Desde el año 2006, la Contraloría General de la República inició una investigación a la gestión de Perupetro respecto al proceso de contratación del Lote 56 de Camisea, que concluía en que dos ministros e importantes funcionarios del gobierno de Alejandro Toledo perjudicaron al país permitiendo que se exportara el gas aunque se deje al Perú sin este importante combustible.
El documento estuvo en calidad de “confidencial” durante casi un año, pero EXPRESO accedió a él, pudiendo observar que el primer punto de la Síntesis Gerencial señala que para la suscripción del acuerdo no se tomó en cuenta el Informe Técnico Económico Legal CONT-GFNE 858-2004. Entre las irregularidades que se establecieron en el contrato se precisan:
–Metodologías para porcentajes de regalía, contraviniendo lo dispuesto en el Reglamento para la Aplicación de la regalía y Retribuciones, especificados en el DS 049-93-EM, del 12 de noviembre de 1993.
–Regalías por hidrocarburos superiores a los límites de la Ley Orgánica de Hidrocarburos, así como al reglamento referido.
–Valor de 6.40 dólares por medida de gas, cuando según el informe previo de Contraloría, la cifra no debía superar los US$ 2.88.
–Términos no previstos en la Ley de Hidrocarburos, ya que se permite al contratista mantener la propiedad de bienes que deberían revertir al Estado, una vez culminado el contrato.
Estos puntos son calificados literalmente como “aspectos que evidencian falta de motivación y razonabilidad de las decisiones adoptadas y que redundaron en contra de los intereses del Estado”. Este contrato fue refrendado por Jaime Quijandría Salmón y Pedro Pablo Kuczynski, ministros de Energía y de Economía, respectivamente, mediante el DS 033-2004 del 25 de agosto del año 2004.
Quijandría y Kuczynski
El informe continúa señalando “hechos identificados que, por la modalidad adoptada, nos permiten señalar que nos encontramos frente a indicios razonables de la comisión de delitos de abuso de autoridad, omisión, rehusamiento o demora de actos funcionales y aprovechamiento indebido de cargo, también denominado negociación incompatible con el cargo; previstos y penados en los artículos 376, 377 y 397 del Código Penal”.
Finalmente, se acusa directamente como “partícipes de los hechos” a Quijandría y a Kuczynski de abuso de autoridad. Comprendidos en este delito, y en el de omisión de funciones, figuran Antonio Cueto (presidente de Perupetro al momento de la negociación), así como José Abramovitz, Wilfredo Salinas, Gustavo Navarro y Luis Ortigas (miembros del directorio de Perupetro).
Los otros funcionarios acusados son José Chávez (gerente de Contratos), Rodolfo Stûmpfle (gerente general), José Coz (presidente de la comisión negociadora del lote 56), al igual que Lucio Carrillo, Julio Icaza y Liliana Callirgos (miembros de la comisión), por los delitos anteriores, así como por negociación incompatible con el cargo.
Datos de interés
-Lucio Carrillo y Liliana Callirgos también habrían participado en la concesión de lotes petroleros a la empresa Discover Petroleum, asociados con Rómulo León Alegría, según denuncia penal del Ministerio Público.
-Cuando se licitó el Lote 56, Perupetro no le exigió al extractor de gas —el Consorcio Camisea— ningún requisito de inversión para que busque nuevas reservas de gas. Solo tenía que desarrollar las reservas ya descubiertas (por las cuales no invirtió un centavo) y llevárselas a México.
CÉSAR ROJAS
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