Jorge Manco Zaconetti
Han transcurrido más de 23 años, y la única norma realmente promotora de las inversiones en el sector de hidrocarburos aprobada hasta ahora, ha sido la ley N.º 28109 denominada: “Ley para la Promoción de la Inversión en la Explotación de Recursos y Reservas Marginales de Hidrocarburos a Nivel Nacional”, aprobada por insistencia por el Congreso de la República el 21 de noviembre de 2003, con el voto unánime de los congresistas de los diversos partidos, Perú Posible, APRA, FIM, la izquierda, y otros grupos políticos.
Lamentablemente Perúpetro el organismo responsable de promover la inversión en el sector creado en 1992, firmar contratos de Licencia o de Servicios, y supervisar los mismos, solamente
otorgó 60 días para que las empresas petroleras se pudieran acoger a dicha norma. Increíble pero cierto, esta ley solamente tuvo 60 días de vigencia por ello solamente se acogieron tres empresas que tenían cuatro contratos firmados en los yacimientos maduros de Talara, con más de 100 años de explotación que fueran operados por la International Petroleum Company (IPC) hasta 1968; y posteriormente por PetroPerú, que ante la crisis económica y su descapitalización producto del “modelo heterodoxo” con los subsidios indiscriminados en el período 1986/1990, primer gobierno de Alan García, no realizaba las inversiones necesarias en los lotes bajo su responsabilidad.
La petrolera estatal fue sometida a partir de 1992 a un proceso de privatización de manera fragmentada, empezando por la formación de pequeños lotes en Talara, un “adelgazamiento” de sus operaciones como sostuviera su presidente del directorio Jaime Quijandría Salmón, ante los altos costos de producción, elevadas regalías por pagar, y la necesidad de fomentar la inversión privada, sobre todo de los capitales nacionales, para levantar la producción interna de petróleo, y amortiguar el creciente déficit de la balanza comercial de hidrocarburos.
He sido testigo de excepción como asesor de la Comisión de Energía y Minas del Congreso de la República (2001/2003) que presidía el congresista José Carlos Carrasco Távara, miembro respetable del partido aprista como desde el año 2002 se tuvo que superar con argumentos técnicos y económicos la crítica de los opositores a la ley de reservas marginales, que la consideraban un beneficio indebido, una gollería más para las empresas petroleras. Sin embargo, era una necesidad incrementar la producción interna de crudo ante la persistente caída de la producción sobre todo en los viejos campos de Talara.
En tal sentido, el mejor criterio de verdad, más que el discurso ideológico encendido es la misma realidad. Y esto se puede analizar a través de los resultados económicos obtenidos, el comportamiento de la producción, la defensa de los intereses del fisco a través de las mayores regalías pagadas y un mayor canon y sobrecanon que recibieron las regiones productoras como Piura y Tumbes entre el 2004 al 2009, donde por historia se explota el petróleo desde fines del siglo XIX.
En tal sentido la ley N.º 28109 más conocida como la ley que promueve la inversión en los llamados “campos maduros” de Talara, con “recursos y reservas marginales”, sobre todo en los llamados pozos ATA, es decir, en aquellos pozos que fueron cerrados en el pasado por la IPC y PetroPerú, en razón de sus altos costos económicos en relación a los volúmenes extraídos. Hoy existen más de 4,000 pozos ATA en Talara que esperan leyes que incentiven la producción de la región que tiende a la baja.
Se debe recordar que esta ley fue aprobada por unanimidad en el Congreso de la República, y solamente tuvo una vigencia de 60 días por “obra y gracia” de PerúPetro, que demostró una vez más su incapacidad para promover la inversión privada en los mejores términos para el país. Es de necesidad de escribir la “historia negra” el favoritismo, y entreguismo en determinados contratos como el de OXY en el lote 1-AB, los pasivos del lote 8 dejados en abandono por
Pluspetrol Norte, al arbitraje perdido con esta transnacional argentina que se hizo grande en el Perú, el vergonzoso caso de Petro Tech Peruana que vendió el crudo, las instalaciones y plataformas que no le pertenecían, la entrega a dedo de las reservas probadas de gas más de 2 trillones y 200 millones de barriles de condensados en el lote 56 para favorecer el proyecto de exportación del gas natural, y la lista sería larga.
¡Sería necesario un libro de 500 páginas! Hoy promover una ley que tenga los mismos objetivos es más vigente que nunca. El objetivo primero de la ley era fomentar la inversión privada en los “recursos y reservas marginales” que no solamente están en la Costa Norte, en el Zócalo Continental para aumentar la producción nacional de hidrocarburos.
Hoy en el 2026 el consumo promedio en el mercado de combustibles bordea los 300 mil barriles diarios, y la producción interna es de apenas de 44 mil barriles. De los cuales la producción en la Selva Norte de los lotes operados por empresas privadas en el lote 95 y lote 8 con un promedio de 22 mil barriles diarios se venden al exterior, y se transportan en barcazas y no tienen la obligación de abastecer a la Refinería de Iquitos de PetroPerú, que produce el petróleo residual que alimenta las plantas térmicas de generación eléctrica. Por ello, Iquitos y la región loretana experimenta frecuentes apagones.
La ley se aprobó con la finalidad de “atenuar el déficit de la balanza comercial de hidrocarburos” Mientras estuvo en vigencia el programa de inversiones en cinco años la producción en los lotes donde se suscribió la ley N.º 28109 se incrementó superando las expectativas, revertiendo la tendencia natural al decrecimiento si no se realizan una serie de re trabajos, suaveo, reprofundizaciones, servicios de pozos etc. Así, la estadística gráfica el incremento de la producción diaria para atenuar el déficit de la balanza comercial de hidrocarburos, en tal sentido se ha cumplido con creces con el objetivo.
En otro caso, la empresa Interoil de Noruega que sustituyó a Mercantile como operadora del lote III en Talara, de producir 654 barriles diarios en el 2004 pasó a producir más de 4,022 barriles diarios en 2009, es decir, se experimentó un incremento del 515% con la producción de un crudo de alta calidad que abastecía prioritariamente a la refinería de Talara, abonando altas de tasas de regalías que bordean el 47.4%.
Esto significa que de cada 100 dólares de ingresos que obtenía Interoil por la producción fiscalizada, el Estado capta casi 50 dólares por concepto de regalías, al margen del impuesto a la renta, con lo cual la participación del Estado es mayor en la renta petrolera. Ahora que dicho lote está bajo responsabilidad de Graña y Montero Petrolera que por el escándalo de Odebrecht tuvo que cambiar de nombre a UNNA produce menos barriles a pesar de los mayores precios del petróleo a nivel internacional.
En el mismo sentido, la empresa Petrolera Monterrico, conformada por capitales nacionales del grupo Vera Gutiérrez operaba con éxito el lote II en Talara, de producir 530 barriles diarios en el 2004 pasó a producir más de 645 barriles diarios en el 2009, es decir hubo un incremento del 22% con un crudo de alta calidad, abonando regalías que superan el 51.4% del valor de la producción fiscalizada.
Por último, el más importante productor de la zona Petrobras empresa estatal del Brasil que adquirió hacia 2002 los activos de Pérez Companc del lote X en Talara, ha incrementado la producción del crudo de alta calidad en volúmenes cercanos a los 3,000 barriles diarios, Llegando la producción a casi los 14 mil barriles diarios. Ahora produce menos y PetroPerú participa con el 40 % del capital accionario con un mínimo aporte de capital, en razón de la crítica situación económica financiera.
Sin embargo, no debiera soslayarse que la producción interna de petróleo en Talara es de la más alta calidad, por su API superior a los 34º grados, por ello así sea un barril adicional, o 100 barriles diarios o un incremento de más de 6 mil barriles diarios como sucedió, se generan mayores ingresos para el fisco, vía regalías e impuestos con un efecto multiplicador en el empleo y en la economía regional.
SU ESENCIA PROMOTORA
Gracias a su carácter promotor que significaba una reducción de las tasas de regalías para que las mismas sean reinvertidas agregado a ello el capital fresco que debieran invertir las empresas que se acogían a la ley. Por ello si el Programa Mínimo de Inversiones en los cuatro lotes sumaban los US $ 127 millones en realidad se invirtieron más de US $ 246 millones de dólares, siendo
Petrobras el mayor inversionista pues la inversión mínima proyectaba era de US $ 97 millones de dólares en realidad se invirtió más de US $ 193 millones. Fue tal el impacto y la demanda de bienes y servicios en Talara que según la propia estadística del Instituto Nacional (INEI) en el 2008 las regiones de Ica y Talara fueron las únicas que alcanzaron el “pleno empleo”. Hoy Talara languidece en el subempleo, la pobreza e inseguridad ciudadana, cuando hay millones de barriles de crudo en el subsuelo por explotar.
La esencia de la Ley 28109 consistía en reducir las tasas de regalías en los yacimientos marginales, elevadas en términos internacionales, a cambio de celebrar un programa de inversiones, supervisados por PerúPetro. Los resultados fueron exitosos pero temporales. Social y económicamente se reactivó la economía en Talara, hubo pleno empleo, la Refinería de Petroperú se benefició con el crudo incremental de alta calidad; la Región Piura recibió una
inversión de US $ 245.66 millones de dólares y además de beneficiarse con el incremento del canon de petróleo y gas por producción incremental.
Solamente se acogieron a la ley 28109 que absurdamente tuvo una vigencia de 60 días, las empresas que operaban los Lotes II, III, IV y X. Hoy una ley promotora de estas características es necesaria para la Moderna Refinería de Talara todavía bajo responsabilidad de PetroPerú, que tiene una capacidad de procesamiento de 95 mil barriles diarios, y está operando a “media caña”.
A pesar de ello, de enero a mayo de 2026 las utilidades netas acumuladas han sido del orden de los US $ 248 millones y PROINVERSION persiste en su privatización bajo la figura de Bloques Patrimoniales. Como colofón el Perú debiera estar agradecido con todos los congresistas
que aprobaron por insistencia esta ley, en especial con el promotor del proyecto como fue el congresista José Carlos Carrasco Távara autor de una serie de leyes entre las cuales destaca la exclusión de PetroPerú de cualquiera de las modalidades de la privatización como sostiene el nefasto DL 674. Esta ley que excluía a PetroPerú de la privatización hoy ha sido derogado por un ilegal DU 010-2025 promulgado el 31 de diciembre de 2025 por el inefable y eléctrico congresista José Jerí cuando asumió la presidencia de la república. También debe ser reconocido el apoyo positivo del congresista Javier Diez Canseco que agregó los artículos 5.º y 6.º de la ley que promovía la inversión en los “recursos y reservas marginales” que insistían en la resolución de los contratos firmados si hubiese incumplimiento en los compromisos de inversión; y el otro relacionado en la prioridad de la compra de bienes y servicios de la región de Piura, para fomentar el empleo.
En verdad, transcurrido el tiempo y con los resultados electorales donde la diferencia es mínima a favor de la candidata de Fuerza Popular, por ello tanto PerúPetro como PetroPerú, como empresas estatales debieran ser blindadas frente al manoseo político, con una elección de sus directorios como lo tiene el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), algo difícil de ser posible conociendo el comportamiento político del fujimorismo al servicio de los Grupos de Poder Económico y de vender los recursos y riqueza del Perú al mejor postor.
Diario Uno, 20.06.2026
