por Herbert Mujica Rojas
hmujica@suisse.com octubre-2002
Camisea es la mayor esperanza energética del Perú, el negocio se estima, con valor agregado, en algo así como US$ 300 mil millones de dólares y el controvertido contrato de concesión fue firmado por el gobierno transitorio de Valentín Paniagua en noviembre del 2000. Algo que ni siquiera el régimen de Fujimori se atrevió a hacer.
Técnicos de Pluspetrol han calificado la comida que se da a los trabajadores como de "basura". Ha poco 40 intoxicados graficaron esta circunstancia que tiene a la empresa Sodexho, proveedora de la alimentación, en el ojo de la tormenta. Esta "comida para perros" como ha sido calificada, no conserva los estándares mínimos nutricionales que garanticen una adecuada alimentación.
El asunto alcanza grados de escándalo porque el gerente general adjunto de esta transnacional francesa, Sodexho, es nada menos que Martín Quijandría, hijo del inefable ministro de Energía, Jaime Quijandría Salmón, el mismo que formara parte de la primera Copri que comenzó el descuartizamiento de Petroperú durante la administración privatista de Kenya Fujimori.
Por "ahorro" según ha insinuado Pluspetrol, el gasoducto pasará directamente por Ayacucho y no llegará a Quillabamba, esfumando, como por arte de magia, el anhelado sueño termoeléctrico de ese castigado pueblo cusqueño.
La población de Quillabamba ha reaccionado indignada ante semejante postura: el gas de Camisea debía —y esa era una condición indispensable— favorecer a los pobladores del Cusco. Sin embargo, no va a ser así porque la empresa argentina así lo ha dispuesto con la complicidad —real o aparente— de las autoridades del ministerio de Energía y Minas que se hacen de la vista gorda.
Por tanto, la anhelada esperanza de una autonomía energética del Cusco, queda abortada porque hay malas empresas que presumieron de gran continente económico que no quieren construir el ramal hacia Quillabamba por razones mezquinas como censurables.
Si esto es así, ¿cómo es que el Estado peruano permite que Pluspetrol esté a la caza desesperada de financiación por parte del Banco Interamericano de Desarrollo? Según el ministro de Energía, Jaime Quijandría, los primeros US$ 70 millones de dólares serían entregados a esta firma en el primer trimestre del 2003 porque ya habrían sido superados las diferencias referidas al medio ambiente y a las comunidades indígenas.
Pocos meses atrás, el BID, donde labora la funcionaria brasilera Elizabeth Britto, trajo a una numerosa delegación de dirigentes machiguengas a lo que denominaron audiencia sobre Camisea. ¿Será suficiente esto como para que el BID conceda US$ 70 millones de dólares a una empresa que —a ojos vista— carece de capital? ¿Y contra qué garantías presta el BID a Pluspetrol? ¿No será que estamos ante un viejo esquema que involucra al Perú como país garante hasta de una quiebra ajena que nos deja con el muerto al hombro?
Sin embargo, aquí en el Valle de La Convención, no parece que las condiciones del medio ambiente sean las más propicias para los trabajos que ha emprendido Pluspetrol. La tala de árboles no tiene ningún tipo de control; los helicópteros llegan mañana, tarde y noche a los campamentos y producen un ruido que ahuyenta a la fauna y empiezan a producirse riñas y peleas entre peruanos y los numerosos argentinos, colombianos y chilenos, traídos a trabajar con facilidades extrañas a esta zona selvática. ¿Cómo así el ministro Quijandría puede tan alegremente decir que el BID ya ha aprobado el préstamo a Pluspetrol cuando esta empresa incumple con requisitos básicos?
Gran parte de los residuos provenientes de los trabajos diversos que aquí se llevan a cabo van a dar a los ríos de la zona. No hay ningún tipo de tratamiento, en buen romance, las aguas ribereñas empiezan a sentir el paso de la civilización y no el mejor de ellos porque comienzan a contaminarse.
En los campamentos las condiciones de salubridad brillan por su ausencia. No hay vacunas, no hay campañas de información, la suciedad atrae moscas portadoras de infecciones y los zancudos tienen a mal traer a la población local que no sabe cómo combatir a estas plagas. La posta médica en Echarate tiene solo dos médicos, pero no hay servicios higiénicos y tampoco medicinas.
En Kiteni se han producido a la fecha más de 25 muertes por accidentes de trabajo que aguardan hasta hoy la justa indemnización a que debieran tener derecho por parte de las empresas responsables, pero ¡nada de nada!
Los quillabambinos y pobladores de los aledaños de Camisea se han reunido en diversas oportunidades para tratar el tema y de sus reivindicaciones. Las autoridades locales han dirigido cartas múltiples solicitando a Lima la inspección de sus denuncias por vejámenes y abusos por parte de Techint, Pluspetrol y TGP. Sin embargo ¡no se oye padre!
¿Qué ocurre y cuál la razón o razones por las que el ministerio de Energía y Minas no toma cartas en el asunto?
Una razón aparente es que Jaime Quijandría tiene a un hijo trabajando para Sodexho, empresa que acostumbra a intoxicar a sus alimentados. Otra, que no se quiere entorpecer, vía la desinformación sistemática, el préstamo que está implorando Pluspetrol al Banco Interamericano de Desarrollo y que el mismo ministro ya ha anunciado como inminente.
Sin embargo ¿quién custodia la salud laboral y dignidad cívica de los peruanos de estas zonas de Kiteni, Kepashiato, Ivochote, Cashiriare, Echarate, Quillabamba y en general de la selva del Cusco?
Los testimonios dan cuenta parcial de una realidad más dura que las declaraciones alegres e irresponsables de un ministro que ha demostrado una parcialidad más que escandalosa para con las empresas extranjeras.
El mar de fondo aquí es que la concesión de Camisea adolece de vicios gigantescos. Una empresita que tuvo un capital de US$ 400 dólares (S/. 1,500 nuevos soles), Hidrocarburos Andinos SAC, se hizo del 10% del contrato en circunstancias hasta hoy nunca aclaradas. La propaganda institucional de Pluspetrol ahora menciona a otra empresa Tecpetrol (100% de Techint) que reemplaza a Hidrocarburos Andinos SAC. Sin embargo nadie sabe cómo ha ocurrido esta traslación de acciones, si la hubo.
Además, un alto funcionario de Pluspetrol, Alberto Moons reveló al país la existencia de una cláusula, la 8.6, que prevé el otorgamiento de regalías distintas hacia el Estado peruano en caso de la exportación del gas, lo que contraviene el espíritu integral de todo el contrato de concesión. Se ha llamado como la nueva página 11 a esta cláusula absolutamente lesiva contra el Estado peruano.
Por toda respuesta, Pluspetrol ha maquillado hasta hoy sus informes, dice que tiene capital, pero su campaña por obtener dinero del BID con el aval tácito del Estado peruano es enorme.
Hasta hoy nadie entiende para qué van a traer el gas a Lima si aquí no hay un mercado que absorba semejante volumen de producción. Otro absurdo aparente es que uno de los ramales del gasoducto vaya hacia Pisco, en la playa Lobería en el área precisamente de la Reserva Ecológica de Paracas. ¿Se pretende ahuyentar la fauna marina, contaminar el agua de la zona y destruir un atractivo turístico de innegable creación de divisas para el Estado peruano? ¿Habría algún Estudio de Impacto Ambiental, capaz de darles pase a los argentinos que ya se han hecho de múltiples terrenos en Pisco?
Irregularidades al por mayor, desprecios y abusos son los que aquí en Camisea se protagonizan a diario. Es deber del periodismo denunciar semejante estado de cosas y reclamar la atención de los demás medios para que el Perú no consienta a través de la mala acción de empresas acostumbradas a tratar con autoridades inmorales y comprables, la subasta de un negocio tan gigantesco que debe ser patrimonio exclusivo de los peruanos y de quienes quieran venir a invertir con tecnología y poder financiero auténticos. No como ahora que somos campo de experimentación de empresitas irresponsables y encima insolentes porque así se los permiten.
Es hora de tocar el tema de Camisea y de hacerlo con la verdad en la mano. Este testimonio echa luces sobre un tema en el que hay que ir hasta las últimas consecuencias para establecer el grado de complicidad o abyección al que podrían haber llegado ciertos personajes políticos con ambiciones hasta presidenciales.
