Denuncia penal contra defensores de la Madre Tierra vulnera derechos fundamentales
Indígenas procesados de todo el Perú articulan estrategias para enfrentar judicialización de la protesta.
La denuncia penal formulada contra 18 defensores de la Madre Tierra de la región Ancash, Perú, vulnera derechos fundamentales reconocidos por los tratados internacionales y la Constitución Política. Por ello, debe ser archivada definitivamente, informó la Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas, (CAOI).
El artículo 2 de la Constitución del Perú reconoce el derecho fundamental a reunirse pacíficamente, sin armas, sin previo aviso. Las reuniones que se convocan en plazas y vías públicas solo pueden prohibirse por motivos privados de seguridad o de sanidad públicas. Asimismo reconoce el derecho fundamental a participar en forma individual o asociada en la vida oolítica, económica, social y cultural del país y a la identidad étnica y cultural.
Otros artículos constitucionales vulnerados por la denuncia penal son el 88, que obliga al Estado a apoyar preferentemente el desarrollo agrario y garantiza el derecho de propiedad sobre la tierra, en forma privada o comunal o cualquier otra forma asociativa. El artículo 89, además, señala explícitamente que las comunidades campesinas y nativas tienen existencia legal y son personas jurídicas. Son autónomas en su organización, en el trabajo comunal y en el uso y la libre disposición de sus tierras, cuya propiedad es imprescriptible. Indica también que el Estado respeta la identidad cultural de las comunidades campesinas y nativas.
El martes 19 de abril, los 18 líderes indígenas acusados deberán acudir ante la Primera Sala Penal de la Corte Superior de Justicia de esa región para responder por supuestos delitos que los exponen a penas de hasta treinta años de cárcel. Los hechos se remontan al año 2007, cuando las comunidades de la zona se movilizaron hasta el cerro Condorhuain para protestar contra la explotación minera en dicho cerro que es considerado un lugar sagrado por los indígenas y donde están las fuentes de agua indispensables para sus actividades de subsistencia (agricultura) y para su propio consumo. La concesión respectiva ha sido solicitada por la empresa Barrick Misquichilca.
Este es uno de los cientos de casos de criminalización de la protesta que afectan a más de un millar de indígenas andinos y amazónicos en el Perú. El domingo 6 de febrero pasado, en la ciudad de Huaraz, capital de la región Ancash, se realizó el Encuentro “Defensores del Agua y Judicialización de la Protesta”, que reunió a procesados de diversas regiones del país.
El principal acuerdo de este Encuentro fue “organizar a todos los perseguidos y criminalizados del Perú en una agrupación de Defensores del Agua y la Madre Tierra, los recursos naturales y los derechos humanos”.
Acordó también exigir la derogatoria de los decretos legislativos inconstitucionales que criminalizan la protesta y formar alianzas con los criminalizados de otros países del continente.
