Luces y sombras del gasoducto sur (I)

¡Tan difícil es caminar derecho!

Jorge Manco Zaconetti *

En principio debemos reconocer la importancia fundamental sobre la construcción, operaciones y mantenimiento durante 34 años del gasoducto en el sur peruano que tendrá efectos positivos en la matriz energética, en las ventajas competitivas del país, en la seguridad energética, empleo, promoción y efecto multiplicador en las inversiones. Es decir, son múltiples los beneficios de la cultura del gas, no solamente para los departamentos del sur, sino del país en su conjunto.

Sin embargo, tan importante licitación ha carecido de la necesaria transparencia y es evidente el conflicto de intereses, al tener a un ministro de energía y minas, a un presidente de la comisión especial de Proinversión, organismo responsable de la licitación, y una serie de estudios de abogados, todos con estrechas vinculaciones con la empresa Odebrecht.

Este grupo empresarial brasileño es conocido por una serie de acusaciones a nivel internacional e interno por malas prácticas (sobrevaluaciones, sobornos, doble contabilidad etc.) y que detenta el 75 por ciento del consorcio ganador Gasoducto Sur Peruano, conjuntamente con la española Enagás, la misma que ya tiene una participación importante en el Transportadora de Gas Peruana (TGP), consorcio responsable de transportar el gas natural y los líquidos de gas natural desde el campo de operaciones de Malvinas a la costa, a Lima en el caso del gas y hacia Pisco (Ica) en el caso de los líquidos de gas natural, donde son fraccionados.

No voy a insistir sobre las serias acusaciones respecto a las anomalías y perversiones de la licitación internacional, donde el segundo competidor Gaseoducto Peruano del Sur, fue descalificado faltando 60 minutos al cierre del levantamiento de las observaciones por un cambio en la participación del consorcio, que merece un artículo mejor informado.

Solamente recuerdo los cambios a última hora de las bases que la COPRI ahora Proinversión, realizaron en el pasado durante el proceso de privatización de las empresas públicas, donde se efectuaron modificaciones en las bases concursales para direccionar a los posibles ganadores. En todo caso, si se ha esperado más de 36 meses para hacer realidad el gasoducto en el sur ¿qué implicaba esperar quince días adicionales para absorber las dudas con la debida transparencia, sobre la pertinencia o no en los cambios del consorcio descalificado?

Tampoco me voy a referir al rol jugado por el señor Edgar Ramírez Cadenillas, Presidente del Comité Especial del Comité de Proseguridad Energética de Proinversión nombrado recién en mayo del 2014, por recomendación directa del ministro de energía y minas, que al igual que el mismo ministro Eleodoro Mayorga, también prestó consultorías a Odebrecht en el pasado, cuando la propuesta de Kuntur Transportadora de Gas era una posibilidad, 2009-2011, efectuando estudios sobre las tarifas de transporte, la propuesta técnica económica etc. (Fuente El Comercio 2, 3 de julio del presente.)

Si se tiene presente adicionalmente que el estudio Laub & Quijandría, el mismo que asesora a una serie de empresas de hidrocarburos y mineras, tiene entre sus principales clientes a la brasileña Odebrecht, consultora de la cual el ministro era socio hasta horas antes de ser nombrado ministro del sector. Por ello, se debe recordar los casos de Inter Oil, Maple Energy y otros. Por ello, me pregunto si esto no constituye un evidente lobby y un conflicto de intereses entre lo público y privado.

Es evidente que tales hechos enturbian, perjudican la transparencia de un proceso que por su transcendencia debió ser competitivo, limpio, sin obscuridades tenebrosas, más aun cuando se supo que el consorcio descalificado (Gasoducto Peruano del Sur) presentó una propuesta económica más favorable en relación a la propuesta ganadora, con un diferencial de 136 millones de dólares en relación a la propuesta del único postor (Gasoducto Sur Peruano)

Por ello, Alejandro Segret representante del consorcio descalificado ante el abuso y especial favoritismo declaraba que “Claramente hubiésemos sido ganadores si no hubiésemos sido perjudicados en una forma que podríamos calificar, cuando menos de irregular” (La República 01-07-2014).

Si bien existen una serie de aspectos que ameritan ser analizados en función del interés público, por las declaraciones de los altos funcionarios del sector y sobre todo en la comparación con la experiencia en la construcción del gasoducto de Camisea, es importante realizar algunas comparaciones que apuntan a la naturaleza de los contratos de hidrocarburos, sobre las reservas de gas natural que alimentarían el gasoducto en el sur, y en otros artículos se tratarán diversos tópicos, sobre los problemas y posibilidades que tendrá el tan anhelado gasoducto del sur, y el rol del estado.

¿Dónde están las reservas?

Por la naturaleza de los contratos de licencia de exploración y explotación que se constituyen en la mayoría de los contratos firmados, pues solamente los contratos de Graña y Montero, Unipetro y de Savia tienen reconocidos contratos de servicios por medio de las empresas perciben una retribución de parte del estado, sea en dinero y/o especie y por tanto la propiedad sobre los hidrocarburos corresponden al estado peruano, representado por PerúPetro.

En cambio en los contratos de licencia las empresas contratistas son titulares de los hidrocarburos (petróleo, gas y líquidos de gas natural), y al pagar las regalías al fisco asumen la titularidad de los mismos, es decir, tienen el uso, la posesión y usufructo de los hidrocarburos, por lo que pueden decidir sin restricción alguna sobre el destino de los mismos.

Es decir, los contratistas al acceder a la propiedad sobre los hidrocarburos no tienen la obligación ni prioridad alguna en el abastecimiento del mercado interno por ello, en función de sus intereses, maximizar utilidades, pueden exportar como es el caso del gas natural proveniente del lote 56, bajo responsabilidad operativa de la argentina Pluspetrol.

El gas natural del lote 56 es tratado, convertido a líquido en Pampa Melchorita y es exportado por parte del Consorcio Perú LNG, que si bien abonan mayores regalías a las vigentes en el mercado interno, no cubren la demanda insatisfecha en especial de las generadoras de gas y de las industrias locales, que hacia el 2012 era estimada sobre los 800 millones de pies cúbicos diarios.

Ello fue posible gracias a los cambios perpetrados impunemente a la ley de Promoción del Desarrollo de la Industria del Gas Natural ley Nº 27133 y su reglamento promulgado en 1999, y a los cambios introducidos al art. 2 del Reglamento de la ley mediante el DS 031-2003-EM donde supuestamente siempre se prioriza el mercado interno antes que la exportación, bajo cualquier circunstancia. Sin embargo ello no está ocurriendo.

Esto es importante de reconocer, pues los titulares del gas natural y líquidos que subyacen en el subsuelo de los lotes 88, 56, 57, 58 y 76 es del estado peruano, es decir mientras está enterrado, pero al momento de ser extraídos y valorizados en el punto de fiscalización donde se fija el “quantum” de la regalía por pagar, la propiedad es transferida a las empresas contratistas.

De allí, que interesa interrogarse de dónde se obtendrá el gas natural que debe alimentar el gasoducto del sur. Hasta antes de la transferencia contractual de la participación de Petrobras a la estatal china CNPC, se tenía la seguridad que el gas de los lotes 58 y la parte correspondiente a Petrobras en el lote 57 (46 por ciento) alimentarían el gasoducto que desde el 2008 Kuntur había obtenido en adjudicación directa a pedido de ésta. Es más, la brasileña Braskem que está constituida por una alianza entre Odebrecht y Petrobras supuestamente estaba interesada en el desarrollo de la petroquímica en el sur del país.

En tal sentido, resulta importante reconocer que todo ello ha cambiado con la presencia de la poderosa petrolera estatal china CNPC, que habiendo comprado los intereses de la estatal Petrobras, ahora resulta la empresa contratista y titular de los lotes 58 y parte del 57, donde se presume que existiría un potencial de recursos equivalentes de 5 a 7 TCF (Trillones de pies cúbicos), que requieren mayores inversiones exploratorias.

Es más, se debe recordar que tales lotes fueron adjudicados en negociación directa por PerúPetro a Petrobras mediante contratos promocionados con el DS 017-2003-EM los cuales fijan tasas de regalías mínimas del 5 por ciento que podrían incrementarse hasta el 20 por ciento en función de una producción equivalente a los 100 mil barriles diarios.

Sin embargo, a diferencia de los precios regulados (baratos) del lote 88 y los precios de exportación del lote 56 determinados por “el net back price”, los hidrocarburos de los lote 58, 57 y 76 son fijados por acuerdos entre los productores y los consumidores, lo cual supone un acuerdo previo sobre la estructura tarifaria en la actividad del transporte.

Ello significa que los precios de los hidrocarburos se fijan por acuerdo entre la oferta y demanda según la ley de hidrocarburos y los contratos de licencia, lo cual supondría negociaciones previas entre los productores (CNPC), y las empresas demandantes de gas (de generación eléctrica, mineras, petroquímica etc.), para llegar a tener un precio competitivo frente al precio regulado (barato) del lote 88.

Por ello debiera llamar a extrañeza las declaraciones de los altos funcionarios del ministerio de energía y minas en el sentido que las reservas probadas del gas natural del lote 88 alimentarían el gasoducto del sur. En el pasado se afirmaba que del lote 88 se aseguraba 1 TCF para el sur (2010), ahora dichas reservas se han incrementado graciosamente a 2 TCF, lo cual genera dudas razonables.

En el pasado reciente cuando se presentó para su aprobación ante el Congreso de la República el proyecto de Ley “que Afianza la Seguridad Energética y Promueve el Desarrollo de Polo Petroquímico en el Sur del País Nº 1396”, en diciembre del 2012, en la parte sustentatoria se afirmaba lo siguiente para descalificar el proyecto Kuntur:

“El proyecto de Gasoducto Andino del Sur (GAS) implica llevar gas natural de la zona de Camisea a la zona sur del país, para el desarrollo de la industria nacional, petroquímica y generación eléctrica. Hoy dicho proyecto no puede ser materializado por el actual Concesionario (Kuntur Odebrecht cursiva nuestra) debido a que no tiene reservas probadas de gas natural suficientes y además no se conocen de los clientes (que estarían ubicados en la costa sur) y que darán estabilidad económica al proyecto (GAS)” página 10

Cabe preguntarse si a la fecha tal situación se ha superado con mayores perforaciones exploratorias en los lotes 57, 58, 76 y en el lote 88, para descubrir mayores reservas que puedan acceder al carácter de reservas probadas certificadas. Por tanto, si el contrato con el consorcio Gaseoducto Sur Peruano se firma, debemos suponer que se deben valorizar, monetizar dichas reservas en un tiempo prudencial para priorizar el mercado interno de energía.

Sin embargo, es fundamental interrogarse sobre el rol del estado en la naciente industria del gas, donde las moléculas del gas y líquidos son propiedad de las empresas contratistas, y los millones de usuarios eléctricos tendremos que financiar la rentabilidad del gasoducto del sur, y la valorización de los hidrocarburos que tendrán precios de mercado, es decir de acorde a las expectativas privadas.

* Investigador UNMSM.

http://kuraka.blogspot.com/

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