacionales.
—¿La Procuraduría ad hoc también ha presentado medidas cautelares que permitan el embargo de bienes e inmuebles de las empresas investigadas?
En estos dos meses de trabajo se han presentado 23 nuevas medidas cautelares ante los juzgados respectivos, con el fin de embargar 82 bienes, entre muebles e inmuebles de los procesados, tanto de personas naturales como jurídicas. En total se han logrado 13 millones 32 mil 675 soles más de reparación civil a través de medidas de embargo inscritas en Registros Públicos, que se suman a los 26 millones 497 mil 68 soles que encontramos cuando asumimos el cargo. No es poco.
Fuente La República, 08.10.2017
