Crisis energética y el fracaso del libre mercado

Por Humberto Campodónico

“Actualmente resulta claro que el Perú no tiene un conjunto de políticas explícitas en materia energética. Desde que ocurrió el cambio de modelo económico de desarrollo mediante la apertura del mercado, las empresas del sector energía, privadas en su mayoría, han implementado una política de negocios, pero no una política energética coherente a nivel nacional, en tanto cada una de ellas toma sus decisiones en base a su propia estrategia empresarial”.

¡Qué paradoja! Durante años se le dijo a la población que con la llegada del gas de Camisea, todos los problemas energéticos estaban resueltos. Como había tanto, pero tanto gas, éste tendría como misión principal generar electricidad en las plantas térmicas, sustituyendo a la generación hidroeléctrica (durante algunos años se llegó, incluso, a prohibir su construcción).

No solo eso. Había tanto, pero tanto gas, que se permitió su exportación a México por el consorcio Peru LNG. Para poder hacerlo, en el Congreso —bajo Toledo— se cambió toda la legislación vigente, que obligaba a garantizar el abastecimiento de la demanda interna con un horizonte permanente de 20 años. El Congreso actual debe determinar quiénes son los responsables.

El IF nos dice, con una consistencia técnica rigurosa, que no es conveniente que el gas se use mayoritariamente para centrales térmicas —como ahora— y que no debemos depender de una sola fuente energética. Además, dice que las reservas de gas (ya sean estas de 11.8 o de 14.8 TCF) no alcanzan para el abastecimiento del mercado interno.

El IF analiza cuatro políticas alternativas. La primera dice que si el problema es de falta de reservas, eso se resuelve con mayores descubrimientos de gas que aumenten la oferta (o sea, aquí no pasa nada). La segunda dice que, incluso si no hay una mayor oferta, el Perú debe seguir usando su infraestructura de gas, para lo cual “se deberá importar Gas Natural Licuado (y construir una Planta de Regasificación) o prohibir la exportación” (p. 16). ¿Se imaginan construir una planta de regasificación, como la de Chile, que cuesta US$ 1,100 millones, mientras se exporta gas a México?

La tercera: como no hay gas para todos, hay que optar por una subutilización de la red existente dejando que sea el mercado el que asigne cantidades a los distintos consumidores de gas (centrales térmicas, industria, petroquímica). Dice el IF que, con las actuales reglas, “es muy posible que sean los generadores eléctricos los que capturen el gas disponible” (p. 26). Eso no es lo que se quiere.

La cuarta consiste en “organizar el suministro de gas a los sectores que la autoridad considere como prioritarios a corto y mediano plazo, definiendo un Plan de Expansión Eléctrico no basado en cantidades crecientes de consumo de gas natural” (p. 27). El IF prioriza esta alternativa y dice que se debe tomar en cuenta la hidroeléctrica (con Brasil), las fuentes alternativas de energía e, incluso, el carbón.

Dice el IF que la actual política energética intenta minimizar el grado de participación del Estado. Sin embargo, si a pesar de dar incentivos y señales claras al sector privado las inversiones no se materializan (alternativa 4), “entonces el rol del Estado como empresario no debiera ser descartado como moderador del mercado y para garantizar el suministro de energía con sustentabilidad” (p. 30).

Conclusión: han fracasado las políticas del libre mercado, que impulsan los negocios de empresas particulares, mas no la seguridad de suministro de energía y su uso eficiente. Se necesita un Plan Energético nacional donde el Estado defina las prioridades de corto, mediano y largo plazo, para lo cual no se descarta el rol del Estado como empresario (para nosotros eso es indispensable). Manos a la obra, ya.

(1) El estudio ha sido realizado por CENERGIA (una institución peruana autónoma, en cuyo directorio están representados los sectores público y privado), la Fundación Bariloche de Argentina y la Gerencia Adjunta de Regulación Tarifaria (GART) del Osinergmin.