El tema de las invasiones en Arequipa se ha agravado, lo que ha dado pie a la instalación de una Mesa Permanente de Trabajo Interinstitucional para ponerle un alto. La tarea que le espera a la mesa parece ser titánica, dado el poder que han conseguido algunos dirigentes que las promueven y la poca energía que le han puesto las diferentes autoridades para frenarlas.
Un mes antes, durante la primera reunión interinstitucional para analizar la problemática de las invasiones, el presidente regional Juan Manuel Guillén mostró la hilacha al decir que no ordenará desalojo de gente por los costos vitales que esto podría acarrear, opinión que fue duramente criticada por sus contertulios. Pero no es la primera vez que el presidente demuestra poco tino para afrontar este problema, una de las muestras más fehacientes fue la contratación del cuestionado Esteban Valdés Gárate en la Oficina de Ordenamiento Territorial, a quien despidió este año cuando se le acabaron los argumentos para defenderlo. Ahora Valdés Garate está presentando su candidatura al sillón regional.
No estamos culpando a Guillén por el avance de las invasiones, pero es un claro ejemplo de la forma de actuar de muchas autoridades locales que se han hecho de la vista gorda frente a este problema, o simplemente han apoyado la legalización de los terrenos invadidos con habilitaciones urbanas y otorgamientos de títulos de propiedad en plaza pública, y no porque son buena gente, sino por lo que representa en votos estas acciones.
Por otro lado, es cierto que existe un problema de vivienda en Arequipa, pero la toma ilegal de terrenos no es la solución. Además, el mismo crecimiento de la ciudad, ahora hacia arriba con los edificios, ya está causando problemas en el abastecimiento de servicios básicos, principalmente de agua, que van a complicar la viabilidad de proyectos de saneamiento a estos nuevos asentamientos.
En el Ministerio Público de Arequipa existen 425 denuncias por el delito de usurpación de terrenos, pero a pesar de la existencia de una norma desde el año pasado que pena con cárcel a los invasores, no hay ningún detenido y sólo se han abierto cuatro causas. El congresista arequipeño Gustavo Rondón Fudinaga ha presentado un informe detallado y de tres proyectos de ley para frenar las invasiones, uno de ellos suspende a los gobiernos regionales y locales, el procedimiento de reserva y/o adjudicación mediante subasta pública o venta directa de terrenos urbanos y eriazos de propiedad estatal, durante el año electoral regional y municipal. En tanto, el Consejo Regional de Arequipa ha emitido un acuerdo en el que sugiere la conformación de Comités de Defensa de los Bienes Estatales en las municipalidades provinciales y distritales de la Región Arequipa, entre otras cosas.
Como colofón hay que advertir que las invasiones no sólo son un problema en Arequipa, sino en otros departamentos de la Macro Región Sur, como en Tacna, por ejemplo. Esto podría tener su explicación en la poca atención de las autoridades regionales para impulsar el desarrollo económico en todo su territorio y en el aumento del precio de la propiedad. Sea como fuere, sorprende la actitud del presidente regional al optar por no hacer nada, ni para un lado ni para el otro, sabiendo que está de salida, con lo cual el tema se vuelve problema de su sucesor.
Como en tantas otras zonas del país, se espera que las personas resuelvan sus problemas de manera espontánea, como si no existiera autoridad a cargo. No se trata de reprimir con más fuerza, sino de proyectar el ordenamiento del territorio sin favoritismos, sin agendas ocultas y con participación ciudadana de todos los que quieran ser dirigidos por una autoridad con una visión integral del territorio. Debemos aprender del error de otras ciudades, como Lima, donde parece que el derecho de las personas de vivir en orden es privativo de ciertos espacios aislados. El problema de las invasiones merece una mirada integral de ciudad, no es problema solo del Cono Norte.
desco Opina – Regional / 2 de mayo de 2014
