¿Se cayó la petroquímica de Marcona?

Por Humberto Campodónico

“Es muy difícil que salga adelante el complejo de nitrógeno de Marcona propuesto por CF Industries —empresa de Illinois que produce y distribuye fertilizantes— debido a la incertidumbre sobre la infraestructura (gasoducto Pisco-Marcona) y a los bajos precios del gas natural en los EE. UU. Eso dijo el presidente de CF Industries, Stephen Wilson, al anunciar los resultados del IV Trimestre del 2010” (BN Américas, 21/02/2011).

No solo eso. El uso del gas en la PQ es mucho más conveniente que exportarlo en bruto, como se hace ahora. Un complejo de fertilizantes de amoníaco, nitrato de amonio y úrea generaría ingresos de US$ 11,500 millones, 5.75 veces más que la venta del gas bruto (US$ 2,000 millones). Además, dejaríamos de importar US$ 479 millones en plásticos y fertilizantes (www.cristaldemira.com, 18/04/2007).

El porqué de los problemas tiene una explicación central: la virtual ausencia del Estado. Veamos primero el tema precios.

En el 2007 el Consorcio Camisea que explota el Lote 88 realizó una licitación para vender gas natural a una empresa PQ. CF Industries lo ganó y comprará 99 millones de pies cúbicos diarios a precios entre US$ 3,00 y US$ 6,50 por millón de BTU (MMBTU), según las variaciones del precio internacional del gas natural.

Para CF Industries este precio era bastante bueno, considerando que en los EE. UU. el precio del gas natural en el 2007 y el 2008 fue US$ 7.80 y 9.42 por MMBTU (Memoria CF 2009). Agrega CF que el gas representa cerca del 60% del costo total de producción de los fertilizantes.
Pero sucede que desde el 2008 hasta ahora, el precio del gas natural en los EE. UU. ha bajado (está en US$3.80/MMBTU) y los pronósticos indican que no va a moverse. Por razones obvias, a CF ya no le cuadran los precios pactados en el 2007. 

Otro tema es la disponibilidad de gas. La expansión del gasoducto Camisea-Pisco que debe realizar TGP aún no se concreta, entre otros motivos por el conflicto sobre la ruta escogida: la población no quiere que el gasoducto pase por el Santuario de Megantoni. Esto no solo afecta a CF, sino también a Lima.

Otro tema es la construcción del gasoducto Pisco-Ica-Marcona por la colombiana Congas —con una inversión de US$ 280 millones— que ya ha presentado su Estudio de Impacto Ambiental. Aquí el problema se deriva del anterior: si no se amplía la capacidad del gasoducto de TGP, entonces ¿qué gas se va a transportar? A eso se debe seguramente la incertidumbre de CF.

Volvamos a la ausencia del Estado. Una industria naciente tan importante como la PQ ha tenido un impulso inicial de las empresas estatales en toda la Región, que también ha considerado Asociaciones Público-Privadas entre empresas estatales y privadas.

Pero en el Perú las empresas privadas se encargan “de todo”, a lo que se agrega que el Estado no posee una sola molécula de gas y tampoco puede orientar su uso. Si el impulso a la PQ fuera prioridad nacional —como lo fue la Carretera Interoceánica o la construcción del Terminal de LNG en Quintero, Chile— otra sería la situación, incluso con los actuales precios en los EE. UU.

Para terminar, hay algo que no dijo Stephen Wilson: que el proyecto de PQ (más pequeño) del Grupo Brescia con la chilena Sigdo Koppers sí podría salir adelante. ¿Dónde se va a construir esa planta? No en Ilo ni en Marcona, sino en Paracas —donde llega el gas—, que hace poco también obtuvo el rango de “polo petroquímico” (ya tenemos tres “polos”). Da para darle muchas vueltas a todo este asunto, que merece estar en el tope de la agenda en esta campaña electoral. Salvo peor parecer.

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