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Lourdes Gómez
Las tarifas domésticas de gas y electricidad suben en Gran Bretaña, en un 12 por ciento como promedio, a partir del 1 de octubre, en plena crisis del sector que ya ha causado la quiebra de diez compañías suministradoras de energía, desde el 9 de agosto.
Se trata, de momento, de pequeños y medianos operadores, con más de 1.7 millones de clientes en su conjunto, que no han podido hacer frente al fuerte incremento del precio del gas, en torno al 324 por ciento respecto al año anterior y del 68 por ciento en las últimas cinco semanas.
Pero no son las únicas bajas corporativas que se anticipan en un campo que se privatizó a partir de 1989 y que está regulado por la Oficina del Mercado de Gas y Electricidad (Ofgem, por sus siglas en inglés) y otros entes estatales.
CONSOLIDACIÓN FORZADA
Ellen Fraser, socia en la asesoría Baringa, anticipa una «importante consolidación» del sector en la que «muchos pequeños suministrados probablemente fracasarán y con el riesgo de que algunas de las grandes marcas también dejen de operar mercantilmente».
La consultora estima que hasta 39, de los 49 operadores activos actualmente, podrían retirarse del mercado en los próximos doce meses, dejando la distribución de gas y electricidad hasta los hogares de Inglaterra, Gales y Escocia bajo el control de los diez grupos más establecidos, como British Gas, EDF Energy y Scottish Power, entre otros. Irlanda del Norte opera independiente del resto del Reino Unido.
«La escalada de precios no va a disminuir significativamente a corto plazo», advierte Fraser en su blog, subrayando entre los factores contribuyentes a la crisis el bajón en energía renovable eólica (se están experimentando menos temporales de viento que el año anterior) y a depósitos de gas en Europa por debajo de los niveles usuales en esta época el año.
TARIFAS EN ALZA
La crisis coincide con el nuevo techo de tarifas que las compañías energéticas pueden cobrar a nivel doméstico. La subida afectará a unos 15 millones de hogares- casi la mitad de la población– que verán un aumento de su factura básica dual (gas y electricidad) de entre 140 libras y 150 libras (unos 190 y 200 dólares) cada mes a partir del 1 de octubre.
Entre ellos estarán también los clientes de las empresas quebradas, que afrontan costes contractuales más elevados bajo el nuevo proveedor. Son los llamados consumidores «huérfanos», a los que Ofgem adjudica automáticamente un suministrador alternativo, que únicamente está obligado a respetar el máximo legal, de 1.277 libras al año como tarifa promedio.
La ONG Citizen Advice, que media a favor de la ciudadanía en cuestiones de energía, calcula que este grupo pagará unas 348 libras adicionales al año.
«El aumento de precios de la noche a la mañana será un shock para el millón largo de hogares cuyas compañías energéticas se han declarado en quiebra», señaló la directora de la ONG, Clare Moriarty, al tiempo que urgió al Gobierno y a Ofgem a garantizar ayudas de emergencia a las familias con rentas bajas. Las clases menos pudientes encaran la «tormenta perfecta» de altos precios de la energía doméstica y la cesta de la compra con la abolición de un subsidio mensual introducido durante la pandemia, el fin del mecanismo de protección del empleo y una subida de la contribución social que el Estado carga a todos los trabajadores.
SIN RESCATE ESTATAL
«Nuestra prioridad es asegurar el suministro de energía de los consumidores y proteger el saldo de sus cuentas cuando un suministrador abandona el mercado. Tenemos sistemas robustos para asegurarlo», indica Ofgem. El ente estatal intenta lanzar señales claras sobre la estabilidad del mercado energético que evite el pánico que se ha desatado entre los conductores desde que se desvelaron problemas de suministros de combustible a las gasolineras de Gran Bretaña. Pero también descarta un plan de rescate corporativo porque, según afirma en su portal, «el Gobierno ha dejado en claro que no va a sostener empresas fallidas».
En cambio, el Ejecutivo conservador intervino recientemente para mantener a flote dos fábricas de fertilizantes del grupo estadounidense CF Industries, que producen gas CO2 esencial en la industria cárnica, de debidas y empaquetado de productos.
MIEDO AL APAGÓN NACIONAL
El ministro de Negocios, Energía y Estrategia Industrial, Kwasi Kwarteng, trató de cortar de cuajo las voces «alarmistas y erróneas» que proyectan un retorno del panorama devastador que se extendió por Reino Unido tras la crisis petrolera de la década de 1970.
«No se trata de ninguna manera de que las luces se apagarán y la gente no podrá calentar sus hogares. No habrá una semana laboral de tres jornadas ni un retroceso hacia los años de 1970», zanjó el ministro en la Cámara de los Comunes del Parlamento de Westminster.
A su vez, el jefe de Gobierno, Boris Johnson, achaca la crítica situación al «despertar de la economía mundial después del Covid», que está causando «problemas a corto plazo, no solo en Reino Unido, sino alrededor del mundo». Emma Pinchbeck, directora de UK Energy, principal asociación de la industria energética, reconoce que «no hay soluciones fáciles, pero proteger a los consumidores ha de ser la prioridad de todos».
Ofgem podría designar a un «administrador especial» para que tome las riendas si cae una de las grandes empresas energéticas o la industria agota su capacidad para absorber más consumidores domésticos de sus competidores de menor tamaño y menos recursos para aguantar la escalada de precios en el mercado al por mayor de gas.
Con información de Sputnik
