Chincha 2009, testimonios de la autoreconstrucción
El segundo aniversario del terremoto ocurrido en el sur peruano ha sido objeto de numerosos comentarios críticos. Desde la política se ha destacado que el reciente mensaje presidencial por las Fiestas Patrias no mencionó palabra alguna sobre las labores de recuperación luego del terremoto. No sorprendió tampoco que la semana anterior al segundo aniversario fuéramos testigos de una diarrea de anuncios de inauguraciones y de promesas para el presupuesto del año 2010. Las autoridades tratan de mostrar sus acciones y justificar los magros resultados.
El terremoto ha ocurrido en una zona privilegiada del país. Su cercanía a la capital no es solamente un asunto de la carretera pavimentada y los buses que parten de Ica a Lima y viceversa cada 7 minutos. También es una cercanía a las costumbres costeñas y limeñas, a sus gastronomía, dulces y música. Es la cercanía a las clases más acomodadas del Perú, tanto por lazos familiares, también por sus playas y por la creciente inversión que empresarios de la capital hacen en la agricultura agroexportadora del sur, que experimenta un impresionante crecimiento.
Todo ello ha motivado la proximidad mediática y el eco a las quejas de los afectados de las ciudades más destruidas, en particular Pisco y Chincha. Esta proximidad también explica la falta de interés de la prensa en lo que sucede en Yauyos, Huaytará y Castrovirreyna, provincias serranas y pobres también afectadas por el (mismo) terremoto.
Los ciudadanos comunes y corrientes debiéramos imaginar por un instante lo que hubiera sucedido en Huancavelica, Apurímac o Puno si 600 personas hubieran fallecido y 75,000 viviendas así como sus escuelas y hospitales se hubieran venido abajo. La "cercanía" no sería la misma, lo que muestra la profunda desigualdad que existe en el país. Serían mucho menos las instituciones, personas y empresas las que se alinearían detrás de una solidaridad con la sociedad afectada. La solidaridad misma también tiene gradaciones.
Pero, si la cercanía física y emocional de la costa de Ica al poder es tanta, ¿por qué solamente se han edificado 550 de las 1100 aulas de escuela destruídas? ¿Por qué se ha entregado menos de 30,000 bonos de ayuda al daminificado cuando la ley señaló que toda aquella familia, sea propietaria, posesionaria o inquilina, esto es, 75,000 viviendas donde vivían cerca de 100,000 familias sería acreedora a ese subsidio de emergencia?
Las declaraciones grabadas que acompañan esta nota, testimonios tomados en agosto de este año en diversas localidades chinchanas, nos remiten a una situación sobre la cual los peruanos tenemos poca sensibilidad. El tema de la reconstrucción de la vivienda y de la economía local.
Los peruanos –pueblo y autoridades– sabemos actuar en casos de emergencia y tenemos algunas nociones sobre lo que es la prevención de desastres. Pero no tenemos claro lo que significan los procesos de reconstrucción. Para el gobierno actual reconstruir significa "reponer lo que había", ignorando así que la tan mentada oportunidad que abre toda crisis era la del desarrollo integral de un vasto territorio. Por esa razón, no han faltado memoriosos que nos recuerden actitudes totalmente diferentes del gobierno central frente al terremoto de Ancash (1970) y de las autoridades central y local cuando los terremotos destruyeran Arequipa (1960) y Cusco (1950). Los planes de reconstrucción de entonces, aunque rudimentarios tenían mucho mayor visión que la broma con gusto 7.9º que publicara el FORSUR antes de desentenderse de su responsabilidad. Es indignante encontrar allí dibujos absurdos de propuestas de vivienda rural sin servicios higiénicos, pero con excelentes tecnologías que no han podido ser implementadas con el bono 6000, excepto allí donde la cooperación extranjera y la no gubernamental pisaron fuerte y forzaron la mano a las propias autoridades nacionales.
Reconstruido el aparato productivo de los grandes en el sur, se ignoró que la realidad del pujante Sur Chico de Lima también es de pobreza y discriminación… al igual que en el resto del país. Esa parte –la de la gente– es la que no se ha reconstruido de manera oficial. Ni siquiera se piensa en ello.
La destrucción masiva de territorios y economías locales demanda una acción pública para todo el teritorio y no sólo para algunos. Demanda planes y un papel rector del Estado. El gobierno actual sigue creyendo en lo que la realidad ha desmentido: que la economía popular se reconstruye de manera automática y que la pobreza termina por goteo o chorreo. En fin, el gobierno no se preocupa en apoyar las pequeñas iniciativas privadas esto es, las de la auto reconstrucción.
Las familias han demostrado gran capacidad de reponerse a la situación, de combinar los distintos recursos disponibles, incluyendo las vitales ayudas durante la emergencia. De lo que se trata ahora no es de "ayuda" ni de más donaciones. Ahora la solidaridad tiene que expresarse en planes regionales (que debieran ser nacionales) que faciliten los numerosísimos procesos e iniciativas puntuales e individuales para producir y para construir un nuevo futuro.
Era — y aún queda– la oportunidad para empezar desde el principio. La oportunidad para que no se reconstruya la informalidad, la oportunidad para que las familias edifiquen viviendas que no se vayan a caer de nuevo, la oportunidad para el pequeño productor agrícola para cultivar mejor, para la Sierra Exportadora. Era también la oportunidad para desarrollar modelos de gestión que fortalezcan en vez de menospreciar sibilinamente a las municipalidades, también damnificadas por el terremoto. Era la oportunidad dorada para mostrar la posibilidad del desarrollo nacional sin exclusión.
