Por: Wilfredo Pérez Ruiz (*)
La Reserva Nacional de Paracas -uno de los más diversos, singulares y atractivos escenarios de la costa continental- vuelve a ser noticia a partir de un suceso que vulnera su integridad: un ambicioso proyecto inmobiliario que abarca, según imputación periodística, la construcción en Santo Domingo de 33 inmuebles dentro de sus límites.
Paracas es considerado un “aeropuerto” de cientos de variedades ornitológicas venidas desde Alaska con destino a la Patagonia. Además de sus paisajes, formaciones rocosas, aves guaneras, islas aledañas, especies marinas, flora y fauna locales. Una síntesis de su esplendor es descrito por el afamado biólogo norteamericano Jim Fowler: “…Es la única península de la costa peruana y, posiblemente, del Pacífico que baña la corriente de Humboldt dando lugar a una riquísima vida silvestre, lobos marinos, flamencos y cóndores. Es uno de los lugares que hay en el mundo con un desierto salado junto al mar que presenta una extraordinaria población que lo convierte en un desierto viviente”.
Este reciente episodio se suma a una larga lista de álgidos acontecimientos suscitados en esta admirable joya ecológica, desde hace varias décadas, que han estado relacionados con la permanente confrontación entre la conservación de sitios naturales y los desmedidos afanes de favorecer a élites. Hagamos un poco de historia.
La presencia del puerto San Martín (Punta Pejerrey), hasta donde llegan camiones cargados de ácido sulfúrico que atraviesan la reserva, impidió concretar la propuesta del prestigioso biólogo británico Ian Grimwood para declarar santuario nacional la península. Actividad que amerita un permanente riesgo para su frágil ecosistema.
Por su parte, el “Fenómeno del Niño” (1983) produjo una sobreabundancia de la concha de abanico y, consecuentemente, el gobierno -a través del Ministerio de Pesquería- benefició a grupos empresariales con la explotación ilimitada de esta riqueza hidrobiológica para los mercados mundiales. Con el amparo oficial y el silencio cómplice de muchos “ambientalistas”, encubiertos en entidades privadas, empezó uno de las coyunturas más censurables en la historia de este refugio natural.
A los desórdenes de esta actividad -que se extendió a lo largo de varios años- se sumó el levantamiento de dos muelles, financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo (1985), en Lagunilla y Laguna Grande para favorecer a los extractores ilegales de concha de abanico. Estas actos contaron con el aval del ministro Ismael Benavides Ferreyros, a quien su tío, el recordado conservacionista Felipe Benavides Barreda, denunció denominándolo: “Abimael Benavides: terrorista de la naturaleza”.
Este acaecimiento sólo tiene parangón con la “fiebre del oro” en California (1849). Entre 1983 y 1987, según el disuelto Instituto de Comercio Exterior (ICE), se generaron 74 millones de dólares por el comercio de este recurso, pero también se establecieron asentamientos humanos e instalaron 5,000 pescadores, 700 embarcaciones y 800 buzos, ocasionando incalculables trastornos. No faltaron senadores, diputados, alcaldes y amigos de los partidos gobernantes que estuvieron involucrados en estas sórdidas acciones, como Alberto Galeno Tapia (AP) y Agustín Mantilla Campos (PAP), este último específicamente señalado en el informe de la Comisión Investigadora sobre la Extracción de la Concha de Abanico en la Bahía de Paracas de la Cámara de Diputados (1987).
La responsabilidad de estos incidentes alcanza también a sus representantes municipales. El alcalde del distrito de Paracas, Luis Baca Ávalos (PAP), autorizó en 1988 la instalación en la bahía de un centro de engorde artificial de concha de abanico de la Sociedad Tidecrest S.A. Esta propiedad se ubicó en el área de contención de la reserva.
Pero, eso no es todo. El pretendido aprovechamiento de bentonita (1982) –promovida por el ministro de Industria, Turismo e Integración, Roberto Persivale Serrano (PPC)- la emisión de desechos domésticos e industriales en la bahía de Paracas y el turismo descontrolado, son algunos de los males que han perjudicado éste entorno de inigualable significado ornitológico y paisajístico.
Durante la gestión de Alejandro Toledo Manrique se aprobó la construcción de la planta de fraccionamiento del gas de Camisea de la empresa Pluspetrol Perú Corporación S.A. (2004) en una superficie próxima a la Zona de Amortiguamiento de la reserva. El Tribunal de Garantías Constitucionales resolvió que esa edificación “no constituye amenaza cierta al medio ambiente”. Asimismo, en el mandato de Alan García Pérez se pretendió asentar un complejo petro químico en las cercanías de este bello paraje (2009).
Al mismo tiempo, varios pusilánimes ex burócratas estatales –comprometidos con estos sucesos cuando ejercían funciones en el sector público y que tienen como habitual comportamiento el miedo, la apatía y, por cierto, exhiben efímeras lealtades- integran controvertidas organizaciones “verdes” que han evitado asumir una esclarecedora posición sobre estos graves problemas.
Actualmente, vemos en los medios de comunicación a “analistas” que, hasta hace algunos años, presidieron cuestionadas entidades ambientales y que jamás criticaron a los autores de los daños causados en Paracas. No obstante, elaboran “estudios y consultorías” para obtener cuantioso financiamiento externo. Gente inescrupulosa que ha transformado la conservación de la naturaleza en un mecanismo de “sostenibilidad” monetaria.
Los hechos revelados en días pasados pone en evidencia la contradictoria actuación de una autoridad edil que interpreta las leyes a su antojo o motivado por determinado interés. A todas luces se pretende amparar una decisión improcedente desde una perspectiva legal y ambiental.
Por otro lado, los encargados de la administración de la reserva, ante los eventos perpetrados, deben concertar con los actores sociales de la jurisdicción -y dentro de los lineamientos de su Plan Maestro- con la finalidad de trabajar por su uso sostenible y, de esta manera, contribuir al progreso económico y social de la región. Impulsar el turismo ecológico y cultural, usufructuando los restos pre incas de la Cultura Paracas, es una opción interesante.
Es importante que el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp), tenga mayor respaldo a fin de facilitarle cumplir sus atribuciones. Sugiero consolidar el marco institucional y normativo que cautela los espacios naturales. Es un tema que demanda voluntad política.
En tal sentido, coincido con lo manifestado por Patricia Majluf y Ernesto Ráez, prestigiosos investigadores del Centro para la Sostenibilidad Ambiental de la Universidad Cayetano Heredia: “…Los recursos naturales renovables y los servicios de los ecosistemas son componentes imprescindibles para el crecimiento económico, el desarrollo y el bienestar de la población”.
(*) Docente, conservacionista, consultor en temas ambientales, miembro del Instituto Vida y ex presidente del Patronato del Parque de Las Leyendas – Felipe Benavides Barreda. http://wperezruiz.blogspot.com/
