Congresista Reynaga demanda que ayuda llegue a los más pobres.
Autoridades y funcionarios involucrados en actos de corrupción vinculados a los programas sociales de lucha contra la pobreza serán suspendidos o destituidos de sus puestos, planteó a través de una propuesta de ley el presidente de la Comisión de Inclusión Social y personas con discapacidad, Jhon Reynaga Soto (NGP).
El parlamentario precisó que la iniciativa legislativa que presentará en breve, propondrá suspender por un año de labores y sin goce de haber, a estos malos funcionarios y, en caso de reincidencia, la sanción será la destitución definitiva.
Remarcó que debe reevaluarse el padrón de beneficiarios de los programas sociales a fin de evitar que personas inescrupulosas y que no lo merecen, reciban la ayuda del Estado tal como denunciaron hace poco diferentes medios de información.
Propuso que cada municipio publique -por espacio de un año- el padrón de beneficiarios a fin de que todos los ciudadanos tengan acceso a esta información y puedan advertir alguna irregularidad. En este sentido, convocó a la ciudadanía a participar, de manera activa, en los mecanismos de fiscalización y control de los programas sociales.
Según el parlamentario Reynaga, en esta tarea fiscalizadora deben involucrarse representantes de los frentes de defensa regionales, mesas de lucha contra la pobreza, juntas vecinales y organizaciones populares y comunales.
En la misma línea de ideas subrayó que las autoridades regionales y municipales, así como los funcionarios del Poder Ejecutivo deben contribuir a fortalecer y mejorar el esfuerzo gubernamental que busca favorecer a los sectores más vulnerables a través de programas como Pensión 65, Juntos, Qali Warma, Mi Chacra Emprendedora y el Fondo de Inclusión Social Energético (FISE).
“Es inadmisible que malos funcionarios pretendan beneficiarse con recursos del Estado que son destinados a los sectores más pobres del país”, anotó el legislador Reynaga.
