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Las poblaciones de San Pedro y San José de Saramuro, en Loreto, están en riesgo inminente de quedar desabastecidas junto a otras 63 comunidades.
La Defensoría del Pueblo alertó que las comunidades de San Pedro y San José de Saramuro, en Loreto, están en riesgo inminente de quedar desabastecidas de agua potable, por negligencia del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS). Las plantas de tratamiento de agua de carácter provisional no cuentan con operación y mantenimiento desde el 18 de noviembre.
En la referida fecha venció el contrato firmado entre la empresa INCLAM S.A. Sucursales del Perú y el MVCS para administrar dichos sistemas. “Esta situación perjudicará a los miembros de 65 comunidades indígenas, la mayoría de ellos de escasos recursos económicos”, recalcó Alicia Abanto, Adjunta para los Servicios Públicos de la Defensoría del Pueblo.
Durante la supervisión, la Defensoría del Pueblo también pudo advertir que las plantas corren el riesgo de quedar inoperativas, pues la población no cuenta con los insumos ni recursos necesarios para continuar con el tratamiento del agua, lo cual las obligaría a volver a consumir agua no tratada directamente de los ríos, generando graves peligros para su salud.
Sumado a ello, en la comunidad de San Pedro, la planta potabilizadora se encuentra ubicada en un lugar muy cercano al cauce del río (aproximadamente a 16 metros), lo que en períodos de lluvia podría ocasionar la afectación de esta infraestructura. Por tanto, la comunidad ha solicitado a la autoridad su reubicación, donando incluso un terreno para que esto se pueda concretizar, sin obtener una respuesta favorable.
Los problemas descritos constituyen un incumplimiento de los acuerdos suscritos, en el año 2015, por el Estado y las organizaciones indígenas de las cuencas de los ríos Pastaza, Tigre, Corrientes y Marañón, ubicadas dentro del ámbito de las actividades de explotación de los lotes petroleros 192 (ex 1AB) y 8. Dichos acuerdos comprometen al MVCS a realizar la instalación, operación y mantenimiento de plantas de tratamiento de agua de carácter provisional hasta que se instalen sistemas de agua definitivos.
Preocupa a la Defensoría del Pueblo que, a pesar que han trascurrido cuatro años desde la adopción de los acuerdos mencionados, ninguna de las dos comunidades cuenta con sistemas de agua potable permanentes. En tal sentido, los representantes indígenas demandaron una solución urgente al Estado.
La institución está insistiendo al MVCS que asuma su compromiso en el financiamiento y monitoreo de la operación y mantenimiento de las plantas de tratamiento de agua de carácter provisional en las 65 comunidades, hasta la culminación de los sistemas de agua permanentes.
La Defensoría del Pueblo está solicitando a dicha entidad que cumpla con contratar promotores y supervisores sanitarios que propicien una participación directa y activa de las comunidades en el uso y cuidado de dichas plantas, teniendo en cuenta el derecho humano al agua y a la salud de los pueblos indígenas.
