Escribe: Jorge Manco Zaconetti
Resulta loable la lucha contra la corrupción a todo nivel, como lo hacen los fiscales anticorrupción denunciando a los presuntos autores de actos ilícitos en los gobiernos pasados y en el presente, donde terminó en vacancia y con prisión domiciliaria el presidente elegido el 2016, don Pedro Pablo Kuczynski (PPK), teniendo como operador de dicha vacancia al inefable César Villanueva, amigo personal del actual Presidente de la República.
Por tanto, tenemos que estar plenamente de acuerdo con la decisión del presidente Martín Vizcarra en este corto mandato (2018/2021), si de verdad aspiramos a una república superior pues es la corrupción el cáncer perverso que nos impide en gran medida ser un país con un mayor bienestar con instituciones democráticas.
En tal medida entre las últimas noticias que han remecido el panorama político destaca la prisión preventiva del ex primer ministro del régimen vizcarrista, César Villanueva promotor él mismo de la vacancia contra PPK a comienzos del 2018, hoy con detención preliminar por mandato de la fiscalía anticorrupción por haber recibido presuntamente sobornos de la misma Odebrecht cuando era presidente regional de San Martín allá por el 2008. ¡Ahora quién moraliza a los moralizadores!
LA MALA LECHE
Menciono el nombre de César Villanueva, primer ex presidente del Consejo de ministros del presidente Vizcarra, pues a inicios del 2016 presidió un grupo de trabajo en el Congreso de la República para investigar sobre las recurrentes rupturas del Oleoducto Norperuano bajo responsabilidad de PetroPerú, un importante activo de la petrolera estatal. Tales rupturas provocaban y provocan derrames de crudo que afectan el medio ambiente en la Amazonía y constituye una fuente de conflictos con las comunidades nativas.
Con la puntería puesta en la petrolera estatal se hacía responsable a ésta de una supuesta falta de mantenimiento en las operaciones del oleoducto, cuando era más que evidente que las recurrentes perforaciones eran causadas por manos extrañas, de “nativos interesados” que hacían un “modus operandi” de las sistemáticas rupturas para ser contratadas por la empresa estatal en la remediación ambiental.
Entre las varias conclusiones de un voluminoso informe se hacía responsable a una serie de empresas privadas no especializadas contratadas por PetroPerú, algunas de ellas ligadas a ex funcionarios. Esta realidad era expuesta como una de “las grandes corrupciones” por un político tradicional como ha terminado ser el señor Villanueva.
Por ello, el susodicho informe fue desestimado y mandado al archivo en el Congreso de la República, y costó importantes sumas de dinero al estado el mantener este grupo de trabajo por más de dos años, donde el objetivo final era desacreditar la presencia de PetroPerú.
UN NUEVO MORALIZADOR
Según el mediático presidente del directorio de Petroperú, Sr. Carlos Paredes la gestión del Oleoducto Norperuano le genera una pérdida neta de US$ 50 millones de dólares anuales, pues estando con una capacidad para transportar 200 mil barriles diarios, actualmente no traslada ni el 20 % de su plena capacidad. Es decir, ¡el oleoducto está subutilizado!
Dicho así por la más alta autoridad de la petrolera estatal pareciera que PetroPerú fuese la empresa responsable de la perforación y explotación de crudo en la selva nororiental, cuando ésta es desde 1993 una responsabilidad de empresas privadas que están supervisadas por PerúPetro, la agencia de contratos de hidrocarburos.
Esta última es la empresa pública encargada de promover la firma de contratos, fomentar la inversión en el sector, fiscalizar y supervisar los contratos petroleros, que depende funcionalmente del propio Ministerio de Energía y Minas, en el marco de su autonomía relativa.
Por ello, solamente un advenedizo en la materia, podría hacer responsable de la disminución de la producción de petróleo crudo a PetroPerú, cuando ésta es una plena responsabilidad del organismo promotor PerúPetro, bajo responsabilidad del Ing. Seferino Yesquén, ex gerente de Petrobras y de CNPC.
Por tanto, no se puede hacer recaer en la petrolera estatal la disminución crónica de la producción de crudo, la ausencia de perforaciones exploratorias, y la falta de inversión en general de parte de las empresas privadas que operan los contratos en la selva Nororiental, como en la Cuenca Talara.
Si bien resulta notable la campaña interna contra las prácticas corruptas en la petrolera estatal, de sus funcionarios y trabajadores, debidamente comprobadas, y el esfuerzo principal debiera estar en las compras de crudo, en los contratos de suministro, en los efectos de la privatización fragmentada para PetroPerú. En los generosos contratos de comercialización de combustibles con cadenas privadas de grifos y un largo etc.
Hay que investigar los contratos de alquiler de los activos en el lote Z-2B todavía operados por el Consorcio Savia; hay que hurgar en la interesada demora en la licitación de las inversiones complementarias en la modernización de la refinería de Talara, y en las razones por las cuales PetroPerú renunció a toda participación accionaria en los lotes III y IV y un largo etc.
POR UNA NUEVA CRUZADA
Prácticamente desde 1996 a la fecha PetroPerú no opera ningún pozo petrolero, no explota una molécula de gas ni envasa un balón de gas licuado de petróleo (GLP). A pesar del mandato expreso de una ley aprobada por el Congreso del gobierno anterior que le transfiere el contrato por el lote 192, dicho sea de paso el lote que tiene los mayores volúmenes de reservas probadas de crudo pesado, que podrían ser explotadas por la moderna refinería de Talara a partir del 2021.
A PetroPerú a consecuencia de una irracional privatización desde 1992/ 1996 le fueron enajenados, transferidos a capitales privados los lotes de hidrocarburos, los cuales tienen fecha de caducidad próxima.
Es decir, antes del 2026 los contratos de los lotes privatizados tales como el Z-2B en el Zócalo Continental, el lote X operado por la china CNPC (El Alto) y el lote VI/VII por la filial china Sapet, el lote I y V por la cuestionada Graña y Montero Petrolera, el Lote 8 de la selva bajo responsabilidad de Pluspetrol Norte, y el más importante el lote 192 en la selva (Andoas) tienen fecha de caducidad.
Es decir, todos estos contratos de hidrocarburos tienen fecha de vencimiento y existe todo un lobby al interior de PerúPetro con los grupos de presión empresariales para prorrogar dichos contratos aunque sea por 10 años, como han hecho con el lote 31-C en Aguaytía (Ucayali)
Esta es también una modalidad de corrupción por parte de PerúPetro (prevaricato), en demorar indebidamente y no aplicar la ley sobre la transferencia del lote 192 (antes denominado 1-AB) a PetroPerú, por expreso mandato de una ley aprobada por el Congreso de la República.
A pesar de todo ello, con la campaña sucia contra PetroPerú de parte de negros intereses privatizadores, resultan positivos los resultados económicos financieros a setiembre del 2019 en relación a períodos análogos, los cuales serían mayores si la empresa fuese integrada verticalmente, es decir con producción propia.
RENTABILIDAD A PESAR DE TODO
Es decir, si PetroPerú operase de manera integrada con su propia producción de crudo a la refinación, transporte, con distribución mayorista y minorista (grifos), sus resultados económicos serían mayores.
En el cuadro “PetroPerú: Resultados Financieros de Enero/Setiembre 2012 a 2019”, se exponen los ingresos, utilidades operativas y netas de la petrolera estatal, destacando el sustantivo incremento de los ingresos pero sobre todo del patrimonio neto y del activo total.
A pesar de un menor crecimiento de la economía peruana los ingresos al tercer trimestre se mantienen sobre los S/ 11,689 millones de soles superando los ingresos del 2017 para los años anteriores, como se puede observar. Si bien estos ingresos disminuyen 234 millones de soles en relación al 2018 (a set.), ello se explicaría por las menores ventas de petróleos industriales, GLP y turbo.
Sin embargo, a nivel de la utilidad operativa es decir la utilidad como empresa antes de cualquier deducción, descontados los costos de ventas, gastos administrativos, gastos de ventas y gastos financieros, la utilidad operativa en el período enero/setiembre del 2019, supera a todos los resultados obtenidos en los períodos anteriores, incluido el 2018.
Una utilidad operativa de S/ 795 millones de soles obtenida al III tercer trimestre del 2019 podría ser mayor si la petrolera estatal tuviese producción propia de crudo, en especial de los lotes ubicados en la Cuenca Talara y en el Zócalo Continental, en razón de los bajos costos de transporte.
Allí, con una producción propia de 30 mil barriles diarios aproximadamente, obtendría mayores ingresos y utilidades, respaldando a la moderna refinería de Talara, que a partir del 2021 ha de funcionar con 16 procesos tecnológicamente nuevos.
EPÍLOGO
Esperamos que tales indicadores aumenten al final del año, dado que es urgente y necesario que tales recursos (utilidades) se destinen al financiamiento de la modernización de la refinería de Talara cuyo avance al 85 por ciento está retrasado por la demora en las inversiones complementarias, donde se debe identificar a los principales responsables, que le costará a la empresa millones de dólares por repagar.
Una refinería modernizada operando a su capacidad de 95 mil barriles diarios, capaz de procesar el crudo pesado de la selva norte, con mayores márgenes de refino será la “joya de la corona” en el patrimonio del estado, es decir de todos los peruanos. De allí, que el aumento del patrimonio y de los activos totales deben ir de la mano con la integración vertical.
Por ello, la integración vertical de sus operaciones, es decir, con producción de crudo propia, con la refinería modernizada, el oleoducto potenciado y asegurado contra viles atentados, más una mayor presencia en la distribución mayorista y minorista, PetroPerú deberá generar mayores ingresos y utilidades para servir mejor al país, con la transparencia que su actual directorio demanda.
