Perverso lobby empresarial: gran minería contra Petroperú

Jorge Manco Zaconetti

Somos testigos de cómo máximos representantes empresariales hacen política, influyen y amenazan al gobierno sobre los supuestos peligros que tendría para la economía peruana, la asignación en negociación directa de parte de PerúPetro de tres lotes petroleros (I, VI y Z-69) a favor de PetroPerú, para apostar por su fortalecimiento empresarial por medio de la integración vertical. Es decir, que la petrolera estatal no solamente refine y distribuya combustibles como mayorista de derivados del petróleo, sino que también tenga producción propia de crudo y gas.

Así, se debe conocer que el Sr. Alfonso Bustamente, presidente de la Confederación Nacional de Empresas Privadas (CONFIEP), es director en la Compañía Minera Ares S.A.C. que tiene como accionista principal al grupo Hochschild, con el 38.27 % de participación de capital, seguido por RWC Asset Management del Reino Unido con el 5.06 % de participación y una serie de inversionistas institucionales como Majedic Asset (4.9%), BlackRock Fund Advisors (3.66%), Equinox Partners Investment (3.09%) entre los principales.

El grupo Hochschild es un importante productor mundial de plata que cotiza en la Bolsa de Londres, y detenta las unidades mineras como Mra. Ares, Inmaculada, Pallancata, además de poseer la mayoría accionaria en Cementos Pacasmayo.

Igualmente, el Ing. Víctor Govitz máximo representante de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía, es al mismo tiempo presidente del directorio de la Compañía Minera Antamina, que tiene como accionistas a principales empresas mineras de
talla mundial. Tales como BHP Group de Australia con el 33.75% del accionariado en el capital social, la transnacional suiza Glencore Plc. con el 33.75% de participación en el capital, seguido por la canadiense Teck Resources con una participación del 22.5%; seguida por la transnacional japonesa Mitsubishi Corporation con el 10% del capital.

Por última, la Sra. Julia Torreblanca como presidenta de COMEX, una asociación de exportadores básicamente tradicionales, es al mismo tiempo Vicepresidenta de Asuntos Corporativos de la Sociedad Minera Cerro Verde, importante productor de cobre y molibdeno en el país.

La Mra. Cerro Verde S.A.A. tiene como accionistas a la transnacional norteamericana Freeport McMoran con una participación en el capital del 53.56%, seguida por la japonesa Sumitomo Metals con 21 % de participación y por último a la Cia. De Minas Buenaventura con el 19.5% de participación.

Se debe suponer que los accionistas de estas empresas mineras tienen conocimiento de la participación política de sus más altos funcionarios Bustamente, Govitz, Torreblanca, haciendo declaraciones inexactas que se contraponen a una vieja aspiración nacional,
compartida por la mayoría de peruanos: la recuperación del petróleo y gas al servicio del país.

Se puede entender que las empresas mineras puedan ser abastecidas de combustibles por la competencia de PetroPerú, por empresas tales como Repsol, Exxon Mobil o Valero.

Pero resulta inaceptable la intervención de gremios empresariales controlados por transnacionales en asuntos tan sensibles como la soberanía energética y el rol del Estado en el sector de hidrocarburos.

En verdad, la realidad concreta nos demuestra que luego de 30 años de la experiencia privatizadora, con el aprovechamiento de las reservas probadas y probables que dejó PetroPerú en 1996, se produce menos crudo y ha sido casi nula la actividad exploratoria
de riesgo para incrementar las reservas probadas de petróleo.

“Hechos y no palabras”, dice un adagio político. La privatización ha significado una disminución dramática de la producción de petróleo. Así, de una producción diaria de 125 mil barriles antes de la privatización, se ha pasado a producir menos de 40 mil barriles diarios de petróleo en el 2022. También han disminuido las reservas probadas poniendo en riesgo la seguridad energética del país.

Debiera llamar la atención que altos directivos de las empresas mineras, sector que detenta beneficios tributarios que disminuyen la
utilidad imponible en contra del Estado, con una elevada rentabilidad, cuestionen el fortalecimiento empresarial de PetroPerú, con una serie de declaraciones inexactas que sorprenden a la opinión pública por el despliegue publicitario.

NEGOCIACIÓN LEGAL
Está demostrado por la historia y la realidad concreta que la forma más eficiente de operar en el sector de hidrocarburos, es la integración vertical que permite el aprovechamiento de la renta petrolera, que constituye la diferencia entre el precio internacional del crudo frente a los costos internos de producción.

Por ello, ha sido una decisión de gobierno apostar por la integración vertical de PetroPerú con los lotes petroleros cuyos contratos tienen fecha de vencimiento en los meses de octubre y noviembre del presente año, siendo el más importante el lote X de Talara,
cuyo contrato finaliza en junio del 2024.

Los señores representantes de la Confiep, Sociedad de Minería y Comex a pesar del lobby ejercido debieran reconocer que resulta una facultad legal de PerúPetro, la empresa responsable de promover la inversión y supervisar los contratos de hidrocarburos,
negociar directamente los contratos y asignarlos a PetroPerú en razón del interés público.

Pues resultaría un absurdo que estando la moderna refinería de Talara próxima de operar al 100 % de su capacidad, tenga que comprar el petróleo de la región y abonar precios internacionales.

Es más, como experiencia perversa de la privatización entre 1997 al 2022 PetroPerú ha tenido que abonar más de US $ 13 mil millones de dólares por el crudo que se ha producido en las operaciones noroeste (Talara) y en el Zócalo Continental.

Por ello, todos debemos recordar que la facultad de negociación directa de PerúPetro fue ejercida en el 2004 cuando se entregaron las reservas de gas natural y condensados del lote 56 a favor del Consorcio Perú LNG, con un lesivo contrato de exportación, donde se enajenaron 2 trillones de pies cúbicos de gas natural y 200 millones de barriles de condensados, que en la realidad tenían el carácter de reservas probadas.

El gobierno ha decidido transferir temporalmente las operaciones de los lotes I, VI y Z-69 a favor de PetroPerú y reconocer la potestad de PerúPetro de convocar a una licitación internacional de los lotes petroleros en el tiempo más corto posible, lo cual constituye un retroceso político explicado por el gran lobby empresarial que usa el poder mediático de la prensa concentrada.

Diario Uno