Dirigentes y defensores de derechos humanos acusados por terrorismo en Piura se pronuncian sobre el archivamiento del caso
Luego de conocerse la resolución que archiva de forma definitiva la investigación por terrorismo en contra de 35 personas que defienden los derechos de las comunidades y poblaciones afectadas por las operaciones mineras de la empresa Río Blanco Copper (ex Majaz), algunos de los denunciados dan sus apreciaciones respecto a fallo que diera el titular de la Quinta Fiscalía Provincial Penal de Piura, José Ortiz Arévalo.
Ismael Huayama, alcalde del distrito de Carmen de la Frontera, aplaudió la postura neutral del fiscal que tras evaluar los testimonios y pruebas de ambas partes concluyó razonablemente a favor de los acusados. "Era una denuncia sin sustento legal, carente de veracidad. Ahora seremos nosotros quienes evaluaremos qué acciones tomar luego de haber sido difamados y calumniados por parte Frente de Unidad de la Comunidad Segunda y Cajas", declaró.
Euler Jave Díaz, gerente municipal de San Ignacio, afirmó que este es un acto de justicia puesto que era una denuncia sin pruebas alentada por la empresa minera Río Blanco, cuyo objetivo era únicamente dañar la imagen de las 35 personas denunciadas. "Esto demuestra que el Frente por el Desarrollo Sostenible de la Frontera Norte del Perú tiene una causa justa, que lucha por defender los derechos, modo de vida y modelo de desarrollo de la región. Todo lo que han logrado cada uno de los distritos involucrados ha sido gracias al esfuerzo de las propias familias campesinas", aseveró.
Se valieron de sicarios de la pluma, destructores de la fama ajena en los periódicos
Nicanor Alvarado Carrasco, integrante de la Vicaría del Medio Ambiente de Jaén (Cajamarca), manifestó que era lo menos que se podía esperar del fiscal, porque desde el inicio fue una denuncia injusta basada sólo en acusaciones de periódicos. "La empresa Majaz, hoy Río Blanco Copper intentó atemorizarnos a través del Frente de Unidad de la Comunidad Segunda y Cajas, sin embargo, lejos de conseguir su objetivo nos ha fortalecido y continuamos con la convicción de seguir trabajando por la defensa de nuestras aguas y tierras", aseguró.
Edward Gómez, miembro de la Red Regional Agua, Desarrollo y Democracia de Piura, aseguró que era cuestión de tiempo para que la verdad salga a flote. "Denunciarnos por terrorismo y tortura, no tenia ningún sentido, sin embargo, hay que reconocer que el fiscal ha sido valiente pues pese a las presiones, ha podido resolver con todas las pruebas posibles que no hay delito alguno", expresó.
Los autoridades, dirigentes y defensores de derechos humanos y ambientales evalúan con sus abogados, cuáles serán sus próximas medidas a tomar sobre este caso.
