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El Gobierno de España aprobó este martes el proyecto de ley de Garantías de la Libertad Sexual, estableciendo que cualquier intercambio donde no se haya expresado consentimiento de forma explícita será considerada una violación, lo que los colectivos feministas definen como el «solo sí es sí».
«Solo se entenderá que hay consentimiento cuando se haya manifestado libremente mediante actos que, en atención a las circunstancias del caso, expresen de manera clara la voluntad de la persona», establece la norma.
Según explicó en rueda de prensa la portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, la ley «pone el foco de consentimiento de la mujer como aspecto fundamental sobre el que se configuran los delitos contra la libertad sexual».
«De esta manera, España da cumplimiento al Convenio de Estambul sobre la máxima del solo sí es sí dejando claro que el silencio o la pasividad no significa consentimiento, o que no mostrar oposición no puede ser excusa para actuar contra la voluntad de la víctima», añadió.
A nivel técnico, la ley fija también que cualquier relación no consentida será considerada como una violación mediante la tipo penal de agresión sexual. Para ello, se elimina del Código Penal la categoría de abusos sexuales.
Así, se evitarán polémicas como la surgida tras la violación grupal a una joven de 18 años en Pamplona en 2016, el conocido como caso de ‘La Manada’, que encierra el germen de la nueva norma.
En un primer término, la Audiencia de Navarra condenó a los cinco agresores a nueve años de prisión por delitos de abusos sexuales, descartando calificar los hechos como una agresión, es decir, una violación, al entender que la víctima no fue sometida con violencia.
Pese a no calificar los hechos como violentos o intimidatorios, el fallo narraba cómo los agresores prepararon «una encerrona» a la víctima, que se sintió «impresionada y sin capacidad de reacción», lo que le llevó a «adoptar una actitud de sometimiento y pasividad» mientras era desnudada y penetrada por vía vaginal, anal y bucal sin preservativo en un portal.
Tras meses de movilizaciones de los movimientos feministas, el Tribunal Supremo revisó el caso y aumentó las penas a 15 años de prisión reconociendo que hubo «fuerza intimidatoria suficiente» para considerar el suceso como una violación.
«A partir de ahora, toda conducta sexual realizada sin consentimiento será considerada agresión sexual. El delito de violación, por tanto, ya no solo se reservará a los casos donde concurra violencia o intimidación», explicó María Jesús Montero.
Más allá del consentimiento, la nueva ley también aborda otros asuntos, calificando como violencia sexual el acoso, el exhibicionismo, el acecho callejero, la provocación sexual, la mutilación genital femenina, el matrimonio forzado, la extorsión sexual o la pornografía no consentida.
Además, la ley establece mecanismos para asegurar la protección a las víctimas de trata o explotación sexual «con independencia de su situación administrativa o nacionalidad».
Del mismo modo, se agravarán las penas por proxenetismo en el Código Penal y se establecerán mecanismos de acompañamiento para las víctimas con centros de crisis abiertos 24 horas o la apertura de casas de infancia para acoger a menores de edad.
«Esta ley supone un avance decidido en la protección integral de las mujeres, en su derecho a la libertad sexual, y en la erradicación de la violencia sexual. Es una ley que nos hace mejores como sociedad», resumió la portavoz del Gobierno.
Con información de Sputnik
