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Humberto Campodónico
En el encuentro de ministros de energía, Bolivia planteó 3 iniciativas: exportar GLP y urea (fertilizante) a Puno; exportarnos gas para consumo domiciliario; construir en Ilo instalaciones para almacenar sus importaciones de gasolina y diésel (son deficitarios en estos productos) y un ducto para transportarlas a Bolivia.
En mayo Bolivia planteó exportar gas construyendo una planta de licuefacción en Ilo, similar a la de Peru LNG. Bolivia necesita diversificar sus mercados, pues sus principales clientes, Brasil y Argentina, dentro de poco serán autosuficientes y se reducirán drásticamente las exportaciones de gas boliviano: US$ 2,734 millones en el 2017. Y no hemos hablado de los cambios geopolíticos que llegaron con Bolsonaro.
El crecimiento energético de Bolivia, así como la industrialización del gas, no es casualidad. A partir del 2006, todo el gas es entregado a Yacimientos Petrolíferos Bolivianos (YPFB, resucitada por el gobierno de Morales), que tiene el 100% de la comercialización interna y externa. En 2008 renegoció los contratos con Brasil y Argentina, obteniendo precios que triplican a “los nuestros”.
¿Por qué? Porque indexó el precio del gas al precio de los derivados del petróleo, como el diesel, que son combustibles sustitutos, lo que es una práctica internacional común. Eso no sucedió acá porque fue una empresa privada, Repsol, la que negoció el contrato a México en 2007 al precio del mercado de EEUU sin indexación alguna. Eso no hubiera sucedido si el Estado hubiera estado presente. Cuando ese precio se desplomó por la entrada del “shale gas”, el perjuicio fue, y sigue siendo, enorme.
YPFB industrializó el gas e invirtió US$ 900 millones en la planta de úrea de Bulo Bulo, construida por Samsung, que produce 700,000 toneladas anuales a precios mucho más baratos que los precios de la úrea importada. YPFB ya le vende a Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay. Ahora viene a Perú.
YPFB ha masificado el gas, que llega a La Paz, Oruro, Sucre, Cochabamba, Potosí, El Alto, Santa Cruz, Chuquisaca y muchas ciudades pequeñas (Patacamaya, Viacha Quillacoyo). Ha invertido US$ 800 millones en 10 años y hay 900,000 hogares conectados, 4.5 millones de 11 millones de personas. Aquí solo hay 700,000 hogares conectados (3.5 millones de 32 millones); el 90% se consume en Lima.
Los “planes” para masificar el gas en la sierra central desde Ayacucho datan del 2005. Pero hasta ahora nada. ¿Por qué? Porque “no son rentables ya que hay poco consumo”. En Bolivia, Colombia y Argentina son una inversión social y hay subsidios (como los “cruzados”). El gas domiciliario no es un commodity, como dicen los neoliberales.
YPFB quiere participar en la enésima licitación de Proinversión de 7 regiones de la sierra. No usaría el gas de Camisea sino su propio gas, desde Desaguadero (mientras menos gas peruano se use, mejor, piensan los que exportan nuestro gas a precio vil). Y tienen experiencia en masificar los Andes, como hemos visto.
YPFB también vendería GLP en Puno. El balón (garrafa) de 10 kg cuesta 22.5 bolivianos, al cambio, 11 soles. Aquí cuesta de 37 a 40 soles. Ojo, Bolivia subsidia su consumo con US$ 130 millones anuales, pero nos venderían a precio internacional (habría ahorro en el transporte).
¿Y los planes del Perú? ¿Tenemos un Plan Energético de Mediano Plazo, de carácter vinculante, para planear nuestra matriz energética a 30 años a partir de nuestras reservas y la promoción de energías renovables (solar, eólica, biomasa) para luchar contra el cambio climático? No.
Y no lo tenemos porque la Ley 26221 de 1993 establece que los hidrocarburos son de propiedad, leyeron bien, de propiedad del licenciatario y puede hacer con ellos lo que le venga en gana. Lo único que tiene que hacer es pagar una regalía. Y ya está. Ellos son los dueños de la molécula y pueden hacer con ella lo que les venga en gana. Para los neoliberales, los hidrocarburos son una mercancía más, una materia prima más, son un «commodity».
¿Tenemos un Plan Nacional de Masificación de gas para los hogares? No. Lo que hay es una “masificación a puchos”, sin dirección central alguna. ¿El Gasoducto Sur Peruano, clave para la masificación y la diversificación productiva, a través de la petroquímica, se ha vuelto a licitar?
No. Peor aún, el MINEM le ha encargado a una consultora (Mott Macdonald) que “nos diga” cuál sería el nuevo trazo del GSP, cuando hay por lo menos 5 leyes, desde 2008, que priorizan la sierra. Eso del “nuevo trazo” lo han impulsado los “lobbies” que se oponen a los pueblos del sur. No se puede permitir.
La ley energética de mediano plazo y el Plan de Masificación vienen antes, repetimos, antes, de la “nueva” Ley de Hidrocarburos que ahora se dice que es “la solución”. No. Esa ley la impulsan otros “lobbies”, los de los actuales propietarios de los lotes que quieren rebajarse las regalías. Ley de mediano plazo, ya.
En síntesis, los gobiernos regionales del sur “miran” a Bolivia porque nos gana 10 a 0 en política energética, que en el Perú no existe. Aquí se hace lo que le conviene a los poderes fácticos, que gobiernan tras bambalinas para que la energía siga siendo un commodity de propiedad del licenciatario, para que no haya plan de largo plazo, para que no haya ni masificación ni GSP, para seguir exportando a precio vil, para que Petroperú no siga el camino de YPFB, para que nada cambie y todo siga igual. ¿Hasta cuándo, Ingeniero Presidente Martín Vizcarra?
16.01.2019
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